Dra. Jimena Lennard, Publicaciones

La Dra. Jimena Lennard es abogada (posgrado en Derecho Tributario) de la «Oficina Firma Digital» de la D.N.R.P.A. Habiendo comenzado su participación en nuestra revista a fines de 2017, esta es la enumeración de sus publicaciones:

~ 05.02.20: Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, unidos por las “Patentes”

~ 29.10.19: Inexistencia del Asentimiento Conyugal

~ 18.06.19: Exención de pago de patentes y vehículos municipalizados

~ 08.04.19: Disponibles en el Celular

~ 17.12.18: Marcha atrás en el Impuesto a los Bienes Personales

~ 16.10.18: Formas de Impugnación

~ 13.07.18: La acción de reivindicación respecto de bienes muebles registrales

~ 14.05.18: Trámites arancelados, normativa y modificaciones

~ 08.03.18: La guarda de los vehículos secuestrados por las autoridades de control

~ 08.11.17: Caducidad de la Inhibiciones Generales de Bienes

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, unidos por las “Patentes”

La Dra. Jimena Lennard es abogada (posgrado en Derecho Tributario) de la «Oficina Firma Digital» de la D.N.R.P.A. Comenzó a participar en Panorama en 2017, y en este caso nos presenta un análisis relativo a la «Chapa-Mercosur» y su implementación en los distintos países del bloque.

«El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es un acuerdo de integración regional instituido inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, al cual en fases posteriores se han incorporado Venezuela y Bolivia».

«Esta unión tiene como objetivo final, propiciar un espacio común que generará oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales».

«La Unión Europea, por su parte, data de un tiempo anterior, y fue haciendo en ciertos aspectos de referencia a los demás bloques de integración, en diferentes temas, ya sea políticos, jurídicos o de intercambio cultural. El flujo y tránsito entre países de las regiones que conforman los distintos bloques es fundamental, tanto para la libre circulación de mercaderías, factores productivos y personas. Una manera de que esto aumente, es facilitarlo, pero a su vez acompañado de formas de control eficientes y comunes a las distintas jurisdicciones. En este sentido, la Unión Europea reglamentó la placa patente común, teniendo en cuenta requisitos de la “Convención de Viena” sobre el tráfico en carreteras, el cual declara que los vehículos que crucen una frontera, tienen que mostrar un código distintivo del país del que proceden en la parte trasera del vehículo».

La placa brasileña

«En la órbita del Mercosur, no solo entró en vigencia la placa patente común, sino que también, lo que a mi entender es más importante aún el “Sistema de Consultas sobre vehículos”, que permite  evitar fraudes y falsificaciones, y contribuir a la lucha contra los delitos transfronterizos, tales como robos de vehículos, trata de personas y narcotráfico, entre otros».

«Por reglamentación se establecieron datos mínimos a ser compartidos entre los Estados parte, como, nombre, apellido y documento nacional de identidad del titular registral; patente; tipo de vehículo; marca y modelo; año de fabricación; número de chasis; informes de robos y hurtos».

La placa paraguaya

«El proceso de adhesión de los países que conforman el MERCOSUR al sistema único de placa es paulatino. Primero se unió Uruguay, luego Argentina, Brasil y Paraguay: este último lo implementó el 04 de Abril del año 2019. En el caso de Brasil, Río de Janeiro fue la primera de las veintiséis jurisdicciones de dicho país, que estrenó en la región».

«Cada Estado parte, es el encargado de la distribución de los caracteres alfanuméricos de la patente, no debiendo coincidir con la de ningún otro Estado parte, con el objetivo de no haya obstrucción y confusión en su lectura y que permita, entonces, la identificación y fiscalización de los autos».

La placa uruguaya

«Respecto de los plazos de implementación según la Resolución GMC Nº 12/17 (Resolución del Grupo de Mercado Común), se acordó que ´será de uso obligatorio para todos los vehículos registrados por primera vez a partir del 1° de Enero de 2016 (…) sin perjuicio cualquier Estado parte, en cumplimiento de sus respectivas normas internas, podrá aplicar la patente Mercosur respecto de los vehículos ya registrados.”

«Por último y a contramano de las políticas de integración de la región, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en el año 2019 expresó públicamente en varias oportunidades su voluntad de dejar de formar parte de este acuerdo: ´Le pedí al Ministro de Infraestructura que analice la forma legal para anular la placa del Mercosur´. Es importante recalcar, que Brasil cuenta con una flota de 97 millones de vehículos, casi el 80% del total de los del bloque».

Dra. Jimena Lennard

«Oficina Firma Digital» de la D.N.R.P.A.

Inexistencia del Asentimiento Conyugal

Jimena Lennard
Todos sus artículos

La Dra. Jimena Lennard es abogada (posgrado en Derecho Tributario) de la Oficina Firma Digital de la D.N.R.P.A. Habiendo comenzado su participación en nuestra revista a fines de 2017, hoy nos acerca un nuevo artículo, donde trata las interpretaciones existentes respecto de la carencia del asentimiento conyugal para disposición de bienes gananciales.

«Ya en otro artículo de ´Panorama Registral´ (Ver aquí), se ha informado acerca del asentimiento conyugal, enfocado a cuales eran los requerimientos. En este caso trataremos la hipótesis de inexistencia del asentimiento a la hora de transmitir un bien registrable y cuáles sus efectos legales».

«El asentimiento previsto en el art. 470 del Código Civil y Comercial se funda “en el derecho en expectativa que generan los bienes gananciales”, siendo necesario el asentimiento del cónyuge no titular para “enajenar o gravar”: a) bienes registrables, b) acciones nominativas no endosables y las no cartulares, con excepción de las autorizadas para la oferta pública, sin perjuicio de la aplicación del artículo 1824; c) las participaciones en sociedades no exceptuadas en el inciso anterior; d) los establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios».

«Existen distintas tesis doctrinarias respecto de este tema, luego veremos cual hace suya el Código Civil, pero es importante saber el abanico de argumentos que hay respecto de la carencia de asentimiento conyugal».

1. Tesis de la inoponibilidad: Sería un fraude similar al que se realiza en perjuicio de los acreedores. El acto no es inválido (nulo o anulable), sino que es inoponible, es decir, que el cónyuge perjudicado puede comportarse como si el acto en cuestión no hubiese sido realizado.

2. Tesis de la invalidez: Algunos dicen que el acto es nulo y otros anulables.

3. Necesidad de justa causa: La ley exige que concurran las voluntades de ambos cónyuges para que se perfeccione el acto de disposición, o sea, que el cónyuge no disponente tiene la facultad de asentir o no con el negocio que pretende celebrar el titular.

4. Compromiso de obtener el asentimiento: El cónyuge que realiza el acto declara su estado civil pero igualmente se omite requerir el asentimiento del otro cónyuge, basándose en su ocasional ausencia, o en el compromiso de obtener su ulterior confirmación del acto. Si en vez de otorgar el asentimiento o la confirmación del cónyuge solicitara la anulación del acto realizado sin su asentimiento, ésta debería prosperar porque el adquirente habría asumido el riesgo del negocio; y siendo parte de él no podrá prevalerse de la disposición que ampara a los terceros de buena fe que adquieren a título oneroso.

«El nuevo Código Civil, el art. 456 del cód. Civil y Comercial –al que remite el art. 470 del mismo Código–aporta claridad, que el cónyuge de cuyo asentimiento se ha prescindido puede reclamar la nulidad del acto. Es entonces que quien se vio perjudicado, por vía judicial  podrá interponer una acción, para que un Juez competente determine la validez de la operación de traslación de dominio».

«En caso de determinarse, la nulidad será relativa y como  lo dispone el art. 390 del Código Civil y Comercial–, el cónyuge que vendió el bien ganancial prescindiendo del asentimiento tendrá que restituirle al adquirente el precio recibido y todas las ventajas derivadas de la operación declarada inválida».

«La sanción de nulidad relativa implica que: a) la nulidad sólo puede ser invocada por el cónyuge que debió prestar el asentimiento omitido; b) el cónyuge afectado puede confirmar el acto en forma expresa o tácita, y c) declarada la nulidad, las cosas deben volver al mismo o igual estado en que estaban antes del acto anulado, lo que implica la restitución del bien o el levantamiento del gravamen sin perjuicio de la protección de los terceros de buena fe, adquirentes a título oneroso».

«El código fija un plazo de caducidad de seis meses para que el cónyuge que no asintiere, demande la nulidad. Pero muchas veces, transcurre ese plazo sin que la parte que no tenía conocimiento, pueda iniciar una acción».

«Respecto del peso de la prueba, el mismo recae  sobre el que alega la nulidad. La  Corte Suprema ha resuelto que “es improcedente una petición de nulidad si, al  formularla, no se  precisan ni se determinan los vicios en que se la funda”. Para demostrar la existencia de la nulidad, puede hacerse uso de todos los medios de prueba que la ley admite, en el Código Procesal Civil de la Nación».

Dra. Jimena Lennard

Exención de pago de patentes y vehículos municipalizados

Jimena Lennard

La Dra. Jimena Lennard es abogada (posgrado en Derecho Tributario) de la Oficina de Oficios Judiciales de la D.N.R.P.A. Habiendo comenzado su participación en nuestra revista a fines de 2017, hoy nos acerca un nuevo artículo, donde aclara cuestiones referidas a la recaudación y base imponible del Impuesto de Patentes.

Intentaremos aclarar algunas dudas respecto al impuesto provincial de Patentes que se cobra a nivel federal en cada jurisdicción, si bien tienen particularidades por región, encontramos líneas generales para estar informados del tema.

El monto de estas rentas de Patentes se calcula la base imponible, a partir del precio de compra del vehículo y del modelo y año de fabricación. La cantidad a pagar varía en cada provincia, pero aproximadamente se ubica cerca del 3,5% del valor del vehículo.

Cuando el auto supera una determinada antigüedad y su valor monetario es inferior a un monto establecido, se descentraliza del ente recaudador provincial, y pasa a municipalizarse. Si el vehículo ha sido municipalizado, para realizar consultas, reclamos y trámites respecto al impuesto automotor el contribuyente deberá acercarse a las oficinas del Municipio.

Esta delegación de facultades, abarca también las deudas, salvo las que ya se encontraren bajo un plan de regularización o las que estén sometidas a un juicio de apremio.

En muchas jurisdicciones se municipaliza por una cierta cantidad de años y luego automáticamente no se paga más el impuesto, es decir el contribuyente que cumpla esas condiciones queda exento del pago.

Cabe resaltar que como esta revista tiene lectura a nivel nacional, no mencionamos plazos, y cada fisco provincial establece los plazos en su propio “Código Fiscal”. En el caso de la provincia de Buenos Aires, se podrá consultar si un vehículo fue municipalizado, ingresando el número de dominio en el siguiente link: Consultas

La crítica actual a muchos municipios es que antes solo se pagaban tres cuotas anuales, y han aumentado la periodicidad pasando a tributar en cinco cuotas por año calendario, a través de la modificación de las ordenanzas municipales, con el objetivo de mejorar los índices de la recaudación municipal. Habrá que estar atentos a la jurisprudencia “Contencioso Administrativa” respecto de este punto.

Dra. Jimena Lennard

Marcha atrás en el Impuesto a los Bienes Personales

Jimena Lennard

La Dra. María Jimena Lennard es abogada de la Oficina de Oficios Judiciales de la D.N.R.P.A. Habiendo iniciado su participación a fines del año pasado, sus sintéticas y precisas explicaciones la convirtieron en una de la columnistas más leídas de nuestro medio. Hoy continúa con un análisis referido al Impuesto de Bienes Personales. Desde la promesa de su eliminación al actual aumento de alícuotas.

Hace ya un tiempo, todo indicaba que el impuesto a los Bienes Personales iba a desaparecer, siendo así, que por ejemplo dentro del esquema curricular de las materias de grado y posgrado de algunas Universidades que dictan Derecho Tributario se había eliminado, este tributo específico, que nació en 1991, con carácter temporal y de emergencia.

El mismo se aplica a todas las propiedades de las personas, en el país y en el exterior, siempre teniendo en cuenta el mínimo exento, cuyo parámetro es la valuación fiscal (el valor de los vehículos para hacer los cálculos del impuesto será el que determine la Administración Federal de Ing

resos Públicos). Ahora bien en el año 2018, tuvimos novedades y en especial para quienes son propietarios de automotores, ya que justamente lo que ha variado es la valuación fiscal que toma en cuenta la AFIP (modificación de Ley de Presupuesto Nacional), siendo que en el futuro deberá basarse en la tabla que formula nuestra Dirección Nacional de Registro Automotor y Créditos Prendarios (tablas que se emplean para la transferencias de dominio), dejando de la lado que diseña la Superintendencia de Seguros de la Nación, que era visiblemente inferior.

La consecuencia del cambio de valuación de los vehículos, es que aumentará el monto imponible (la porción de riqueza sobre la que se determina el impuesto); esta modificación entrará en la liquidación que cierra el 31 de Diciembre y que se pagará en Junio del año 2019.

El dictamen de la AFIP (Nº 1/18) estableció que los autos deben declararse por cinco años, incluyéndose el año de alta y de la última cuota de amortización. La reforma no tomó en cuenta los pasivos; una persona que adquiere el dominio mediante un plan de ahorro o lo compra con una prenda, debe pagar por el valor real del vehículo determinado por el Registro, sin poder deducir lo que debe.

Por último queda agregar que se modificó la alícuota del impuesto dejando de ser para todos del 0,25%, cambiándola por tasas progresivas que se incrementan según el valor de los bienes.

Evidentemente para los contribuyentes, esto podría incidir en sus próximas Declaraciones Juradas, o el organismo recaudador podría determinar de oficio una superior categoría

tributaria. Estos cambios atentan contra su seguridad jurídica, ya que en 2016, a través de la Ley de Sinceramiento Fiscal se redujeron las alícuotas de Bienes Personales y se le prometió a los contribuyentes que en 2019 se eliminaría este impuesto.

Sólo dos años más tarde, no sólo que no se elimina, sino que se aumentan las alícuotas. Por lo tanto, alguien que entró al “blanqueo” confiando en que no pagaría bienes personales, o de pagar el impacto sería mínimo, hoy se ve  perjudicado.

Dra. María Jimena Lennard