¿Qué hacemos ahora con el 08D?

Fernando Malvestuto

Desde su Registro en Cañada de Gomez N° 2 y «B», provincia de Santa Fe, el Dr. Fernando Daniel Malvestuto se ha convertido en el Interventor con mayor presencia en notas de evaluación registral (Ver sus artículos previos). Hoy, para toda la Comunidad, trata la duda que sobrevuela nuestro sector desde que venció el descuento que se aplicaba a las Transferencias Digitales.

Introducción:

Haciendo un poco de historia, y tal como ya comentamos anteriormente, a través de la Disposición D.N. N° 206/17 de fecha 01/06/2017 se implementó la Solicitud Tipo 08 Digital, con el cual se peticionarían los trámites de transferencia de dominio de los automotores y motovehículos con una precarga digital a través de la página oficial de la Dirección Nacional, y dentro del marco y con los procesos propios de los trámites SITE.

Posteriormente, para tratar de masificar la utilización de este nuevo mecanismo, se decidió otorgar un descuento sobre los aranceles de dichas transferencias, habiéndose establecido en un primer momento un 20% por Resolución 828/2017, se amplió al 40% por Resolución 312/2018 y se volvió al 20% por Resolución 112/2019 atento la caída de las ventas de automotores y motovehículos que puso en jaque la ecuación económica financiera de los Registros Seccionales.

Ocurrido el vencimiento temporal del descuento en cuestión el día 10/12/2019, nos encontramos actualmente con la situación de que el sistema de precargas de transferencias digitales sigue en vigencia, se sigue utilizando por parte de algunos usuarios y mandatarios, pero al momento de ser admitidos en el Registro Seccional, las mismas no cuentan con descuento alguno.

El motivo claro para seguir utilizando el sistema es la mejora en los tiempos de preparación del trámite por parte de los usuarios y mandatarios (evita el tristemente célebre carbónico), y obviamente también la mejora en los tiempos de procesamiento por parte del Registro Seccional y la disminución de los errores que ocasiona tratar de adivinar a veces que pusieron los usuarios de manera manuscrita. Todo esto en el marco del proceso de modernización del Estado que intentó hacer la anterior gestión y la digitalización de los trámites que llevó a cabo Dirección Nacional.

Ahora bien, como suele suceder, por más ventajas evidentes que proporcione un método en particular, lo primero que se evalúa por los actores del sistema no es otro que el costo que el mismo implica, la cuestión económica casi siempre prima en las decisiones del homo sapiens registral.

Por lo tanto, finalizada la vigencia del descuento para las transferencias digitales, y el costo que implican las mismas en cuanto a la compra del 08D por parte de los mandatarios cuando son éstos los que hacen la precarga, y el costo del mismo para los Registros Seccionales (atento su bonificación al usuario), los actores se replantean la situación (poniendo en duda la conveniencia de seguir utilizando las transferencias con precarga), y está comenzando a re aparecer en escena el fantasma del carbónico…

El Quid de la cuestión, ¿Qué dice la norma?:

Establecido el punto central del planteo: ¿hace falta gastar un 08D?, creemos que la respuesta al interrogante no puede venir de otro lado que no sea la lectura de la fría letra de la norma. Es decir, por más que nos convenga no utilizarlo, o nos encante utilizarlo a pesar del costo, debemos ver que contempla la normativa, en qué casos es obligatorio usarlo y en cual optativo, para actuar en consecuencia y mantener nuestra actuación dentro del marco de la ley.

En primer lugar, nos referiremos a los casos en los que no existen dudas, como son los trámites en los que ambos usuarios concurren al Seccional sin tener ST 08 papel y en los que se presenta un 08 papel cerrado, es decir, con la firma de ambas partes ya estampadas y certificadas.

El primero de dichos casos se encuentra previsto en la Disposición D.N. Nº 101/18, que expresamente establece “Cuando las dos partes intervinientes en un trámite de transferencia de dominio de automotores o motovehículos concurrieran personalmente a la sede del Registro Seccional a iniciar el trámite, si no contaran con una Solicitud Tipo “08” o no hubieran practicado la precarga a través del Sistema de Trámites Electrónicos (SITE), la petición se practicará mediante el uso de la Solicitud Tipo “08-D”. […] La precarga de la información en el Sistema Único de Registración de Automotores (SURA) deberá ser realizada por personal del Registro Seccional…”

O sea que cuando vienen ambas partes sin 08 papel, es obligación del Registro Seccional efectuar la precarga a través de SITE-RS, admitirla e imprimir la ST 08D, la que por imperio del Art. 2° Sección 1ra Capítulo I Título I del Digesto es entregada gratuitamente al usuario, es decir, se bonifica. Este supuesto nunca tuvo descuento, por lo que no hay cambios en la operatoria luego del vencimiento del mismo.

El segundo supuesto, esto es cuando el usuario o mandatario presenta la transferencia utilizando una ST 08 papel con las firmas de ambas partes certificadas, la Circular D.N. N° 42/2017 había aclarado que “… si se presentare un usuario con una Solicitud Tipo 08 debidamente completada y con las firmas de ambas partes certificadas, deberá dársele tratamiento como trámite no digital aun cuando se hubiere practicado la precarga a través del SITE”.

Posteriormente, se habilitó por Circular D.N. N° 32/18 como excepción a dicho tratamiento no digital el caso de la presentación de dicha 08 papel cerrado por parte de un mandatario que efectuara la precarga en SITE, en cuyo caso sí tendría tratamiento como digital y, por lo tanto, sería beneficiario de descuento. Atento la extinción del descuento, sería raro que un mandatario siga haciendo la precarga y gastando un 08D en estos supuestos, aunque claramente puede darse.

Por lo tanto, es claro que ante la presentación de los usuarios de un 08 papel “cerrado”, es decir, con las firmas de ambas partes certificadas, por más que haya precarga se utilizará dicha Solicitud Tipo para implementar el trámite, sin necesidad de imprimir 08D.

Ahora bien, finalmente, y en relación al supuesto que hoy en día nos está haciendo dudar a todos los actores del sistema, la solución también viene dada por la letra expresa de la norma.

En este caso, la respuesta está en nuestra norma básica, que es el Digesto de Normas Técnico Registrales, específicamente en la Sección 13ra del Capítulo II del Título II, en la que se regula lo referente a la “TRANSFERENCIA DE AUTOMOTORES Y MOTOVEHÍCULOS CON PRECARGA DE DATOS MEDIANTE SOLICITUD TIPO «08-D».

En dicha sección, en el Art. 3°, se contempla específicamente el caso bajo análisis: “Cuando alguna de las partes cuente con un juego de Solicitudes Tipo «08» en formato papel y del antiguo formato con las firmas de cualquiera de ellas debidamente certificadas, podrá optarse por efectuar la precarga de la totalidad de los datos exigidos a través del Sistema de Trámites Electrónicos (S.I.T.E.) para que sean volcados en la Solicitud Tipo «08-D»”.

Lo que debemos observar en primer lugar es que la norma ante el supuesto de presentación de un usuario con un 08 papel con sólo una firma certificada, le da la opción a dicho usuario de realizar o no la precarga, o sea puede hacerla o no.

Pero distinta es la situación respecto de la actitud que debe tomar el Registro Seccional ante la opción efectuada por el usuario. Si éste optó por hacer la precarga, dicho artículo establece que “En estos casos se procederá del siguiente modo:…” y a continuación detalla el procedimiento a seguir por parte del Seccional tendiente a imprimir el 08D y admitir dicho trámite en cuestión. Por lo tanto, es claro que ante un usuario que se presenta al Registro Seccional con un 08 papel con la firma certificada de cualquiera de las partes, si realizó la precarga, debe admitirse como trámite digital y por lo tanto, consumir un 08D.

Por el contrario, y a contrario sensu, se desprende de que, si no realizó precarga, se completará y certificará la firma de la parte faltante en el 08 papel presentado, no dándosele tratamiento de trámite digital.

Es de esta manera que la normativa nos da una solución clara al respecto, determinando la opción del usuario en cuanto a hacer o no la precarga, lo que nos obliga a darle o no tratamiento digital, y, en consecuencia, consumir o no un 08D.

Acerca del costo de la ST 08D

Evaluadas las directivas que nos da la normativa en relación a cuando se debe usar o no el 08D, y concluyendo que no depende de lo que quiera el Registro Seccional, sino en definitiva de cómo presente el trámite el usuario, haremos un breve análisis de quien es en realidad el que asume el costo de dicha Solicitud Tipo.

La cuestión no es menor, ya que a lo mejor algún Seccional, con la finalidad de ahorrarse el costo de dicha Solicitud Tipo 08D fuerza la situación y termina incumpliendo la norma expresa.

En el caso de los trámites que sean precargados por el mandatario no existen dudas, es el propio mandatario quien debe adquirir la ST 08D y obviamente trasladará dicho costo a su cliente. Como dijimos anteriormente, atento no tener beneficio alguno para el mandatario ni para su cliente hacer la precarga (salvo el ahorro de tiempo que implica no tener que llenar a mano o a máquina el 08 papel), creemos que no será muy utilizado por ellos.

Por otro lado, cuando es el Registro Seccional quien pone y bonifica la Solicitud Tipo 08D al usuario (en las distintas variantes que hemos visto anteriormente), es obvio que quien compra a los Entes Cooperadores dicha Solicitud Tipo es el Seccional. Ahora bien, este costo que asumen en un primer momento los Seccionales es luego reconocido por el Ministerio de Justicia al momento de liquidar emolumentos, ya que el 08D fueincluido en su momento dentro del listado de elementos registrales cuyo costo se deduce de la recaudación total para calcular emolumentos.

Es decir que, si bien los Registros Seccionales compran dicha documentación de su bolsillo, luego les es reconocido por el Ministerio al deducirse del giro que se hace todos los meses al mismo. Por lo tanto, podríamos decir que eventualmente el “costo” que tiene el Seccional al utilizar el 08D es la inmovilización del dinero utilizado para la compra del mismo hasta su efectiva utilización.

Pero ojo, la situación es distinta para aquellos Seccionales con menor cantidad de trámites que no llegan al mínimo a partir del cual se gira al Ministerio, en cuyo caso no hay giro del cual detraer el costo de los elementos registrales o en todo caso ese giro sólo está compuesto por el monto correspondiente a certificaciones de firma, que según cada caso, tampoco puede llegar a alcanzar…

Corolario:

Estamos en una etapa de transición claramente, en la que aguardamos la asunción de nuevas autoridades en Dirección Nacional, y serán ellas las que determinarán el futuro próximo del 08D y las transferencias digitales.

No obstante, en el corto plazo, ante la ausencia del descuento para dichas transferencias y la costumbre no perdida de entregar los vehículos en agencias con el “08 papel firmado”, seguramente nos encontremos con el regreso del nunca olvidado papel carbónico en muchos trámites que presentarán aquellos usuarios que compren un vehículo usado y les sea entregado dicho 08 papel con la firma certificada del vendedor, y concurran al Seccional para presentar el trámite, ya sea solos o con un mandatario.

Justamente la decisión de hacerle consumir o no un 08D al Registro la tendrá dicho usuario, al hacer la precarga del trámite en el SITE. Por su parte, los mandatarios no se verán seducidos a hacer la precarga ya que les implica el consumo y gasto de un 08D que ellos mismos deben adquirir.

Respecto del efectivo costo para el Seccional, como vimos, la utilización del 08D no genera una alteración mayor en la ecuación económica financiera del mismo (salvo para los que tengan pocos trámites mensuales), por lo que no es una excusa para perder los beneficios que conlleva la precarga y digitalización del trámite.

Dr. Fernando Daniel Malvestuto

Interventor

Registro Seccional 21062/45040

Cañada de Gómez Nro 2 y “B” – Santa Fe

Fernando Malvestuto

Dr. Fernando Malvestuto, Interventor del Registro Seccional Cañada de Gómez N° 2 y “B”, provincia de Santa Fe.

6° – 26.12.19: ¿Qué hacemos ahora con el 08 «D»?

5° – 07.10.19: Trailers y Placa Alternativa

4° – 22.08.19: La bancarización de aranceles y la nueva Disposición D.N. N° 234/19

3° – 11.02.19: ¿Enajenación de Prenda con Inhibición del adquirente?

2° – 20.11.18: Descuento por utilización del 08D y Transferencia por Sucesión

1° – 17.09.18: ¿Puede transferirse un auto cuyo titular vendedor ha firmado pero sabemos fallecido?

Trailers y Placa Alternativa

Fernando Malvestuto
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El Dr. Fernando Daniel Malvestuto es Interventor del Registro Seccional Cañada de Gómez N° 2 y “B”, en la provincia de Santa Fe. Se ha convertido en el nuevo responsable de Registro con mayor presencia en notas de evaluación registral. Hoy, un análisis de la identificación registral de acoplados, remolques y trailers recientemente normada por Disposición D.N. N° 323/19.

Acerca de la puesta en vigencia de la Disposición D. N. N° 125/18

La cuestión de los acoplados, remolques y trailers que por sus características son remolcados por automotores de uso particular y que tienen como destino el traslado de equipajes, pequeñas embarcaciones deportivas o elementos de recreación familiar, ha sido durante más de dos décadas una situación que si bien se encontraba laxamente regulada, casi nadie sabía bien dónde y generalmente la utilización de la chapa patente “101” se hizo más por una cuestión de costumbre que por el estricto cumplimiento de la normativa.

En efecto, dicha situación se encontraba perfectamente legislada en la Disposición D.N. N° 1136/96, que vino a agregar una alternativa a la identificación de dichos acoplados, remolques y trailers que había establecido la Disposición D.N. N° 31/95 y que consistía en colocar simplemente la chapa patente del vehículo remolcador en la parte trasera de aquellos.

Como la utilización de la propia placa del automotor remolcador resultaba (y resulta) poca práctica al tener que poner y sacar la misma cada vez que se tenía que remolcar el tráiler, la Disposición DN 1136/96 habilitó como alternativa a dicho procedimiento (que no derogó, y por lo tanto durante estas dos últimas décadas siguió vigente) la utilización de una placa metálica que contuviera el dominio del vehículo remolcador, pero precedido de la sigla “101”.

La Disposición en cuestión si bien agregó un diseño al que debían ajustarse dichas placas, dispuso la libre confección de la misma por el interesado, lo que llevó a que durante muchos años los usuarios pudieran adquirir las mismas en diversos comercios generalmente vinculados con la venta de repuestos automotores, y sin control alguno sobre los trailers a los cuales identificaba la misma.

El Decreto 32/2018 y los nuevos requisitos de circulación:

El 10 de enero de 2018, por medio del Decreto 32/2018 y en el marco de la introducción de varias modificaciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, se modificó sustancialmente la regulación que afectaba a los acoplados, remolques y trailers de uso particular, ya que pasó a exigirse para los mismos una “certificación de seguridad vehicular que por normas complementarias se establezca”.

Esta certificación de seguridad vehicular fue establecida además para los vehículos que carecen de LCM/LCA y es el “instrumento válido para acreditar el cumplimiento de las condiciones de seguridad activas y pasivas y de emisión de contaminantes, de conformidad con el inciso d) del artículo 33 del Título V del ANEXO 1 del Decreto Reglamentario N° 779/95, reglamentario de la Ley N° 24.449” tal como reza el Art. 1° de la Disposición N° 540/2018 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que reglamenta el mismo.

Además, se estableció que los mismos portarían una placa identificatoria alternativa, cuyas características y provisión se delegó en la autoridad de aplicación, es decir, la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios.

De esta manera, la intención de la norma fue que estos trailers, además de ser identificados con una placa específica, fue que se acreditara la efectiva capacidad para circular por la vía pública, cumplimentando las condiciones de seguridad activas y pasivas establecidas por la normativa de fondo.

La Disposición D.N. N° 125/2018 y su puesta en vigencia por Disposición D.N. N° 323/19

En este nuevo marco normativo dispuesto por el Decreto 32/2018 fue dictada por parte de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios la Disposición DN 125/2018, que vino a receptar todos estos nuevos requisitos que hacen a la circulación de los automotores introducidos por el Decreto en cuestión en la Ley Nacional de Tránsito, e incorporarlos en los procedimientos registrales.

En lo que respecta a la llamada categoría O1 que nos ocupa, esta Disposición aprobó en su Art. 5° el modelo de “Placa de Identificación Metálica para Trailers” e incorporó al Digesto la Sección 14ª en el Capítulo III, Título II, en la que se estableció el procedimiento a llevar a cabo para obtener dicha placa alternativa. Adicionalmente, derogó la normativa anterior que regulaba a los trailers, entre ellas obviamente la Disposición D.N. N° 1136/96.

No obstante, la Disposición DN 125/18 dispuso específicamente respecto de esta nueva regulación que la misma entraría en vigencia “cuando así lo disponga esta Dirección Nacional”.

Luego de demoras asociadas a la efectiva provisión de las placas metálicas por Casa de la Moneda (quien se encarga de su confección), Dirección Nacional dicta recientemente la Disposición D.N. N° 323/19 por la cual se ponen en vigencia los Arts. 5, 7, 11 y 12 de la Disposición D.N. N° 125/18, y con ello todo el nuevo sistema de matriculación de los acoplados, remolques y trailers de uso particular.

La nueva regulación y procedimientos:

1) Norma temporal y “moratoria” para regularización de vehículos ya en circulación:

Lo primero que regula la nueva Disposición es la adecuación de los trailers que ya se encuentran en circulación y que están identificados actualmente de acuerdo con la Disposición 1136/96 (la famosa chapa “101”), estableciendo que los propietarios de los mismos tendrán 12 meses a partir del 1ro de noviembre de 2019 (venciendo el plazo de gracia por lo tanto el 31 de octubre de 2020) para adecuarse, esto es, concurrir al Registro Seccional y tramitar la nueva placa alternativa.

Se entiende que luego de vencido dicho plazo, resultará en una infracción de tránsito la circulación de trailers sin la nueva placa de identificación alternativa.

2) Procedimiento de tramitación de la nueva placa de identificación alternativa:

En segundo lugar, la nueva Disposición pone en vigencia los Arts. 5, 7, 11 y 12 de la Disposición DN 125/18, y con ello, como se dijo, el nuevo modelo de placa, la derogación de la normativa anterior y la nueva sección 14ª del Capítulo III del Título II del Digesto, que justamente establece el procedimiento al que deben ajustarse los usuarios que quieran obtener dicha placa.

Si bien el procedimiento surge claro de la lectura del articulado de la nueva sección 14ª, los puntos a destacar son los siguientes:

La solicitud se realiza mediante precarga en la página de DN o directamente en el Registro Seccional mediante Site RS (Disposición DN 101/18).

– La Placa de identificación alternativa para trailers llevará el número de dominio del automotor de remolque (pero sin el 101).

La solicitud la tiene que realizar el titular registral del automotor de remolque o quien acredite ser adquirente de éste y peticione simultáneamente la transferencia del mismo (no existe acreditación alguna de la titularidad del tráiler).

– No se abona arancel alguno por el trámite, salvo el correspondiente a la certificación de firma (parecería que la chapa también será bonificada, como sucede con las placas comunes en los 0km).

Debe acreditarse la categorización como O1 y su aptitud para circular por la vía pública mediante Certificación de Seguridad Vehicular o Certificado de Fabricación de donde surge que el mismo cuenta con LCM.

Presentar dos fotografías en soporte papel (vista lateral y trasera).

La placa se solicita al Ente Cooperador y cuando llega es entregada junto con una copia certificada de la Certificación de Seguridad Vehícular o Certificado de Fabricación presentado.

Todo el trámite puede realizarse de manera electrónica por medio de la página (con un procedimiento a implementarse para subir la documentación escaneada) o enviando todo escaneado por email, abonando VEP asociado al CUIT del titular registral del vehículo remolcador, y concurriendo al Registro Seccional sólo a retirar (puede ir un tercero con recibo de pago) las placas y en ese momento presentar los originales.

3) Algunas consideraciones finales a tener en cuenta:

Como vemos, este nuevo trámite innova en algunas cuestiones interesantes como son la presentación de la documentación escaneada, introduciendo una forma de presentación hasta ahora no prevista (aunque siga siendo necesario presentar luego los originales, por lo menos hasta que la firma digital permita validar este tipo de documentación) pero que tiene como fin evitar la doble asistencia del usuario al Registro Seccional, y por otro lado porque estamos entregando una chapa a una cosa mueble no registrable.

En efecto, los trailers son cosas muebles que van a circular por la vía pública y que portarán una chapa identificatoria, pero ésta no es independiente del vehículo remolcador, sino que por el contrario reproduce el dominio de éste, por lo que difícilmente podamos decir que esa chapa identifica sólo a ese tráiler. Por el contrario, si el titular del vehículo remolcador tiene dos o tres trailers distintos entendemos que debería presentar un trámite por cada uno de ellos (para así de esta manera controlar la efectiva capacidad de circular en la vía pública de cada uno), pero en todos los casos la chapa siempre va a ser idéntica (porque reproduce el dominio del vehículo remolcador).

Otro supuesto que generará dudas es ¿qué sucede si ese tráiler es remolcado por más de un vehículo? (situación muy habitual). Nuevamente la lógica indica que debería presentarse un trámite por cada uno de los vehículos remolcadores, haciendo mención a que la certificación de seguridad vehicular o el certificado de fabricación con LCM ya obra glosado en el legajo del otro vehículo remolcador (porque al usuario sólo se le devuelve una copia certificada del mismo por lo que indica el Art. 4° inc. e) de la Disposición DN 323/19).

Por otro lado, decimos que el tráiler no va a ser una cosa mueble registrable porque en efecto al Registro no se va a acreditar de ninguna manera el origen o titularidad del tráiler, por lo que no hay inscripción constitutiva del derecho real de dominio, sino que simplemente se hace una presentación a los meros fines de acreditar que esa cosa mueble puede circular por la vía pública y de identificarlo con una chapa alternativa relacionada a otro dominio si inscripto que es el vehículo remolcador.

No obstante, consideramos la norma un avance respecto de la regulación de los trailers, superadora de la placa “101” que de ninguna manera acreditaba que ese tráiler se encontraba apto para circular por la vía pública, en un contexto en el cual circulan día a día miles de estos vehículos, algunos de los cuales son de tamaño considerable y obviamente provocan un riesgo latente para la seguridad vehicular en general.

Obviamente la regulación no está exenta de situaciones que habrá que interpretar y de eventuales correcciones y/o aclaraciones que se realizarán por circulares a medida que sean necesarias, pero bienvenida sea la oportunidad de ayudar al ordenamiento del tránsito con un trámite simple y económico para los usuarios.

Dr. Fernando Malvestuto

La bancarización de aranceles y la nueva Disposición D.N. N° 234/19

El Dr. Fernando Daniel Malvestuto es Interventor del Registro Seccional Cañada de Gómez N° 2 y “B”, en la provincia de Santa Fe. Muy prolífico desarrollador de temas registrales, hoy presenta su cuarto artículo en Panorama (Ver Aquí sus previos), donde desarrolla los medios de pago aptos para el trámite de Inscripción Inicial. Un muy interesante desarrollo y entrecruzamiento de normas, que deseamos arroje finalmente luz.

Introducción

La temática referida a los medios de pago que pueden utilizar los usuarios del sistema registral automotor siempre ha sido fuente de conflictos e interpretaciones variadas, en gran parte a que es un tema que vincula aristas impositivas de las partes involucradas y a los fiscos, y, por otro lado, a una técnica legislativa que no ha sido del todo clara en algunos casos por parte de la Dirección Nacional. 

En efecto, cómo se paguen los aranceles e impuestos que perciben los Registros Seccionales afecta por un lado al propio Encargado, ya que en algunas jurisdicciones son sujetos de retenciones impositivas por parte de los fiscos provinciales (el tristemente célebre Sircreb de Ingresos Brutos)

que se niegan a entender que se trata de fondos públicos (lo que lleva a que algunos Interventores/Encargados sean reticentes a recibir depósitos bancarios y prefieran los pagos en efectivo), y por otro lado, también afecta a Mandatarios, para quienes no es lo mismo pagar mediante depósito por ventanilla/cajero automático o tener que hacerlo por transferencia (previo depósito en sus propias cuentas). 

Finalmente, como adelantamos, la fuente de interpretaciones diversas también puede buscarse en las sucesivas Disposiciones y Circulares dictadas por Dirección Nacional que van variando la situación en el tiempo, y a veces cuesta hilar la concatenación de cambios y establecer en definitiva qué está vigente y qué no. 

Por lo tanto, atento el reciente dictado de la Disposición D.N. N° 234/19 (y su aclaratoria por Circular D.N. N° 24/19), resulta necesario realizar un análisis de cuáles son, a nuestro humilde criterio, los medios de pago habilitados para abonar los aranceles e impuestos correspondientes a los trámites de inscripciones iniciales, realizando para ello un análisis sistemático de la normativa vigente. 

La Disposición D.N. N° 190/16 (y su Circular aclaratoria D.N. N° 23/16): 

La Disposición D.N. N° 234/19

Esta Disposición entró en vigencia el 01/06/2016 y fue dictada en el marco de la Resolución M.E. y J. N° 2047/86 (que marcó el comienzo del pago de los aranceles en los Registros Seccionales). 

Con la intención de ampliar los medios de pago que se encontraban a disposición de los usuarios del sistema registral, por un lado, y de dotar de mayor seguridad tanto para los usuarios como para los propios Registros Seccionales, dispuso la obligatoriedad de realizar el pago de los aranceles y tributos correspondientes a los trámites de inscripción inicial de dominio mediante una transferencia bancaria o depósitos directos en las cuentas del Encargado. 

Como en un comienzo la norma no aclaró, de la lectura de la misma era claro que la exclusividad de utilizar dichos medios de pago para el trámite de inscripción inicial resultaba obligatorio para todos los usuarios, lo que obviamente ocasionó que resultara poco práctico para el usuario particular que se presentaba en el Registro Seccional con todos los papeles y el efectivo para realizar el trámite de inscripción inicial y se encontraba con la noticia de que debía dirigirse a alguna entidad bancaria para realizar el depósito y recién ahí volver y presentar el trámite. 

Obviamente que dicha situación originó molestias al usuario final, y llevó a que rápidamente (antes de la misma entrada en vigencia de la Disposición DN 190/16) se dictara la Circular D.N. N° 23/16 que aclaró que la obligatoriedad de utilizar dichos medios de pago era solamente para comerciantes habitualistas, gestores matriculados y meros presentantes, mientras que “los usuarios que actúen por derecho propio en el Registro Seccional (peticionantes), a opción de estos, podrán abonar dichos conceptos por depósito o transferencia bancaria, tarjeta de débito o efectivo en caja”

En el mismo sentido, y para recalcar que dicha obligatoriedad no alcanzaba al usuario particular, la Circular D.R.S. N° 15/16 (dictada para que los Encargados informen debidamente los datos bancarios en la página de Dirección Nacional), recalcó que: “Por último y a fin de evitar errores interpretativos, es dable mencionar que el uso del sistema bancarizado para el pago de las sumas correspondientes a los trámites de Inscripciones Iniciales resulta opcional cuando los mismos sean peticionados directamente por el adquirente de la unidad”. 

La Disposición D.N.N° 107/18 (y su Circular Aclaratoria D.N. N° 23/18): 

La Disposición en cuestión fue dictada luego del Convenio suscripto entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Administración Federal de Ingresos Públicos, que contempló la utilización del sistema OSIRIS de AFIP para el cobro y gestión de la recaudación de las tasas percibidas en el ámbito de la Dirección Nacional y otras dependencias del Ministerio. 

La Disposición D.N. N° 107/18

En dicho marco, dispuso la obligatoriedad de la generación de un Volante Electrónico de Pago para abonar los aranceles y tributos derivados del trámite de inscripción inicial, utilizando para ello de manera previa el estimador de costos que había sido establecido por Disposición DN N° 98/18. 

Ahora bien, la norma traía un error conceptual, ya que luego de establecer que debía generarse el VEP de forma obligatoria, habilitaba que el pago de éste podía realizarse por los medios que AFIP permite, o mediante depósito o transferencia bancaria del Registro Seccional, cuando es claro que con estos dos últimos medios el VEP no se iba a cancelar en el sistema Osiris, y por lo tanto, carecía de sentido generar ese VEP si no se iba a cancelar mediante los medios electrónicos dispuestos por AFIP para ello. 

Fue así que la Circular D.N. N° 23/18 vino a aclarar la situación y dispuso que “…cuando el pago se efectivice mediante depósito o transferencia en la cuenta del funcionario a cargo del Registro Seccional, bastará con que se acompañe en la sede registral la impresión del presupuesto que arroje el estimador de costos”, dejando de lado la generación sin sentido del VEP cuando se optara por dichos medios de pago. 

De la misma manera que lo hecho con anterioridad, esta Circular aclara que “… esta operatoria no resulta obligatoria cuando se trate de trámites presentados por el propio adquirente, en el cual podrá cobrarse el mismo en la caja de la sede registral.” 

La Disposición D.N. N° 234/19 (y su Circular Aclaratoria D.N. N° 24/19): 

Como vimos en los dos puntos anteriores, hasta el dictado de la presente Disposición era claro que el usuario particular podía abonar los aranceles y tributos vinculados al trámite de inscripción inicial mediante cualquiera de los medios de pago habilitados, lo que Dirección Nacional se encargó de recalcar en cuanta circular referida a dicho aspecto dictó. 

Por su parte, esta nueva Disposición, estableciendo en sus considerandos que “… los depósitos directos en las cuentas de los Encargados siguen implicando traslados de efectivo para los usuarios”modificó el Art. 1° de la Disposición D.N. N° 190/16eliminando la posibilidad de abonar aranceles y tributos mediante depósitos bancarios en la cuenta del Encargado, manteniendo en vigencia los restantes medios de pago (transferencias bancarias, tarjeta de débito o VEP). 

Acto seguido, en su Art. 2° la Disposición establece que “… se recuerda que el resto de los medios de pago habilitados con posterioridad a la Disposición DN N° 190/16 para la percepción de aranceles registrales gozan de plena vigencia.” 

Posteriormente, se dictó otra nueva Circular Aclaratoria, la DN 24/19, pero que en vez de aclarar de manera contundente como hicieron las dos anteriores (23/16 y 23/18), generó algunas dudas interpretativas entre los diversos actores del sistema. 

Ello porque en primer lugar la Circular en cuestión aclara que la modificación del Art. 1° de la DN 190/16 se hizo “con el objeto de eliminar la posibilidad de abonar las sumas que nos ocupan mediante el depósito de dinero en efectivo por “ventanilla” en un banco.” 

Pero en segundo lugar, cuando esperábamos a la “vieja usanza” que se aclarara in fine que los usuarios particulares podían seguir utilizando cualquier medio de pago, la nueva Circular establece que éstos “… podrán abonar dichas sumas de acuerdo con lo establecido en la Disposición que nos ocupa –que ya no contempla los depósitos- o mediante el pago con dinero en efectivo en la caja del Seccional, tal como oportunamente se indicara en la Circular DN N° 23/16 –que si contemplaba expresamente el depósito-

Por lo tanto, nos encontramos ante una Circular que lejos de aclarar, genera mayor confusión, ya que por un lado dice que el particular puede abonar por alguno de los medios de la Disposición D.N. N° 190/16, la que, con la nueva modificación, no permite depósitos bancarios, o mediante dinero en efectivo en la caja del Seccional, pero en este último caso refiriéndose a la Circular DN 23/16 que claramente le permite también al usuario abonar mediante depósito bancario, y que en rigor de verdad, sigue vigente porque no fue expresamente derogada o modificada. 

Esbozando algunas conclusiones interpretativas: 

Como vemos, quien no tenga presente la normativa anterior que llevó al dictado de la última Disposición, puede quedar sumamente desconcertado sobre qué medios de pago se encuentran habilitados y para quienes. Pero aún teniendo presente toda la normativa anterior, y efectuando un análisis sistemático de la misma, también quedamos un poco desconcertados

No obstante, ante una falta de claridad del propio texto de la norma, consideramos necesario realizar una interpretación congruente con los fines y valores que tiene la actual gestión de Dirección Nacional, que es facilitarle al usuario la realización de los trámites y ello de ninguna manera puede lograrse limitándole a éste medios de pago

Pero por otro lado, también creemos que la interpretación sistemática de la nueva normativa con toda la anterior nos puede llevar a la misma conclusión, ya que el Art. 2° de la Disposición DN 234/19 es claro en cuanto se encuentran habilitados todos los medios de pago habilitados con posterioridad a la Disposición D.N. N° 190/16, o sea que tienen vigencia las Circulares DN 23/16 y 23/18 que habilitan al usuario particular a abonar por cualquier medio de pago. Máxime teniendo en cuenta que la Circular DN 24/19 hace referencia a la plena vigencia de la Circular DN 23/18 que expresamente le habilita al usuario particular la posibilidad de realizar depósitos. 

Por lo tanto, a modo de conclusión, la interpretación que propiciamos, es la siguiente: 

  1. Para los comerciantes habitualistas, mandatarios y meros presentantes, los aranceles y tributos relacionados con los trámites de inscripción inicial, deben ser abonados obligatoriamente mediante transferencias bancarias, tarjeta de débito o generación y pago electrónico de VEP. 
  2. Para los usuarios particulares que presentan su trámite de inscripción inicial, sigue vigente la posibilidad de abonar dichos conceptos por cualquiera de los medios habilitados, incluso depósitos bancarios en la cuenta del Registro Seccional. 

Comentario final sobre el concepto “ventanilla”: 

Finalmente, consideramos que la nueva normativa también genera confusión en cuanto a que se consideran depósitos por “ventanilla” del banco. 

En la actualidad, y gracias a los nuevos cajeros automáticos que “cuentan” el dinero en el mismo acto del depósito y con acreditación inmediata, la mayoría de los depósitos bancarios que se presentaban en los Registros Seccionales obedecían a este mecanismo, ya que la diferencia en tiempo para realizar el deposito por este mecanismo en comparación con hacerlo por “ventanilla”, es importante, y por otro lado, la mayoría de los bancos también impide realizar depósitos por “ventanilla” cuando éstos son menores a cierta cifra (habitualmente $5.000). 

Por lo tanto, si propiciamos que la aclaración efectuada por Circular DN 24/19 en cuanto lo que se buscó con la nueva Disposición es eliminar solamente la posibilidad de hacer depósitos por “ventanilla”, y que seguiría vigente la posibilidad de realizarlos por cajero automático, estaríamos realizando una interpretación muy forzada, ya que en primer lugar, la nueva Disposición directamente elimina la posibilidad de depósitos bancarios en las cuentas del Registro Seccional, como permitía primigeniamente la Disposición DN 190/16, al suprimirlo del texto del Art. 1° de ésta. 

Por otro lado, también surge de los considerandos de la nueva Disposición que la finalidad fue evitar el traslado de dinero en efectivo: “… los depósitos directos en las cuentas de los Encargados siguen implicando traslados de efectivo para los usuarios.”, y no quedan dudas que los depósitos por cajero automático son depósitos directos y que hay que llevar el dinero en efectivo hasta el banco… 

En conclusión, creemos que, nuevamente, la Circular DN 24/19 efectúa una confusión innecesaria incluyendo el término “ventanilla”, y que es claro de acuerdo a los considerandos y la misma exclusión del término “depósito bancario” del Art. 1° de la Disposición D.N. N° 190/16 por parte de la reciente Disposición D.N. N° 234/19, que lo que se prohibió es directamente realizar depósitos bancarios en la cuenta del Registro Seccional, ya sean estos efectuados por “ventanilla” como también por cajero electrónico. 

Dr. Fernando Daniel Malvestuto