Las medidas buscan impulsar la producción y fomentar las exportaciones. ¿En qué consisten?
Noticia de “Parabrisas”, 27 de abril
El ministro de Economía, Luis Caputo, ha anunciado una serie de medidas destinadas a mejorar la competitividad y estimular el crecimiento del sector automotor en Argentina.
Estas acciones incluyen la reducción de impuestos y aranceles, con el objetivo de beneficiar a esta área que representa el 10 por ciento de la producción total industrial y genera más de 75.000 empleos en el país, según indicó el funcionario.
Caputo explicó que estas medidas permitirán a los proveedores vender partes a las terminales con una rebaja arancelaria, lo que a su vez contribuirá a una disminución en el costo de las autopartes nacionales destinadas a la exportación.
Las medidas:
Derechos de exportación El Ministerio de Economía mantendrá la exención de derechos (de exportación) para las exportaciones incrementales, vigente desde 2021. Esto significa que las empresas automotrices seguirán eximidas del pago de derechos de exportación sobre el excedente de exportaciones en comparación con el año 2020.
Reposición de existencias Repstock Se llevará a cabo la sistematización y digitalización del Repstock, un sistema que facilita la importación de mercaderías destinadas a la reposición de las partes que han sido previamente importadas y luego exportadas después de los procesos industriales.
Bienes de capital Otra medida importante es la reducción de aranceles para moldes utilizados en la industria automotriz (35 por ciento al 12,6 por ciento), tanto de metal como de inyección plástica (24 por ciento al 12,6 por ciento), lo que ayudará a reducir los costos de producción.
Licencias para la Configuración de Modelos Se homologarán los ensayos con Brasil a partir de junio, lo que simplificará y acelerará los procesos de evaluación de nuevos modelos de vehículos, permitiendo a las empresas lanzar nuevos modelos más rápidamente y aumentar las exportaciones.
Estas acciones buscan mejorar la competitividad del sector automotriz argentino, que enfrenta una fuerte competencia internacional y depende en gran medida de insumos importados. La subsecretaria de Política Industrial, Daniela Ramos, destacó la importancia de estas medidas para impulsar la producción y la creación de empleo en el país.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial y entró en vigencia desde hoy jueves. El objetivo es simplificar los trámites administrativos y optimizar la prestación de servicios a los contribuyentes
Noticia de “Infobae”, 25 de abril
Mediante la Resolución General 5505/2024, publicada este jueves en el Boletín Oficial, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) derogó el trámite del Certificado de Transferencia de Automotores (CETA). Se trata del régimen de información que debía presentarse al momento de realizar la transferencia de automotores y motovehículos usados radicados en el país, de los cuales sean titulares de dominio.
Esta derogación elimina los requisitos y condiciones para la obtención del CETA en operaciones de transferencia de vehículos.
Desde el organismo a cargo de Florencia Misrahi argumentaron que el avance tecnológico y los convenios de intercambio de información con la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios permiten verificar la situación fiscal de los ciudadanos y las transferencias de dominio de manera eficiente.
Además, señalaron que se encaminan hacia el objetivo del Estado Nacional de constituir una administración pública ágil y transparente, que se enfoque en facilitar el desarrollo de las actividades del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de los servicios.
“En virtud de ello, se sigue trabajando en una mejora continua y constante de los procesos vigentes y en reducir la carga administrativa y burocrática que recae en los contribuyentes”, aseguraron desde el organismo.
Además, en la resolución, aclararon que “este organismo se encuentra abocado a la revisión de los diferentes registros y regímenes de información implementados, que pudieran obstaculizar la agilización de los procesos, facilitación del comercio y eliminación de costos desproporcionados”.
“En la actualidad, el grado de avance tecnológico alcanzado junto con los convenios de intercambio de información suscriptos entre esta Administración Federal y la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios, permiten a ambos organismos contar con la información suficiente a fin de asegurar la verificación oportuna de la situación fiscal de los ciudadanos así como de las inscripciones de transferencias de dominio efectuadas a su nombre”, argumentaron.
Cabe mencionar que los automóviles que debían declararse en la AFIP, con este certificado, eran aquellos que superaban los $ 4.500.000. El Certificado CETA era un formulario que tenían que pedir las personas (humanas y jurídicas) y las sucesiones indivisas, del país o residentes en el exterior, relacionadas con la transferencia de un auto o moto usado y que estén radicados en Argentina. El vendedor del auto era el encargado de completar el documento.
La Resolución: De esta manera, la Administración Federal de la Administración de Ingresos Públicos (AFIP) resolvió:
ARTÍCULO 1°.- Derogar el Título I – RÉGIMEN DE INFORMACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE AUTOMOTORES Y MOTOVEHÍCULOS, USADOS RADICADOS EN EL PAÍS y los Anexos I a IV de la Resolución General N° 2.729. ARTÍCULO 2°.- Abrogar las Resoluciones Generales Nros. 3.904, 4.345, 4.550 y 5.187. ARTÍCULO 3°.- Derogar el artículo 3° de la Resolución General N° 5.362 y eliminar en su artículo 4° la expresión “…y en el segundo párrafo del artículo 3° de la Resolución General N° 2.729 y sus modificatorias…”. ARTÍCULO 4°.- Esta resolución general entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el Boletín Oficial y archívese.
La entidad que los agrupa volvió a cuestionar la decisión del Gobierno de dar marcha atrás con las subas de los formularios y de los ingresos
El mundo de los Registros del Automotor está en alerta tras la decisión del Gobierno de dar marcha atrás con la suba de los formularios que se pagan en esas oficinas y de los ingresos que perciben los encargados. El aumento duró menos de 24 horas. Luego de ese cortocircuito, hubo un rencuentro en el Ministerio de Justicia con los representantes del gremio. “No hay un plazo para aumentar”, se sinceró un funcionario en esa reunión. Y advirtió que el plan oficial es reducir la cantidad de registros.
El objetivo del Gobierno fue ratificado ayer por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. “Tenemos casi el 40 o 50 por ciento de los registros intervenidos. No nombramos a nadie. Se están juntando para ir reduciendo. El plan es digitalizar”, respondió anoche en una entrevista con LN+.
El Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona
En la actualidad hay 1554 registros en todo el país. Alrededor del 40% está en manos de interventores. La gran mayoría son abogados, contadores o escribanos que deben cumplir una serie de requisitos para acceder a un registro, y hay un porcentaje menor de empleados de la Dirección Nacional que cobran un plus del sueldo y viáticos para viajar al interior.
La reducción de la cantidad de registros, si ocurre, es un proceso paulatino que no está exento de complicaciones. “Hoy en día un registro grande de Capital tiene 60 turnos diarios y 25 mil legajos. Si tenemos que absorber otro registro hay que sumar espacio para los legajos y seguramente tomar más personal. En el escenario actual eso es imposible”, advierte un encargado.
Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, el gremio de los encargados comenzó a reclamar por aumentos. La promesa oficial había sido “aguantar 90 días”. Finalmente, la semana pasada se otorgaron las subas para los trámites que se realizan en los Registros del Automotor y para los emolumentos, que son los ingresos que perciben los encargados de los registros. El argumento para aumentar fue la inflación de los últimos meses.
Apenas se conocieron los aumentos, revelados por Infobae, hubo cuestionamientos dentro del Gobierno. En menos de 24 horas, el ministro de Justicia decidió anular dos resoluciones. “Hay fuertes bajas en las expectativas de inflación para los próximos meses”, fue el nuevo argumento formal.
En ese plazo, decenas de usuarios pagaron trámites con aumentos y ahora podrían reclamar una devolución.
La decisión puso en alerta a la Asociación de Encargados de Registros (AAERPA) y a todos los integrantes del sistema. Fuentes de ese sector aseguran que la decisión generará despidos de personal, demandas judiciales y nuevas renuncias. “En los últimos meses, hubo unas 15 renuncias, pero la mayoría no se aceptan porque nadie quiere agarrar un registro”, explicó una fuente del gremio. Y no descartó que algunos encargados decidan incumplir obligaciones y hasta no girar los fondos, lo que podría generar sumarios y hasta denuncias penales.
“En caso de que los registros desaparezcan, no solo corre riesgo la seguridad jurídica de los dueños de automóviles, sino la economía de los mismos, ya que aumentarían notablemente los seguros de autos, por ejemplo”, dice un comunicado del gremio al que tuvo acceso este medio. El mensaje se conoció luego de una serie de reuniones, donde hasta se propuso ir a un paro. Las autoridades del gremio explicaron que no tiene personería gremial para semejante medida.
La decisión de ir a la Justicia será individual de cada encargado. Por estas horas se analizan distintas opciones jurídicas. Mientras tanto, en los registros ya se comienzan a sentir algunas demoras y otras consecuencias para los usuarios.
El Gobierno intenta superar la polémica por los aumentos y apunta a profundizar la digitalización de todos los trámites que se realizan en los registros, tal como establece el DNU que desregula la economía. “Desde AAERPA impulsamos la transformación digital, siempre y cuando se mantenga la presencialidad para aquellos que no tengan acceso a internet o no sepan manejar herramientas digitales. Y sobre todo para los que requieran asesoramiento para comercializar sus automotores, algo que a veces no puede darse por un trámite digital”, contesta el gremio.
Al margen de la digitalización, el Gobierno lanzó una auditoría de 141 registros que ya estaban intervenidos. En ese listado hay 42 registros de la provincia de Buenos Aires, 13 de la Ciudad de Buenos Aires, 10 de Córdoba, 10 de Entre Ríos, 6 de Chaco, entre otros.
También se puso en marcha una fiscalización digital de otros 25 registros. “Vamos a analizar variables como los plazos en que los registros cumplen los distintos trámites, ver si hay irregularidades, si la gente recibe un buen servicio. Si detectamos problemas, que pueden surgir de negligencia o impericia, pero también de ilícitos, la siguiente etapa es la fiscalización in situ”, explicaron en ese momento desde la cartera de Justicia.
