Caducidad del 08

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El Dr. Eduardo Mascheroni, docente en cursos de capacitación de Mandatarios y colaborador permanente de nuestro medio, nos ofrece hoy su habitual artículo mensual en Panorama Registral. En este caso, una nueva aproximación relativa a la Caducidad de Formulario 08 en los casos de fallecimiento del titular.

Si el titular registral fallece antes de que acepte el adquierente, la transferencia o la compraventa, ¿Es la Solicitud Tipo 08 un contrato entre ausentes? ¿O al manifestar derechos (artículo 13° el Régimen Jurídico del Automotor)  mantiene su vigencia postmortem o, conforme artículo N° 976 del Código Civil y Comercial, caduca dicha oferta de venta instrumentada en la Solicitud Tipo 08?

Revisando conceptos vertidos en artículos precedentes a la implementación del Código Civil y Comercial en el año 2015, publicados en Panorama: «¿Caduca la Solicitud Tipo 08? Fallo Finkelstein: Su aplicación», «La Caducidad de la Solicitud Tipo 08 en el Nuevo Código Civil y Comercial»  en una “vuelta de tuerca”, tomamos en consideración los artículos N° 1890, 1893 , 1899 y 1902 del Código, en cuanto en materia de automotores y su registración rige la legislación especial, el RJA (Ley N° 14.497 t.o .) y no el Código, más atendiendo a lo expresado por el Dr. Javier Cornejo, en ocasión de la convención anual 2018 de AAERPA, sobre esta cuestión.

Desde el dictado del fallo judicial denominado Finkelstein (año 2009) – donde un tribunal, entiende que la Solicitud Tipo 08 firmada por el vendedor, que luego fallece antes que el comprador acepte la oferta de venta formulada en la misma, supone tener por caduca dicha Solicitud Tipo 08 donde se instrumenta, ignorando al artículo 13 del RJA que le da valor intemporal, o así se interpretaba, a la misma, en cuanto manifiesta derechos y ello parece estar ratificado en el DNTR, Título I, Capítulo I, Sección 1, Artículo 9- ,  distintos dictámenes emanados de la DNRPA,  reflejan dicho criterio judicial, en tal sentido, remitimos a las notas aludidas supra.

En oportunidad de su ponencia , el Dr. Javier Cornejo destaca, que de esos dictámenes, parecería  que se vincula a la Solicitud Tipo 08 con un contrato, y que cuando éste es entre ausentes, se le aplica la caducidad de la oferta, en el  supuesto de fallecimiento o incapacidad del proponente, antes que la misma haya sido  aceptada.

Esta interpretación, es conteste con el fallo judicial del caso  “Finkelstein Edith A. s/ recurso de apelación” (Expte  Nº 11.688) – Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata – 29/12/2009-y  “López Rita del Valle c/ DNRPA-Recurso judicial” (Expte Nº 109/2013) – Sala A – Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial de  Córdoba- 17/09/2013.

Atento a ello, encontramos dos posiciones, una que sujeta al RJA,  el cuál seria aplicable conforme a los citados arts. 1890 , 1895 y concordantes del CC y C, que establecen que en materia de derechos reales sobre bienes muebles registrables como el automotor, rige el régimen especial aplicable, por ende el RJA. Y otra donde prevalece la caducidad de la Solicitud Tipo 08 por el artículo N° 976 del Código Civil y Comercial, tomado del 1149 del código de Vélez.

Con la primera postura, están vigentes el art ículo13 del RJA y la norma vinculada del Digesto prealudida, que indican entonces, que la Solicitud Tipo 08 por manifestar derechos, no caduca, y por ende, al inscribir una transferencia donde el titular ha fallecido y el comprador acepta luego del deceso de aquel, la oferta, dicha Solicitud Tipo 08 es válida para inscribir la transferencia, y no puede ser observada, al calificarla el registrador ni exigirse la sucesión del titular, para hacer valer lo expresado como voluntad de venta en la Solicitud Tipo 08.

Más si consideramos que el negocio se produjo, la posesión (conforme la Disposición D.N. N° 317/18) está en manos del adquirente , sea el que recibió la oferta inicial o no, porque la Solicitud Tipo 08 es abstracta respecto al negocio causal de la misma, ya que configura solo el instrumento de rogación de la transferencia y no el contrato de compraventa propiamente dicho y el vehículo no está en el patrimonio del titular fallecido y por ende de sus sucesores.

La otra postura, basada en el artículo N° 976 ( «Muerte o incapacidad de las partes: La oferta caduca cuando el proponente o el destinatario de ella fallecen o se incapacitan, antes de la recepción de su aceptación») del Código Civil y Comercial, fulmina a la oferta de venta expresada en la Solicitud Tipo 08 por el vendedor, si éste ha fallecido al momento en que el comprador acepta, y luego presenta el pedido de inscripción de la transferencia (incluso, si quien fallece es el comprador, o las partes se incapacitan antes de tener por cerrado el contrato de compraventa), pero repetimos ello sería contradictorio con la aplicación del RJA,  al que el propio CC y C, reenvía en el artículo 1893. «Si el modo consiste en una inscripción constitutiva, la registración es presupuesto necesario y suficiente para la oponibilidad del derecho real” ó  1890: «Los derechos reales recaen sobre cosas registrables cuando la ley requiere la inscripción de los títulos en el respectivo registro a los efectos que correspondan”  y  1892: «La inscripción registral es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales sobre cosas registrables en los casos legalmente previstos…”

Por ende, a la luz de la ponencia que comentamos, nos preguntamos sino resulta necesario, por el órgano de aplicación, revisar dicho criterio interpretativo basado en el precedente Finkelstein, al manifestar que la misma, intenta establecer si los fundamentos  expresados en las resoluciones judiciales y administrativas mencionadas,  son efectivamente aplicables  al particular RJA, y a los principios  que lo sostienen, o si por el contrario, formulando una propuesta  que permita arribar a una conclusión diferente, se brinde mayor seguridad jurídica a quienes adquieran derechos sobre automotores, especificándola.

Cornejo,  alude al  consentimiento, como  uno de los elementos esenciales de un contrato, el cual debe manifestarse por ofertas o propuestas de una de las partes, y aceptarse por la otra. Sin embargo esta escisión del consentimiento está vinculada con el proceso de formación del contrato, ya que cuando este concluye, asume por lo general la forma de una manifestación de voluntad común en la cual no es posible distinguir la oferta de la  aceptación («Ambito Registral» N° 103), y dice que oferta y aceptación, conforman el consentimiento, y merecen un especial análisis cuando se trata de un contrato entre ausentes.

En dicho marco, el artículo 976 citado, sostiene que no se conforma el consentimiento si la oferta de venta no es aceptada en vida del vendedor, pero Cornejo expone que haciendo un paralelo con el derecho comparado, en Alemania subsiste la oferta a pesar que el oferente fallezca o caiga en incapacidad. Este principio se basa en consideraciones fundadas en la seguridad del tráfico y la seriedad de los negocios.

Así , tomando el artículo N° 976  y el concordante  artículo N° 979 , sobre modos de aceptación, toda declaración o acto del destinatario que revela conformidad con la oferta constituye aceptación y el silencio importa aceptación sólo cuando existe el deber de expedirse, por ende en este caso, la no aceptación expresa se puede tomar como válida.

En tal sentido, el registrador, no debe calificar si un contrato está perfeccionado a la luz de la formación del consentimiento, porque para ello, tendrá que analizar, entre otras cuestiones, que el oferente no haya fallecido o perdido su capacidad para contratar, con anterioridad a que se haya efectuado -y él recibido- dicha aceptación, lo que excede de su facultad de calificación.

Si la Solicitud Tipo 08 es un contrato, con la formación del consentimiento como un elemento del contrato, ¿debe ser objeto de calificación registral al momento de determinar la toma de razón de un trámite de transferencia de dominio de un automotor ¿? O es sólo el medio de peticionar la inscripción?

La inscripción registral es constitutiva del derecho en materia de automotores (artículos 1°, 6°, 14°, 15° del RJA) , y no declarativa como acontece en inmuebles, esto no lleva  a inferir si la st 08 es un contrato o no, y en el RJA,  la propiedad del automotor sólo se adquiere cuando se inscribe en el  Registro lo peticionado en la ST  08 con las que se instrumenta el “acuerdo para la transmisión del dominio”, diferenciado del contrato con el que se formalizó el negocio jurídico causal.

Como la registración de automotores no es causal, sino importa un acuerdo transmisivo abstracto, no se califica la  documentación causal sino la rogación efectuada,  en este caso el 08, por ello  el registrador no debiera indagar si al momento de cerrarse ese negocio causal, el titular o las partes, habían fallecido o se encontraban incapacitadas,  como surge del art. 976 CC y C, más cuando se aplica el RJA por los arts. 1890 y citados del mismo Código, que dan lugar a la aplicación del art. 13 y su regulación en el DNTR ya enunciada, sino simplemente limitarse a apreciar que hay una manifestación de derechos que da validez jurídica a la solicitud de rogación y  permite la toma de razón sin observación alguna.

Esto resulta relevante , de prevalecer el RJA por sobre el art. 976 del C y C, se otorga seguridad jurídica a los adquirentes, dado que carece el Encargado de Registro de facultad para determinar si la oferta fue aceptada en vida del oferente, toda vez que el  contrato de transferencia en sí mismo como documento no es objeto de calificación, ya  que sólo se le presenta para su análisis la rogación no causal instrumentada en una Solicitud Tipo.

Lo opuesto, soslaya al RJA, afecta la función misma y razón de ser de un sistema registral: no otorgaría seguridad jurídica a los compradores de automotores, siendo esta garantía una de las principales funciones del Estado hacia quienes adquieren derechos sobre dichos bienes, cumpliendo de esta forma  con la consagración del derecho de propiedad, de raigambre constitucional. (art. 1, 2, 6, 18 del RJA).

A consecuencia de ello, aunque el adquirente, haya solicitado un certificado de dominio previo al boleto, la verificación física del vehículo, y todos los demás recaudos jurídicos y fiscales inherentes a la transferencia, y certificado su firma ante escribano público, si cuando comparece a inscribir en el Registro Seccional, el titular ha fallecido en el interregno de tiempo de la conclusión de la documentación y la presentación, y el registrador accede a la base de datos de RENAPER  y advierte el fallecimiento del titular vendedor el día anterior, con la tesitura actual, pese a la diligencia empleada por el comprador, le observará el trámite y no tomará razón del mismo. O si se anoticia por medios de difusión, dado que como dice el Dr. Cornejo es el vendedor una persona de conocimiento público, también le rechazaría la inscripción, lo que no se condice con el principio de seguridad jurídica y de legalidad que animan al RJA, más si el propio CC y C (artículo N° 1890 y subsiguientes) entienden que es aplicable.

En suma, compartimos lo sostenido por Cornejo, cuya ponencia nos llevó a retomar este tema abordado tiempo atrás,y  entendemos que la Solicitud Tipo 08 no es el contrato de transferencia, sino sólo un instrumento rogatorio para ser presentado ante el registro de la propiedad automotor,  que  realiza una inscripción constitutiva no causal.

Es un control ajeno al Encargado de Registro, quien no debe evaluar los elementos contractuales, sino sólo la validez rogatoria,  más cuando al remitir el Código Civil y Comercial al RJA en materia de inscripción de bienes muebles registrables, torna operativo al artículo 13 del RJA y el DNTR en la norma ya citada, los que a nuestro juicio, dan lugar a la no observación del trámite por la causal del artículo N° 976 del Código Civil y Comercial o, al menos, requiere de la intervención interpretativa del órgano de aplicación, aunque allí consideramos también que no cabe otra conclusión que la preeminencia del RJA .

Dr. Eduardo Mascheroni

Firma Digital: Su aplicación en trámites administrativos

El Dr. Eduardo Mascheroni es docente en cursos de capacitación de Mandatarios del Automotor en todo el país. Hoy en nuestra Web, un análisis de la Firma Digital, de implementación paulatina en los Registros Seccionales del país.

Por el  Decreto 182/2019 se derogan los decretos reglamentarios vigentes hasta entonces de la Ley N° 25.506 de Firma Digital, ello encuadrado en el Plan de Modernización del  Estado, con el objetivo de la administración pública nacional de “despapelizarse”.

Acotaremos que  la expresión escrita puede hacerse constar en cualquier soporte (incluyendo los documentos digitales) y que  el soporte digital ha desplazado en buena medida al soporte papel, pero la  firma digital no está difundida en la práctica.

Por ello, el decreto dictado parece tener el objetivo de adaptar las normas a los avances tecnológicos y crear un clima de confianza en el entorno digital para incrementar la economía digital, la prestación de servicios en línea públicos y privados y el comercio electrónico, dado que pese a que la ley de firma digital data del año 2001, son realmente pocos los privados que tienen y usan un certificado digital, quizás por su falta de practicidad como dijimos, o porque para poder avanzar en el plano digital y migrar la firma de documentos y contratos del método presencial tradicional al digital se requiere, una plataforma de firma digital confiable.

Todo enmarcado,  como  señalamos en notas anteriores , en el Código Civil  y Comercial, artículo 288 que señala “en los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento”, en consonancia con la ley de Firma Digital , al expresar que cuando un documento es firmado digitalmente se presume la autoría, la integridad del documento y que el documento proviene de la persona titular del certificado electrónico de firma.

Y no debe confundirse la  firma digital con la firma electrónica,  para poder firmar digitalmente hay que obtener un certificado de un certificador licenciado por el Estado, que verifica la identidad de una persona (es necesario presentarse físicamente ante el certificador y demostrar la identidad a través de datos biométricos) y emite un certificado digital que habilita a su titular a firmar digitalmente mientras el certificado se encuentre vigente. Una vez que la firma digital se plasma en un documento de soporte digital, la integridad del documento no puede ser alterada sin que la alteración posterior a la firma sea advertida.

La firma electrónica en cambio se caracteriza por carecer de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital. Este defecto altera la carga de la prueba de su veracidad: corresponde a quien la invoca acreditar su validez.

Así tenemos que el Decreto Nº 182/19, en su anexo,  destaca:

1.- El artículo 2° establece que “La firma digital de un documento electrónico satisface el requisito de certificación de firma para la firma ológrafa”. Estas dos cualidades sumadas a las presunciones de autoría, integridad y procedencia refuerzan la teoría de quienes argumentan la firma digital tiene mayor valor que la firma ológrafa, ya que un documento digital firmado digitalmente tiene la fuerza probatoria de un documento público y ahora además puede tener la validez de un documento entre privados con firma certificada.

En  el artículo 3°,  se estipula que cuando una norma requiera la formalidad de escritura pública para otorgar poderes generales o particulares, para todo tipo de gestiones ante la Administración Pública Nacional, como por ejemplo diligenciar actuaciones, interponer recursos administrativos, realizar trámites, formular peticiones o solicitar inscripciones, dicho requisito se considerará satisfecho mediante el apoderamiento realizado por el interesado en la plataforma de Trámites a Distancia ( “TAD”) del sistema de Gestión Documental Electrónica, salvo que exista una disposición en contrario.

2.- El artículo 4° reconoce tres tipos de firmas digitales para los documentos electrónicos que se incorporen a través de la plataforma TAD, las cuales son: a) Firma digital remota, consistente en un sistema de validación e identificación a través de un dispositivo remoto como podría ser un teléfono inteligente ; b) Firma digital con dispositivo criptográfico externo cuya diferencia se encuentra en el hecho de requerir un Token  para validar e identificar al firmante; c) Firma digital con certificado del sistema, donde el modo de validar e identificar al firmante digital, se realiza a través de un software.

Por ejemplo, en la Sociedad Anónimas Simplificada, sus administradores, podrán firmar las actas y otra documentación relevante a través de la plataforma TAD con la firma digital remota.

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3.- Para habilitar la firma digital, se debe solicitar un turno a través de este sitio web, donde se debe seleccionar una fecha para concurrir a una cita, en alguna de las dos sedes donde  se está gestionando el certificado digital, Av. Roque Saenz Peña 637, C.A.B.A. y Perú 143, piso 6, C.AB.A. A dicha cita se deberá concurrir con el DNI y un teléfono inteligente con una aplicación para generar el OTP (One Time Password) y se llevará a cabo la corroboración de los datos biométricos del solicitante. En caso de que no haya inconvenientes en la validación de la identidad, se expedirá el certificado digital que habilitará al solicitante a firmar digitalmente documentos electrónicos.

Esto amén del trámite que se está implementando desde abril pasado en algunos Registros Seccionales de la Propiedad Automotor (Disposición D.N. Nº 15/19) para inscribir a las personas físicas que deseen registrar su firma digital.

4.- La firma digital suplirá el requisito de certificación de firma para las firmas ológrafas y los documentos, registros o datos electrónicos, deberán ser almacenados por los intervinientes o por prestadores de servicios de confianza, durante los plazos establecidos en las normas específicas. Aquí, se  incorpora  la figura de los prestadores de servicios de confianza.

5) En cuanto a los componentes de la infraestructura de la firma digital,  encontramos:  a) la autoridad certificante raíz de la República Argentina; b) el Ente Licenciante; c) los certificadores licenciados; d) las autoridades de sello de tiempo; e) los suscriptores de los certificados; f) los terceros usuarios; g) los certificadores reconocidos por la Autoridad de Aplicación; h) el Organismo Auditante; i) los prestadores de servicios de confianza.

6) En el artículo 8, el deber de confidencialidad rige para todas las personas que compongan la infraestructura de firma digital, previamente esta exigencia sólo le cabía a las entidades auditantes.

7) La mayor jerarquía de la Infraestructura de Firma Digital es la Autoridad Certificante Raíz,  bajo la órbita de la Secretaría de Modernización Administrativa de la  Nación, su tarea es emitir los certificados digitales a los certificadores licenciados, una vez aprobado su licenciamiento.

8) Estos certificadores licenciados tendrán la responsabilidad de emitir los certificados digitales, que serán aquellos que permitirán a los usuarios insertar la firma digital al validar la identidad del firmante. A este respecto, se aclara que dichos certificados digitales son de carácter personal del tercero usuario e interoperables en los distintos sistemas.

9)  El Sistema de Auditoría corresponde a la Sindicatura General de la Nación y  tiene la facultad de realizar auditorías de inicio, renovación, periódicas anuales y extraordinarias. Las primeras dos serán requisitos para el otorgamiento de la licencia de certificadores, mientras que las dos últimas se realizarán a solicitud del Ente Licenciante  quien, a su vez determinará la periodicidad de las auditorías.

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10)  La nueva normativa deroga  la posibilidad de ser auditores a universidades y organismos científicos,  colegios y consejos profesionales, se alega para evitar la cuestión del conflicto de intereses.

11) Relacionado con lo dicho en el párrafo precedente, el articulo 14 introduce como requisito para la renovación de las licencias de certificador (que continúan teniendo un plazo de duración de cinco años) la exigencia de una auditoría previa que acredite el cumplimiento de la normativa vigente y de las condiciones técnicas y de procedimientos comprometidas al momento del licenciamiento.

12)  En el Ente Licenciante, la Secretaría de Gobierno tendrá un rol sancionatorio y la Secretaría de Modernización, se encontrará abocada a determinar los estándares tecnológicos y de seguridad aplicables, ya que la primera, se encargará, de revocar licencias por incumplimiento, disponer instrucción sumaria, aplicar sanciones e inhabilitar de forma temporal o permanente a todo certificador licenciado que no respete los requerimientos legales.

13) El artículo 16 faculta al Ente Licenciante a establecer los procedimientos y demás condiciones para el reconocimiento de certificados emitidos por certificadores de otros países, lo que abre la puerta hacia la internacionalidad de la firma digital.

14) El artículo 18 , señala que cualquier responsabilidad que pueda emanar de un certificador licenciado, público o privado, no comprometerá al Estado. Esta limitación de responsabilidad lo es en cuanto Ente Licenciante, entendiéndose contrario sensu que sí le podrá caber responsabilidad pecuniaria por certificador licenciado público.

15)  Asimismo, y relacionado con esta calidad de licenciante del Ente, se establece en el artículo 21 que los certificadores licenciados debe estar domiciliados en el país y  verificar los datos de identidad de quienes soliciten la firma  digital de  manera presencial, mediante  datos biométricos.

16 ) Sobre las Autoridades de Registro, su función consiste en validar los datos de identidad y otros datos de los suscriptores de certificados y de registro de las presentaciones y trámites, siempre y cuando dicha tarea les sea delegada por un certificador licenciado y con relación a dicha función, la nueva reglamentación no deja duda al exigir la presencia física del solicitante ante la Autoridad de Registro (o Certificador Licenciado, en caso de no haber delegado dicha tarea) para la emisión del certificado digital.

También, se delinea un mínimo de roles que deben ser suplidos por personal idóneo dentro de cada Autoridad de Registro, a saber  Responsable de la Autoridad de Registro quien será el encargado de ser el nexo formal de comunicación entre el Responsable de la Autoridad Certificante y la Autoridad de Registro;  y  Oficial de Registro cuya responsabilidad consistirá en ejecutar la operatoria principal de la Autoridad de Registro; así como el  Responsable de Soporte Técnico que tendrá la responsabilidad de brindar soporte técnico y capacitación.

Y se les impone a las Autoridades de Registro un deber de cooperación entre aquellas que se encuentren vinculadas a un mismo Certificador Licenciado.

El artículo 31 admite la operatoria de las Autoridades de Registro tanto en modalidad fija, como móvil, debiendo constituir un domicilio y tantas sedes como sean necesarias.

17) Los Servicios de Confianza, nueva figura dentro de la Infraestructura de Firma Digital, son aquellos terceros, ya sean personas humanas, jurídicas, consorcios, entes públicos, entes públicos no estatales, que tengan a su cargo una tarea que se denomina “Servicios de Confianza”. Los mismos podrán consistir en servicio electrónico de conservación de archivos digitales, custodia de declaraciones de voluntad realizadas en formato electrónico, notificación fehaciente de documentos electrónicos, entre otros.

18) Podemos colegir entonces, y en cuanto a la aplicación práctica de la firma digital, que estamos en presencia, luego del dictado de la ley de firma digital en el año 2001, su reforma del 2017, y los sucesivos  reglamentos, desde el 2016, de normas concretas para instrumentarla y  utilizarla en forma real y efectiva en trámites administrativos, con su posible aplicación a futuro mediato en trámites contractuales (como acontece con la prenda digital, ya comentada por nuestra parte en Panorama) pero no suponen, por ahora , la inserción en trámites registrales del automotor, por los usuarios, aunque los seccionales en su relación con la Dirección Nacional, podrán hacer uso, en documentos administrativos, de la misma.

19) Sería conveniente, sí, rescatar el glosario de términos usuales en estas gestiones digitales para acostumbrar al ciudadano, a comprenderlos y visibilizarlos (se los aprecia en la reglamentación que es suplida por la actual, es decir el Anexo I del Decreto N° 2628/2002).

20) El objetivo es el desarrollo de la plataforma TAD y de la desburocratización del Estado, ya existen un gran número de trámites administrativos que se pueden gestionar a través de la  mencionada plataforma que son enteramente digitales, con reducción en los costos y tiempos de los trámites que deben llevar a cabo los ciudadanos y los profesionales, ante la Administración Pública Nacional, sin olvidar en términos medioambientales, ahorrarse un dispendio  de papel y de espacio para el archivo de los mismos.

Es de mención que varias jurisdicciones provinciales han adherido a la firma digital, como  las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Córdoba o Santa Cruz.

Por último, no podemos dejar de mencionar que en la actualidad los certificadores son pocos.

Dr. Eduardo Mascheroni

Eduardo Mascheroni, docente en Cursos de Capacitación de Mandatarios en todo el país

51° ~ 20.06.19: Caducidad del 08

50° ~ 27.05.19: Firma Digital: Su aplicación en trámites administrativos

49° ~ 22.04.19: Baja con Recupero de Piezas

48°~ 19.03.19: Cesión de Factura en la Inscripción Inicial

47° ~ 18.02.19: Efectos de la Posesión en el Régimen Jurídico del Automotor

46° ~ 10.12.18: Prenda Digital

45° ~ 29.10.18: La Unidad de Información Financiera y la Ley Nº 27.446

44º ~ 26.09.18: Regularización de Titularidad

43° ~ 13.08.18: Firma Digital

42° ~ 25.06.18: Sobre la Transferencia y otras cuestiones, una mirada de actualización

41° ~ 28.05.18: Prenda con registro: Cuestiones interpretativas

40° ~ 26.04.18: Los Autos «Artesanales»

39° ~ 21.03.18: Transferencia y Asignación del Código RPA o RPM

38° ~ 19.02.18: Firma Digital: ¿Su aplicación en los trámites registrales del automotor?

37° ~ 11.12.17: Modalidad de presentación de trámites por Disposición D.N. Nº 342/17

36° ~ 13.11.17: El Libro de Quejas Digital

35° ~ 17.10.17: Comunicación por mail los usuarios desde el Registro Seccional

34° ~ 11.09.17: Usucapión de Automotores: 3a Parte

33° ~ 07.08.17: Las Multas por Infracciones de Tránsito

32° ~ 13.06.17: El extravío de documentación registral y de un ejemplar de la Solicitud Tipo 08

31° ~ 26.05.17: La nueva modalidad de las Observaciones

30° ~ 17.04.17: Nuevo Código Civil y Comercial: Asentimiento ante la inhibición del cónyuge no titular

29° ~ 27.03.17: Los Motos no inscriptas y el Decreto N° 171/17

28° ~ 23.02.17: La primera de 2017 – Disposición D.N. N° 1/17: Aspectos de Interés

27° ~ 09.02.17:  La Inscripción Inmediata

26° ~ 19.12.16: La identificación de las personas ante los Registros

25° ~ 29.11.16: La Inscripción Inmediata

24° ~ 31.10.16:  Informe de Dominio Electrónico

23° ~ 17.10.16: ¿Es legal exigir el pago del Seguro para circular el auto?

22° ~ 20.09.16: Usucapión de Automotores (Parte II)

21° ~ 11.08.16: Comprobación de órdenes judiciales y administrativas y de fojas notariales

20° ~ 21.06.16: Cancelación de Inscripción de Prenda por Art. 25, Inciso c), 

19° ~ 05.05.16: La Guarda Habitual y el Domicilio Fiscal del Titular 

18° ~ 14.04.16: La Disposición D.N. N° 137/16

17° ~ 21.03.16: La Anotación de Inhibiciones

16° ~ 29.02.16: ¿Cómo inscribir un motovehículo nunca registrado?

15° ~ 29.12.15: El Permiso Notarial de Circulación

14° ~ 04.12.15: Asignación de Códigos RPA y RPM

13° ~ 18.11.15: ¿Usucapión de Automotores en el Nuevo Código Civil?

12° ~ 20.10.15: Exceptuando la Verificación

11° ~ 16.09.15: Su Nueva Guía Práctica

10° ~ 20.08.15: Más sobre las modificaciones del DNTR conforme al nuevo Código Civil y Comercial 

9° ~ 03.08.15: Los automotores en el nuevo Código Civil y Comercial, y otras cuestiones

8° ~ 22.06.15: La Caducidad de la Solicitud Tipo 08 en el Nuevo Código Civil y Comercial

7° ~ 21.05.15: ¿Transferencia entre Cónyuges en el Nuevo Código Civil y Comerial?

6° ~ 06.04.15: La Cesión de Factura en el Nuevo Código Civil y Comerial

5° ~ 10.02.15: Publicidad Registral y Verificación en el Nuevo Código Civil y Comerial

4° ~ 25.11.14: ¿Caduca la Solicitud Tipo 08? Fallo Finkelstein: Su aplicación

3° ~ 01.09.14: Presentación de un Trámite Registral

2° ~ 28.07.14. El Cambio de Tipo de Automotor

1° ~ 09.06.14: Requisitos esenciales en la Compra-Venta de un automotor usado

Baja con Recupero de Piezas

El Dr. Eduardo Mascheroni es el más prolífico autor de Panorama Registral. Todos los meses ofrece un nuevo artículo de análisis técnico para la Comunidad. En este caso, referido a la última modificación al trámite de Baja con Recuperación de Piezas, que se suma a su biblioteca de 48 artículos publicados en los últimos 5 años.

Las Disposiciones D.N. N°s 9/1959/19, introducen modificaciones a la Baja con Recuperación de Piezas, (DNTR, Título II, Capítulo III, Sección 5°), más  aclaratorias en las Circulares D.N. Nº 4/19 y D.T.R. y R. N° 4/19. Este trámite puede ser peticionado el titular registral o el adquirente en simultáneo con una transferencia, sin generar cambio de radicación, donde se peticiona la baja por siniestro total del rodado con recupero de piezas en una Solicitud Tipo 04D,  acompañada de Título, Cédula, Chapas patente, Libre multa de Infracciones de tránsito, Libre Deuda de patente automotor, asentimiento conyugal de corresponder,  consentimiento en su caso de acreedor prendario o del juez que ordenó un embargo sobre el bien o la inhibición o medida de innovar, que afecta al titular o al bien, cinco fotografías del vehículo siniestrado, intervención previa de un desarmadero habilitado por la DN, para indicar si es posible recuperar piezas y cúales.

La modificación, se destaca:

1°.-  Los elementos identificatorios de las piezas recuperables que consten en el Certificado de Baja y Desarme expedido, deberán ser retenidos en el Legajo B , para ser entregados al responsable del desarmadero interviniente en la baja (o a quien éste autorice) que deberá presentarse a retirarlos munido del Certificado, o un mandatario matriculado, quedando constancia en la Hoja de Registro  de su entrega.

2°.-  Dentro de los 30 días contados desde el retiro de los elementos identificatorios, el desarmadero deberá remitir al Seccional interviniente, la planilla de consumo de esos elementos. Vencido ese plazo sin presentarla, caducará la vigencia de los elementos de seguridad asignados, lo que importa la inhabilitación para comercializar las piezas recuperadas.

3. La planilla podrá ser presentada directamente ante el Seccional donde se hubiere inscripto el trámite o podrá ser remitida a través un correo electrónico, escaneada en formato PDF, siendo responsable el desarmadero, civil y penalmente de la veracidad de la documentación remitida. Deberá ser enviado desde la casilla de correo del desarmadero interviniente validada por el RUDAC de la Dirección Nacional a la casilla del Seccional de radicación del legajo.

4. Las planillas originales se archivan por el plazo de DIEZ (10) años en un bibliorato especial destinado a ese efecto, cuya guarda corresponde al desarmadero.

Recibida la planilla dentro del plazo establecido en alguna de las formas indicadas, dentro de las 24 horas posteriores a la recepción el  Seccional procederá a habilitar las piezas en el sistema informático, siguiendo las instrucciones del mismo y agregará el original o copias escaneadas al legajo B.

5. Con ello el procedimiento concluye con la presentación ante el Seccional, por parte del Desarmadero  interviniente, de la planilla que da cuenta de la correcta individualización de las piezas comercializables, aunque la baja se inscribe una vez procesado el trámite y emitido el certificado de desarme.

6. Y en el artículo 20 se indica: “Esta planilla deberá ser remitida al Registro Seccional de la Propiedad del Automotor donde se hubiere inscripto el trámite dentro del plazo de CIENTO CINCUENTA (150) días corridos contados desde su toma de razón. Vencido ese plazo sin que el Desarmadero hubiere presentado la planilla correspondiente, caducará la vigencia de los elementos de seguridad asignados, lo que importará la inhabilitación para comercializar las piezas recuperadas. Esa circunstancia se hará constar en el  sistema informático”.

7 .- Previamente, las Disposiciones D.N. Nº 477/16 y 377/17 , indicaban, un plazo aún  más corto -DIEZ (10) días- para la presentación de la planilla, pero su incumplimiento no implicaba la inhabilitación de las  piezas.

La Disposición D.N. Nº 9-19

8.- Así las cosas, la Dirección Nacional funda la Disposición D.N. Nº 09/19, en  razones de operatoria comercial que tornaban aconsejable ampliar el plazo vigente, toda vez que en ocasiones las largas distancias que median entre la sede del Seccional de radicación del vehículo  dado de baja y el Desarmadero interviniente tornaban gravoso el cumplimiento en tiempo y forma de esa  obligación.

En ese mismo orden de ideas, se dispuso asimismo la remisión electrónica de esa planilla, del Desarmadero al Seccional y la Dirección Nacional, circunstancia que acredita la correcta individualización de las piezas recuperadas a través del mecanismo del estampado efectivo del cuerpo principal del elemento en aquéllas.

Y, se continúa con la imposición al Desarmadero interviniente, de la obligación de guarda de las planillas originales por 10 años.

9.-  La norma se modifica, a tenor de lo argumentado , dado que no obstante lo oportunamente dispuesto, en materia de plazos, siguen existiendo desaveniencias en el proceso de entrega de los elementos identificatorios de las piezas recuperables al Desarmadero interviniente.

Por ello, en ocasiones el lapso de tiempo entre la emisión del elemento identificatorio y su efectivo estampado puede superar los plazos fijados,   situación que redunda en desmedro de la trazabilidad de las piezas recuperadas para abastecer la  demanda de repuestos usados.

Entonces, la Dirección Nacional reforma  la norma que nos ocupa, de manera tal que el plazo para estampar los elementos identificatorios se compute a partir del día en que éstos son retirados de la sede de un Seccional por el Desarmadero interviniente y fija el plazo establecido para la entrega de la planilla correspondiente.

Consecuentemente, en la baja con recupero de piezas, recibido el certificado de desarme, se inscribe la baja en el Registro Seccional y se emiten los elementos identificatorios de las piezas a recuperar, los que el representante del desarmadero, o el mandatario, retira del Registro y dentro de los 30 días siguientes, debe identificarlos y comunicar por via informática al Registro, la identificación.

10.- Y  se dictó una Cláusula transitoria, a partir de la entrada en vigencia de la modificación, para que aquellos trámites de baja con recuperación de piezas en los que hubiera operado la caducidad de los elementos por haberse vencido el plazo vigente anterior (150 días) sin que el Desarmadero inscripto hubiere presentado la planilla correspondiente,  gozarán de un plazo excepcional de 90 días hábiles para proceder a su finalización, informando el desarmadero esta reválida  mediante un correo electrónico en el que indique: número de elemento identificatorio caduco, pieza en la que se encuentra adherido, y las razones por las cuales no se finalizó el trámite en tiempo y forma.

O sea, los Desarmaderos deben canalizar esas peticiones directamente ante los Seccionales competentes, remitiendo a ellos la planilla, las que una vez recibidas, los Registros podrán finalizar los trámites inconclusos, en tanto se encuentren satisfechos los recaudos del trámite.

La falta de comunicación a la Dirección Nacional impide la finalización de los trámites, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieran caberle al Desarmadero por ese incumplimiento y el Seccional puede solicitar la colaboración de la Dirección Nacional al objeto de concluir eficazmente el trámite.

11.- Por ello, el artículo 17º –Sección 5ª, Capítulo III,  Título II del DNTR,  enuncia que en el rubro “Observaciones”, el Desarmadero deberá indicar si desea retirar los elementos identificatorios por su propia cuenta o si por el contrario deben ser entregados a quien retira el trámite junto con el Certificado de Baja y Desarme.

12. Por su parte, el artícul 18, indica que, si el desarmadero interviniente hubiere optado por retirar los elementos identificatorios por su cuenta, se entregarán por el Seccional al representante legal, apoderado o mandatario matriculado, que deberá presentarse a retirarlos munido del Certificado de Baja y Desarme.

13.- Si la entrega se hace al peticionario, junto con el triplicado de la Solicitud Tipo “04-D” en el que se dejará constancia del  número de control del Certificado expedido,  se expiden Placas provisorias para automotores dados de baja para circular hasta el desarmadero responsable (Título II Capítulo XVI, Sección 8ª)  y entrega de los efectos restantes de los elementos identificatorios de las piezas recuperables. 14.- El  artículo 20 indica que cuando el Desarmadero responsable hubiera optado por retirar los elementos identificatorios por  su propia cuenta, la entrega del Certificado de Baja y Desarme lo habilitará a concurrir al Seccional interviniente a retirar los elementos identificatorios para proceder al desarme del automotor  y recuperar piezas.

15.-  A esos efectos, la persona inscripta en el Registro de Desarmaderos (RUDAC) de la Dirección Nacional, su representante legal, apoderado o mandatario matriculado deberá presentarse en la sede registral munido del Certificado de Baja, en original y copia y el Seccional archivará la copia en legajo B y devolverá el original al presentante, copia en la cual se dejará constancia de la efectiva  entrega de los elementos identificatorios, con la firma de la persona que los retira y esta fecha deberá asentarse en el Sistema informático.

16.- A los fines de la identificación de las piezas indicadas como recuperables, los elementos identificatorios deberán ser estampados por el desarmadero dentro de los 30 días siguientes al  retiro de los mismos y completar la planilla cuyo modelo se encuentra disponible en la  web de la Dirección Nacional y en ella, estampar, el efecto restante de la parte derecha de los elementos identificatorios de las piezas a identificar.

17.- La  planilla deberá ser remitida al Seccional donde se hubiere inscripto el  trámite dentro de los 30 días indicados y vencido ese plazo sin que el Desarmadero  la hubiere  presentado, caducará la vigencia de los elementos de seguridad asignados, lo que importará la inhabilitación para comercializar las piezas recuperadas y esa circunstancia se hará constar en el   sistema informático.

18.- Y como ya se expuso,  el artículo 20 bis, expresa que cuando el desarmadero responsable hubiera optado por que los elementos identificatorios se entreguen a quien retira el trámite de baja junto con el Certificado de Baja y Desarme, la entrega del mismo al Desarmadero lo habilitará a proceder al desarme del automotor con recuperación de las piezas que se indican recuperables, identificando las piezas, con los elementos dados por el Seccional, dentro de los 30 días siguientes de inscripta la baja y simultáneamente cargar la planilla en la web de la Dirección, la que se remite al Seccional que inscribió la baja dentro del plazo de 150 días corridos contados desde su toma de razón, vencido el cual, sino se presentara, caducará la  vigencia de los elementos de seguridad asignados, inhabilitados para comercializar  lo que importará la inhabilitación para comercializar las piezas recuperadas.

Dr. Eduardo Mascheroni Torrilla