La Designación de Encargados de Registro

Dra. Adriana Casas

La Dra. Adriana Casas es abogada y escribana recibida en la Universidad Nacional de Córdoba. Encargada Suplente desde hace diez años en el Registro de Oncativo, de esa provincia, nos acercó este escrito motivada por lo que considera «inconsistencias» en la designación de Encargados de Registro, con el ánimo «dotar al sistema de una mayor transparencia»

Procedimiento para la designación de Encargados Titulares. Normativa vigente. Resolución MJyDH N° 238/2003. Críticas y aportes.

  1. Introducción:

Dadas las innumerables criticas y detractores que existen en la sociedad en general en relación al sistema de designación de Encargados de los Registros de la Propiedad Automotor y Créditos prendarios, se vuelve imperioso un análisis de la normativa vigente, una actualización de sus normas con respeto absoluto a sus postulados y la implementación de la tecnología existente para poder otorgar  a todo el sistema registral en general  la transparencia y accesibilidad que nuestro Régimen se merece.

Es por eso que este articulo trata de ser un aporte para el perfeccionamiento de este proceso, proponiendo normas claras, completas y equitativas para que la designación de los más idóneos se vuelva una realidad accesible para los más capaces.

  • Antecedentes:

Los Encargados de Registro son nombrados por el Ministerio de Justicia de la Nación, a propuesta de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad del Automotor, hasta la sanción de la Resolución MJyDH N° 238/03 las propuestas eran hechas en forma discrecional.

Con el dictado de la Resolución MJyDH N° 238/03, la propuesta que efectúe la Dirección Nacional al Ministerio debe realizarse en base al resultado de un Concurso Público.

En los considerandos de esta norma y sus modificatorias se describe la implementación de un mecanismo de designación de los Encargados de Registro, previo concurso público, que garantice mediante una evaluación de los postulantes el integral, probado y efectivo conocimiento de las tareas propias del cargo.

Continúa explicando la norma, que el sistema de los concursos púbicos, sirve para garantizar la transparencia del mecanismo a efectos de redundar positivamente en la prestación del servicio a cargo de los Registros Seccionales, asegurando un perfil de excelencia y profesionalismo en el cumplimento de la tarea registral

Críticas y aportes:

Conformación del Tribunal Evaluador (artículo 4 Capítulo II): la referida normativa establece que “En el ámbito de la Dirección Nacional funcionaran uno o más Tribunales Evaluadores, cada Tribunal se integrara con tres miembros titulares y tres suplentes…” considero que sería bueno que la representación de los miembros se realice en base a la siguiente propuesta: un representante del Ministerio de Justicia de la Nación con reconocido conocimiento en materia técnico registral; el segundo miembro que sea alguien que represente a la Dirección Nacional,  elegido en un sorteo de una nómina de funcionarios pertenecientes a distintos Departamentos como por ejemplo Normativa, Asuntos Jurídicos, etc. que para cada Etapa de Concurso se elija; y en cuanto al tercer miembro, un representante de los Encargados de Registros de todo el país, nomina que se puede realizar por regiones, Encargados que para ser incluidos en la nómina acrediten reconocida trayectoria en la materia.

Es decir, que en base a el criterio antes propuesto se realice el listado de cinco personas que requiere la norma, consultándose a las Facultades de Derecho, a la Academia Nacional de Derecho o a los Colegios Profesionales sobre la propuesta de las personas con reconocidos antecedentes en materia jurídico-registral del automotor…”.

Considero que esta consulta a las Entidades mencionadas debiera ser una exigencia y no una facultad discrecional.

Requisitos etario para ser admitido como postulante: la normativa exige para ser admitido a un Concurso no tener más de 60 años de edad. Acá la crítica se centra en este discriminatorio requisito; siendo el argumento de mayor peso el hecho de que son muchos los Registros que se encuentran intervenidos desde hace muchos años por personas que desempeñaron su función acabadamente, con profesionalismo e idoneidad, que al momento en que se hace el llamado del Concurso del Registro que tienen a su cargo, circunstancia que escapa de su decisión, ya han cumplido la edad límite.

Debiera la norma establecer la excepción de que podrán ser admitidos como postulantes quienes se encuentren desempeñándose como Interventores de un Registro, siempre que el Concurso se trate del Registro que se encuentra a su cargo.

Si el Concurso lo que busca es encontrar a la persona más idónea, no existe fundamento para no permitir a quienes se encuentran en funciones y alcanzan la edad límite, poder demostrar su profesionalismo y capacidad, máxime con la cantidad de reveses judiciales ya existentes sobre el tema.

Evaluación de los antecedentes personales y profesionales (artículo 14): establece la norma que se asignara un puntaje máximo de 100 puntos: por antecedentes académicos hasta 30 puntos; por antecedentes profesionales (experiencia profesional) hasta 30 puntos y por los antecedentes profesionales (vinculados al cargo que se concursa) hasta 40 puntos.

No surge de esta norma como se distribuyen esos puntajes máximos. Al criterio de distribución se lo puede encontrar en una plantilla que no se da a publicidad, sino que solo se tiene acceso a la misma en caso de solicitarse Vista al final de todo el proceso concursal, copia de la misma se otorga solamente del que la solicita, no permitiéndose el acceso de las planillas de evaluación del resto de los concursantes.

De la plantilla mencionada, que solo se puede ver al final del proceso concursal en el acto de toma de Vista de quien lo solicita, se desprende que la distribución de puntajes resulta tan injusta y arbitraria como que en cuanto a los antecedentes académicos por un Título de grado habilitante el máximo establecido son 15 puntos (hasta acá no cabe ninguna crítica) ahora bien, nunca un  título complementario habilitante de grado universitario puede valer  hasta tres puntos y en relación a publicaciones sobre derecho registral o vinculado al régimen del automotor: hasta 5 puntos, salvo que esa publicación se refiera  a un libro o tratado sobre Derecho Registral.

En cuanto a los antecedentes laborales vinculados al cargo (hasta 40 puntos), la plantilla establece que a un Interventor del Registro a concursar con una antigüedad mayor a un año le otorgara 15 puntos, más 3 puntos por año adicional o fracción mayor a 6 meses: menor de un año 6 puntos, sin ningún tipo de limitación; a un ex Encargado titular o interventor de cualquier Registro: 3 puntos por año de antigüedad o fracción mayor a 6 meses, sin tampoco ningún tipo de limite, pero, a un Suplente de cualquier Registro: dos puntos por el primer año, más 1 punto por año adicional o fracción mayor a 6 meses hasta un máximo de 10 puntos, a un  Suplente interino de cualquier Registro: 1 punto por el primer año más ½ punto por año adicional o fracción mayor a 6 meses, hasta un máximo de 10 puntos, a un  Empleado de cualquier Registro: ½ punto por año o fracció mayor a 6 meses, hasta en máximo de 10 puntos y finalmente a un  Empleado de la DNRPA: 1 punto por año de antigüedad o fracción mayor a 6 meses y ½ punto por cada año o fracción mayor de 6 meses si lo fuera en tareas específicas vinculadas al Régimen Jurídico del Automotor hasta un máximo de 10 puntos.

Se vuelve necesaria la explicación del distinto tratamiento y puntuación a los Interventores con el resto de los participantes de un concurso (Suplentes, Interinos, Empleados de Registro, Empleados de la DNRPA) que también se desempeñan dentro del ámbito registral, brindándose cada día con su labor, esfuerzo y capacitación como lo puede llegar a hacer un Interventor.

No caben dudas de que la aplicación de plantilla mencionada, sin ningún tipo de fundamento y razonabilidad, trata de manera desigual a los participantes, beneficiando sin ninguna explicación a unos sobre otros, por el exacerbado uso de una discrecionalidad que se otorga por la falta de reglas claras y equitativas para la evaluación de los postulantes.

No debe olvidarse que el objetivo de un Concurso Público para la elección del Encargado es asegurar el perfil de excelencia y profesionalismo en el cumplimiento de la tarea registral, no para beneficiar a quien ya fue elegido sin que necesite demostrar ningún tipo de capacidad.

Aplicación de la tecnología como aliada de la transparencia: Acompañado a una normativa clara,  que asegure la equidad de los postulantes, la tecnología resulta ser una indiscutible aliada para así poder dotar de transparencia a todo el proceso evaluativo en sus distintas etapas. Resultan imperativos que los exámenes teóricos  sean evaluados por un sistema informático que despoje de dudas la objetividad del resultado del examinado; como así también existan registros videos grabados de los exámenes prácticos que dejen prueba indubitable de lo allí acontecido.

Solo así, modernizando con tecnología existente, podremos tener la certeza que se están nombrando Encargados que aseguran el perfil de excelencia y profesionalismo que nuestra sociedad tanto requiere, seleccionados a través de un Concurso Público transparente.

Publicidad de cada uno de los actos que componen el proceso concursal: Relacionado con el acápite anterior, y aún más con las necesidades de los tiempos que corren, cada decisión que toma el Tribunal evaluador, con su debida fundamentación, debiera ser puesta en conocimiento en la sección correspondiente de la pagina web de la Dirección Nacional en tiempo y forma, sin exceptuarse ningún hecho trascendente que pueda dar posterior lugar a oposiciones inmediatas por parte de los legitimados; a modo de ejemplo:

a) la publicación de las excusaciones y sus causales por parte de alguno de los miembros de Tribunal Evaluador y su aprobación o rechazo;

b)  publicación de los antecedentes académicos, laborales y profesionales de todos los participantes, y criterios de puntuación, tarea que hoy en día no le insume ningún tiempo al Tribunal Evaluador, ni al Departamento de Concursos, toda vez que ya han sido escaneados y subidos en la plataforma TAD por cada uno de los aspirantes, como desde la Etapa 15 se viene realizando. 

c) publicación de las plantillas de evaluación y de criterios de puntuación del examen teórico;

d) publicación de la video filmación de los exámenes prácticos como así también de los criterios objetivos de evaluación, si existieran.

e) la publicidad de los fundamentos que tuvo la Dirección Nacional cuando propone al Ministro de Justicia y Derechos Humanos un ternado que no ocupa el primer lugar en el orden de mérito; etc, etc.

La fundamentación de las decisiones del Tribunal Evaluador: Todos los actos y decisiones del tribunal evaluador deben verse debidamente fundamentados y publicados para el conocimiento de todos los aspirantes y la sociedad en general. No se entiende el motivo de la supresión del requisito de la fundamentación de la elección de un ternado que no sea el que ocupa el primer término, como con acertado criterio exigían  el art. 1 de la Resolución 1552/2007 y el art. 2 de la Resolución 667/2011.

 Eventualmente, podría llegar a suceder que  sea el segundo o el tercero de los ternados quienes por circunstancias particulares de cada caso alcancen el integral, probado y efectivo conocimiento de las tareas propias del cargo, pero al tratarse de una discrecionalidad de un Órgano Administrativo debe encontrarse esta elección debida y razonadamente fundamentada, a efectos de garantizar la debida transparencia del proceso concursal

Vista e Impugnación (art. 22): se torna necesaria la ampliación del exiguo lapso de 5 días que se establece para realizar dos actos administrativos al mismo tiempo para la defensa de los derechos de los concursantes.

Es que es, a partir del momento que se publican las ternas que empieza  a correr el plazo mencionado, no solo para ir hasta la Dirección Nacional, (plazo sin discriminación para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires o los de las Provincias), sino también para tomar vista de los antecedentes y exámenes, y en el mismo plazo debe elaborarse y presentarse la Impugnación, si correspondiere.

Esto también podría agilizarse si se publicasen todos los actos del proceso concursal, como ya se propuesto en el punto 5).

En cuanto al contenido de la vista: resulta importante que se especifique en la norma madre en análisis, de los alcances de tan trascendental acto administrativo; pero no caben dudas de que la misma debería ser integral, esto es que se ponga al alcance del interesado toda la documentación, exámenes y demás antecedentes que acrediten de modo insoslayable el puntaje que se le haya asignado a cada uno de los evaluados en el concurso.

Irrecurribilidad de las decisiones del Tribunal Evaluador: Una norma que requiere de rápida revisión y modificación es el art. 22 in fine, toda vez que al no permitir la revisión de las decisiones adoptadas por el Tribunal Evaluador contraria principios elementales de nuestra Constitución Nacional.

Desde hace mucho tiempo ya se refleja en los principios,  doctrina y jurisprudencia  del derecho administrativo, la regla de que todo acto de la administración es susceptible de ser revisado por una instancia superior; por lo que, establecer la irrecurribilidad de las decisiones del Tribunal Evaluador se subsume a los administrados en un grado de desprotección que la propia Constitución y las normas del derecho administrativo no toleran de ningún modo.

No solo debe establecerse la posibilidad de la Impugnación ante el Tribunal Evaluador, sino también la revisión por parte del Director Nacional y del Ministro de Justicia, quien, en definitiva, será el que con su actuación designara al Encargado Titular, garantizando el dictado de un acto administrativo valido y evitando de este modo la eventual nulidad absoluta de ese acto, el cual es el más relevante de todo el concurso, este es la designación del mencionado  funcionario público.

A modo de conclusión: sin lugar a dudas que el sistema de un Concurso Publico, donde se evalúen antecedentes y conocimientos teóricos y prácticos de los postulantes es el mejor procedimiento para elegir a los Encargados de los Registros Seccionales. Pero para poder cumplir con sus postulados de la Resolución que los reglamenta se deben modificar, aclarar y mejorar las normas que la componen. Es necesario otorgar la certeza no solo a los aspirantes, sino a la sociedad en su conjunto, de que se está designando a concursantes que realmente lograron probar el mejor perfil de excelencia, profesionalismo y efectivo conocimiento de las tareas propias del cargo.

Se vuelve imperioso un proceso que se desarrolle con transparencia y equidad, y para ello resulta clave  la correcta interpretación y aplicación de la normativa de quienes en definitiva la aplicaran, inspirados en el cumplimiento de los postulados de los principios rectores de la norma, fundamentalmente el de la transparencia.

Dra. Adriana Casas

Caducidad del 08

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El Dr. Eduardo Mascheroni, docente en cursos de capacitación de Mandatarios y colaborador permanente de nuestro medio, nos ofrece hoy su habitual artículo mensual en Panorama Registral. En este caso, una nueva aproximación relativa a la Caducidad de Formulario 08 en los casos de fallecimiento del titular.

Si el titular registral fallece antes de que acepte el adquierente, la transferencia o la compraventa, ¿Es la Solicitud Tipo 08 un contrato entre ausentes? ¿O al manifestar derechos (artículo 13° el Régimen Jurídico del Automotor)  mantiene su vigencia postmortem o, conforme artículo N° 976 del Código Civil y Comercial, caduca dicha oferta de venta instrumentada en la Solicitud Tipo 08?

Revisando conceptos vertidos en artículos precedentes a la implementación del Código Civil y Comercial en el año 2015, publicados en Panorama: «¿Caduca la Solicitud Tipo 08? Fallo Finkelstein: Su aplicación», «La Caducidad de la Solicitud Tipo 08 en el Nuevo Código Civil y Comercial»  en una “vuelta de tuerca”, tomamos en consideración los artículos N° 1890, 1893 , 1899 y 1902 del Código, en cuanto en materia de automotores y su registración rige la legislación especial, el RJA (Ley N° 14.497 t.o .) y no el Código, más atendiendo a lo expresado por el Dr. Javier Cornejo, en ocasión de la convención anual 2018 de AAERPA, sobre esta cuestión.

Desde el dictado del fallo judicial denominado Finkelstein (año 2009) – donde un tribunal, entiende que la Solicitud Tipo 08 firmada por el vendedor, que luego fallece antes que el comprador acepte la oferta de venta formulada en la misma, supone tener por caduca dicha Solicitud Tipo 08 donde se instrumenta, ignorando al artículo 13 del RJA que le da valor intemporal, o así se interpretaba, a la misma, en cuanto manifiesta derechos y ello parece estar ratificado en el DNTR, Título I, Capítulo I, Sección 1, Artículo 9- ,  distintos dictámenes emanados de la DNRPA,  reflejan dicho criterio judicial, en tal sentido, remitimos a las notas aludidas supra.

En oportunidad de su ponencia , el Dr. Javier Cornejo destaca, que de esos dictámenes, parecería  que se vincula a la Solicitud Tipo 08 con un contrato, y que cuando éste es entre ausentes, se le aplica la caducidad de la oferta, en el  supuesto de fallecimiento o incapacidad del proponente, antes que la misma haya sido  aceptada.

Esta interpretación, es conteste con el fallo judicial del caso  “Finkelstein Edith A. s/ recurso de apelación” (Expte  Nº 11.688) – Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata – 29/12/2009-y  “López Rita del Valle c/ DNRPA-Recurso judicial” (Expte Nº 109/2013) – Sala A – Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial de  Córdoba- 17/09/2013.

Atento a ello, encontramos dos posiciones, una que sujeta al RJA,  el cuál seria aplicable conforme a los citados arts. 1890 , 1895 y concordantes del CC y C, que establecen que en materia de derechos reales sobre bienes muebles registrables como el automotor, rige el régimen especial aplicable, por ende el RJA. Y otra donde prevalece la caducidad de la Solicitud Tipo 08 por el artículo N° 976 del Código Civil y Comercial, tomado del 1149 del código de Vélez.

Con la primera postura, están vigentes el art ículo13 del RJA y la norma vinculada del Digesto prealudida, que indican entonces, que la Solicitud Tipo 08 por manifestar derechos, no caduca, y por ende, al inscribir una transferencia donde el titular ha fallecido y el comprador acepta luego del deceso de aquel, la oferta, dicha Solicitud Tipo 08 es válida para inscribir la transferencia, y no puede ser observada, al calificarla el registrador ni exigirse la sucesión del titular, para hacer valer lo expresado como voluntad de venta en la Solicitud Tipo 08.

Más si consideramos que el negocio se produjo, la posesión (conforme la Disposición D.N. N° 317/18) está en manos del adquirente , sea el que recibió la oferta inicial o no, porque la Solicitud Tipo 08 es abstracta respecto al negocio causal de la misma, ya que configura solo el instrumento de rogación de la transferencia y no el contrato de compraventa propiamente dicho y el vehículo no está en el patrimonio del titular fallecido y por ende de sus sucesores.

La otra postura, basada en el artículo N° 976 ( «Muerte o incapacidad de las partes: La oferta caduca cuando el proponente o el destinatario de ella fallecen o se incapacitan, antes de la recepción de su aceptación») del Código Civil y Comercial, fulmina a la oferta de venta expresada en la Solicitud Tipo 08 por el vendedor, si éste ha fallecido al momento en que el comprador acepta, y luego presenta el pedido de inscripción de la transferencia (incluso, si quien fallece es el comprador, o las partes se incapacitan antes de tener por cerrado el contrato de compraventa), pero repetimos ello sería contradictorio con la aplicación del RJA,  al que el propio CC y C, reenvía en el artículo 1893. «Si el modo consiste en una inscripción constitutiva, la registración es presupuesto necesario y suficiente para la oponibilidad del derecho real” ó  1890: «Los derechos reales recaen sobre cosas registrables cuando la ley requiere la inscripción de los títulos en el respectivo registro a los efectos que correspondan”  y  1892: «La inscripción registral es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales sobre cosas registrables en los casos legalmente previstos…”

Por ende, a la luz de la ponencia que comentamos, nos preguntamos sino resulta necesario, por el órgano de aplicación, revisar dicho criterio interpretativo basado en el precedente Finkelstein, al manifestar que la misma, intenta establecer si los fundamentos  expresados en las resoluciones judiciales y administrativas mencionadas,  son efectivamente aplicables  al particular RJA, y a los principios  que lo sostienen, o si por el contrario, formulando una propuesta  que permita arribar a una conclusión diferente, se brinde mayor seguridad jurídica a quienes adquieran derechos sobre automotores, especificándola.

Cornejo,  alude al  consentimiento, como  uno de los elementos esenciales de un contrato, el cual debe manifestarse por ofertas o propuestas de una de las partes, y aceptarse por la otra. Sin embargo esta escisión del consentimiento está vinculada con el proceso de formación del contrato, ya que cuando este concluye, asume por lo general la forma de una manifestación de voluntad común en la cual no es posible distinguir la oferta de la  aceptación («Ambito Registral» N° 103), y dice que oferta y aceptación, conforman el consentimiento, y merecen un especial análisis cuando se trata de un contrato entre ausentes.

En dicho marco, el artículo 976 citado, sostiene que no se conforma el consentimiento si la oferta de venta no es aceptada en vida del vendedor, pero Cornejo expone que haciendo un paralelo con el derecho comparado, en Alemania subsiste la oferta a pesar que el oferente fallezca o caiga en incapacidad. Este principio se basa en consideraciones fundadas en la seguridad del tráfico y la seriedad de los negocios.

Así , tomando el artículo N° 976  y el concordante  artículo N° 979 , sobre modos de aceptación, toda declaración o acto del destinatario que revela conformidad con la oferta constituye aceptación y el silencio importa aceptación sólo cuando existe el deber de expedirse, por ende en este caso, la no aceptación expresa se puede tomar como válida.

En tal sentido, el registrador, no debe calificar si un contrato está perfeccionado a la luz de la formación del consentimiento, porque para ello, tendrá que analizar, entre otras cuestiones, que el oferente no haya fallecido o perdido su capacidad para contratar, con anterioridad a que se haya efectuado -y él recibido- dicha aceptación, lo que excede de su facultad de calificación.

Si la Solicitud Tipo 08 es un contrato, con la formación del consentimiento como un elemento del contrato, ¿debe ser objeto de calificación registral al momento de determinar la toma de razón de un trámite de transferencia de dominio de un automotor ¿? O es sólo el medio de peticionar la inscripción?

La inscripción registral es constitutiva del derecho en materia de automotores (artículos 1°, 6°, 14°, 15° del RJA) , y no declarativa como acontece en inmuebles, esto no lleva  a inferir si la st 08 es un contrato o no, y en el RJA,  la propiedad del automotor sólo se adquiere cuando se inscribe en el  Registro lo peticionado en la ST  08 con las que se instrumenta el “acuerdo para la transmisión del dominio”, diferenciado del contrato con el que se formalizó el negocio jurídico causal.

Como la registración de automotores no es causal, sino importa un acuerdo transmisivo abstracto, no se califica la  documentación causal sino la rogación efectuada,  en este caso el 08, por ello  el registrador no debiera indagar si al momento de cerrarse ese negocio causal, el titular o las partes, habían fallecido o se encontraban incapacitadas,  como surge del art. 976 CC y C, más cuando se aplica el RJA por los arts. 1890 y citados del mismo Código, que dan lugar a la aplicación del art. 13 y su regulación en el DNTR ya enunciada, sino simplemente limitarse a apreciar que hay una manifestación de derechos que da validez jurídica a la solicitud de rogación y  permite la toma de razón sin observación alguna.

Esto resulta relevante , de prevalecer el RJA por sobre el art. 976 del C y C, se otorga seguridad jurídica a los adquirentes, dado que carece el Encargado de Registro de facultad para determinar si la oferta fue aceptada en vida del oferente, toda vez que el  contrato de transferencia en sí mismo como documento no es objeto de calificación, ya  que sólo se le presenta para su análisis la rogación no causal instrumentada en una Solicitud Tipo.

Lo opuesto, soslaya al RJA, afecta la función misma y razón de ser de un sistema registral: no otorgaría seguridad jurídica a los compradores de automotores, siendo esta garantía una de las principales funciones del Estado hacia quienes adquieren derechos sobre dichos bienes, cumpliendo de esta forma  con la consagración del derecho de propiedad, de raigambre constitucional. (art. 1, 2, 6, 18 del RJA).

A consecuencia de ello, aunque el adquirente, haya solicitado un certificado de dominio previo al boleto, la verificación física del vehículo, y todos los demás recaudos jurídicos y fiscales inherentes a la transferencia, y certificado su firma ante escribano público, si cuando comparece a inscribir en el Registro Seccional, el titular ha fallecido en el interregno de tiempo de la conclusión de la documentación y la presentación, y el registrador accede a la base de datos de RENAPER  y advierte el fallecimiento del titular vendedor el día anterior, con la tesitura actual, pese a la diligencia empleada por el comprador, le observará el trámite y no tomará razón del mismo. O si se anoticia por medios de difusión, dado que como dice el Dr. Cornejo es el vendedor una persona de conocimiento público, también le rechazaría la inscripción, lo que no se condice con el principio de seguridad jurídica y de legalidad que animan al RJA, más si el propio CC y C (artículo N° 1890 y subsiguientes) entienden que es aplicable.

En suma, compartimos lo sostenido por Cornejo, cuya ponencia nos llevó a retomar este tema abordado tiempo atrás,y  entendemos que la Solicitud Tipo 08 no es el contrato de transferencia, sino sólo un instrumento rogatorio para ser presentado ante el registro de la propiedad automotor,  que  realiza una inscripción constitutiva no causal.

Es un control ajeno al Encargado de Registro, quien no debe evaluar los elementos contractuales, sino sólo la validez rogatoria,  más cuando al remitir el Código Civil y Comercial al RJA en materia de inscripción de bienes muebles registrables, torna operativo al artículo 13 del RJA y el DNTR en la norma ya citada, los que a nuestro juicio, dan lugar a la no observación del trámite por la causal del artículo N° 976 del Código Civil y Comercial o, al menos, requiere de la intervención interpretativa del órgano de aplicación, aunque allí consideramos también que no cabe otra conclusión que la preeminencia del RJA .

Dr. Eduardo Mascheroni