Dra. Mónica Sticconi, Publicaciones

Mónica Sticconi

La Dra. Mónica Sticconi es especialista en Derecho Administrativo. Se desempeña como abogada en su estudio jurídico; y como docente en Cursos de Capacitación de Mandatarios en la Universidad Abierta Interamericana y en la Fundación Sol de Mayo de la misma ciudad.

~ 09.10.19: Retención Indebida del Automotor

~ 30.09.19: El procedimiento especial de Ejecución Prendaria (art. 39 de la LPR)

~ 13.08.19: Documentación para circular: las Cédulas Digitales

~ 20.05.19: Las Solicitudes Tipo 08 y 08 «D» no caducan con la muerte del Titular

~ 29.04.19: La expedición de Copia del Contrato de Prenda

~ 25.04.19: Cambio de Género: Exención de aranceles

~ 28.02.19: SUGIT: Entrega de documentación, Negativa de pago y Seguridad Vial

~ 25.11.18: La Denuncia de Compra y Posesión y la muerte del «poseedor»

~ 30.08.18: El «Secuestro Judicial» del automotor posterior a la Denuncia de Venta

~ 10.07.18: Automotores Armados Artesanalmente

~ 13.08.15: Disposición D.N. Nº 353/15 – «Solicitudes Tipo”

El procedimiento especial de Ejecución Prendaria previsto en el artículo 39 de la Ley de Prenda

La Dra. Mónica Sticconi es especialista en Derecho Administrativo y docente en cursos de Formación de Mandatarios. En este artículo, Mónica trata el procedimiento especial de ejecución prendaria previsto en el artículo 39 de la Ley de Prenda con Registro, según la jurisprudencia. Un detallado análisis de las dos posturas que se han ido perfilando respecto a la ejecución prendaria extrajudicial.

«La Ley de Prenda con Registro –Ley 12.962– establece un procedimiento especial de ejecución prendaria para el caso de incumplimiento de las obligaciones garantizadas con el derecho real de prenda«.

«Contemplado en el Art. 39 de la referida norma, nos señala: “Cuando el acreedor sea el Estado, sus reparticiones autárquicas, un banco, una entidad financiera autorizada por el Banco Central de la República Argentina una institución bancaria o financiera de carácter internacional, sin que tales instituciones deban obtener autorización previa alguna ni establecer domicilio en el país, ante la presentación del certificado prendario, el juez ordenará el secuestro de los bienes y su

entrega al acreedor, sin que el deudor pueda promover recurso alguno. El acreedor procederá a la venta de los objetos prendados, en la forma prevista por el artículo N° 585 del Código de Comercio, sin perjuicio de que el deudor pueda ejercitar, en juicio ordinario, los derechos que tenga que reclamar el acreedor. El trámite de la venta extrajudicial preceptuado en este artículo no se suspenderá por embargo de bienes ni por concurso, incapacidad o muerte del deudor.”

«Lo estatuido en el artículo transcripto, da cuenta de un procedimiento especial de ejecución prendaria otorgado solo en caso de que los acreedores prendarios sean el Estado, bancos o entidades financieras, y por el cual se contempla la posibilidad de que se obtenga el secuestro del automotor con la intervención de un Juez, para luego continuarse la ejecución, o realización del bien, en forma extrajudicial».

«Con el proceso inflacionario por el que atraviesa nuestro país, este procedimiento ha entrado en reiterados análisis jurisprudenciales, enfrentándose también a las normas relacionadas con la defensa del consumidor».

«En la presente publicación pretendo, entonces, revelar dos posturas que se han ido perfilando respecto a la ejecución prendaria extrajudicial».

«En el fallo judicial dictado el 02/02/2017 por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Junín, Pcia. de Buenos Aires, en los caratulados “Fiat Crédito Cía. Financiera SA. c/ De Natale, César Leandro s/ Acción de Secuestro (Art. 39 Ley 12962)”, en voto mayoritario se decidió la inaplicabilidad del procedimiento de secuestro previsto por el Art. 39 de la Ley de Prenda con Registro a las relaciones de consumo«.

«Para así decidir, el voto mayoritario se inclinó por las siguientes conclusiones: Si el procedimiento de secuestro prendario es peticionado por entidades financieras, resulta de aplicación las normas del derecho de defensa del consumidor atento a que estas entidades resultan ser

“proveedoras” de servicios, lo que hace presumir una relación de consumo que hace aplicables las normas de la Ley 24240. Las normas de defensa del consumidor son de orden público y vienen a reglamentar un derecho constitucional expresamente reconocido en el Art. 42 de nuestra Carta Magna. La legislación aludida viene a dar tutela a usuarios y consumidores, siendo correctora de las desigualdades estructurales en una relación de consumo, tendiendo a colocar en un plano de igualdad a las partes de dicha relación. En virtud de que el Art. 39 de la Ley de Prenda con Registro impide cualquier acto de defensa respecto a la petición de secuestro prendario, se considera que dicha disposición pone en una evidente disparidad al consumidor, violentándose las regulaciones del Art.42 de la Constitución Nacional y N° 8 de la Ley de Defensa del Consumidor por cuanto no se le brinda el trato digno y equitativo».

La postura minoritaria en este fallo, representativa de otras voces en la jurisprudencia, sostiene que deben los Jueces ser cautos en la aplicación de normas de Defensa de Consumidor ya que pueden alterarse –o incluso suprimirse- principios y reglas sostenidos en las normas generales y afectar así la seguridad jurídica y previsibilidad del ordenamiento jurídico. No puede desconocerse que el procedimiento prendario ejecutorio resulta estar legalmente previsto, pactado además entre las partes. Asimismo, no afecta el derecho de defensa del deudor ya que el mismo podrá reclamar en juicio ordinario posterior lo que considere y asista a su derecho, o incluso podrá consignar la suma de dinero que estime corresponda a los fines de evitar la subasta o peticionar otra medida cautelar que suspenda la ejecución. Debe recordarse que en la prenda con registro –a diferencia de la prenda con desplazamiento- es el deudor el que mantiene en su poder la cosa prendada y le otorga al acreedor la facultad de cobrarse la acreencia mediante la subasta de la cosa objeto del derecho real. Por tanto, en la prenda común, al estar la cosa en poder del acreedor, éste puede ejecutar directamente la misma para percibir su acreencia. Es esto mismo el fundamento de este procedimiento ejecutorio ágil a favor de acreedores que no tienen la posesión del objeto prendado. Este procedimiento, entonces, trata de equiparar al acreedor prendario que no posee el objeto prendado, con el acreedor prendario de una prenda “con desplazamiento”.

Estas dos posturas se fueron observando en el transcurrir de los debates jurisprudenciales recientes, pero actualmente contamos con un antecedente –del 11/06/19- por medio del cual tuvo oportunidad de expresarse al respecto la Corte Suprema de la Nación. En el caso “HSBC Bank Argentina SA c/ Martínez, Ramón Vicente s/ Secuestro Prendario” la Corte afirmó que, con fundamento en el Art. 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, deben tenerse por no convenidas las cláusulas de un contrato de adhesión que importen renuncia o limitación de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte. Y ha afirmado “En efecto, privar al deudor -en la elación de consumo- de todo ejercicio de derecho de defensa, en forma previa al secuestro del bien prendado, podría colocarlo en una situación que no se condice con la especial protección que le confiere el artículo 42 de la Constitución Nacional”.

«En definitiva, la jurisprudencia actual no es uniforme y existen serios fundamentos para ambas posturas. No obstante, se viene perfilando la postura mayoritaria que considera que, cuando estamos en presencia de un acreedor que es “proveedor” (Art. 2º Ley de Defensa del Consumidor), debe aplicarse al procedimiento previsto en la ley de prenda la especial consideración e integración de la ley de defensa del consumidor, lo que implica que deberán contemplarse las disposiciones más favorables al consumidor.»

Dra. Mónica Sticconi

Documentación para circular: las Cédulas Digitales

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La Dra. Mónica Sticconi es especialista en Derecho Administrativo. Se desempeña como abogada en su estudio jurídico; y como docente en Cursos de Capacitación de Mandatarios.

Frente a voces que cuestionaron la validez del nuevo instrumento, presenta un nuevo escrito en nuestra Web. Subraya aquí la vigencia legal de la Cédula de Identificación, tanto en su formato papel como digital, como apta para acreditar el uso legítimo del automotor, en todo el país. 

«Con la sanción de la Disposición Conjunta de la Subsecretaría de Gobierno Digital y la DNRPA Nº 1/19 de fecha 05/06/19, puesta en vigencia el 10/07/2019, mediante la cual se crea a la Cédula de Identificación del Automotor «Digital», la «Cédula de Identificación de Motovehículos Digital”, y las «Cédulas de Identificación para Autorizado a Conducir Digital», se han alzado varias voces de funcionarios (en forma preocupante), provinciales y municipales, que negaban la validez en esa jurisdicción de estas cédulas. Basta remitirse a los diarios locales o medios de comunicación de Santa Fe, por ejemplo, para constatar que se ha mencionado que la Provincia o el Municipio debían dictar normas “de adhesión” para convertir en “válido” el uso de este documento».

«Y estos dichos, lamentablemente, han calado hondo en la ciudadanía provocando la difusión de graves errores conceptuales. Por ello, mi intención es poner luz a la confusión generada».

«El maestro Dr. Alberto Omar Borella, en su obra Régimen Registral del Automotor, ha definido a la cédula de identificación como aquel “… instrumento registral que contiene los datos identificatorios del automotor y de su titular, y acredita a favor de su tenedor el derecho o autorización para usar del automotor, por tiempo indeterminado si lo hace su titular, y mientras lo siga haciendo, y de dos años a partir de la fecha de su expedición para cualquier otro tenedor”. El concepto no ha variado, pero debe advertirse que la vigencia expresada por el autor citado actualmente lo es por tres años y que resulta de interés solo para aquellos terceros –no titulares- que circulen con el vehículo portando la misma».

¿Por qué hace referencia el autor a “instrumento registral”?.

«La Cédula de Identificación, como documento hábil para la circulación con un determinado automotor, es regulada por el Régimen Jurídico del Automotor –Decreto Ley 6582/58 ratificado por Ley 14467 y sus modificatorias- en su Artículo 22, ordenando que el Registro Automotor la expida en su inscripción inicial y en las sucesivas transferencias registrales del dominio, y expresamente determina que tal documento “registral” acredita el derecho o autorización para usar de dicho automotor. Es uno de los documentos exigibles para la circulación y, además, señala la norma que “… las autoridades provinciales o municipales no podrán establecer otros requisitos para su uso legítimo. …”

«Por su parte, el Art. 23 de la citada norma, faculta al “organismo de aplicación” a que determine “los distintos tipos de cédulas que se expedirán, su término de vigencia y forma de renovación”. Y es el Decreto Nº 335/88 la norma que crea a la Dirección Nacional de Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios como organismo de aplicación del Régimen Jurídico del Automotor».

«Como se observa, entonces, palmariamente, la única autoridad competente para regular, determinar, fijar, ordenar, poner en vigencia toda la documentación registral de un automotor es la DNRPA«.

«Ninguna autoridad provincial o municipal tiene la facultad para negar validez a un documento registral de los automotores. Esto se encuentra ratificado por el Art. 2 inciso c) del mencionado Decreto 335/88, en cuanto establece como funciones de la Dirección Nacional: “Dictar normas administrativas y de procedimiento relativas a los trámites registrales y a la organización y funcionamiento de los Registros Seccionales, y fijar los requisitos de la documentación que expida el Registro y de las placas y otros medios identificatorios del automotor.”

«He resaltado varias veces la terminología “documento registral” porque, si bien la cédula es un instrumento que acredita el uso legal de un automotor y, por ende, es una autorización para utilizar “ese” automotor en la circulación, no debe perderse de vista que se trata de un documento expedido por el Registro Seccional, regulado por normas “nacionales” y en virtud de la competencia exclusiva nacional para legislar sobre materias de fondo. La Nación ha conservado para sí la facultad de legislar normas como los Códigos Civiles y Comerciales, y el Régimen Jurídico del Automotor es una norma de fondo, que ha creado un sistema especial para esta categoría de bienes muebles, convirtiéndolos en muebles “registrables”. Por eso, una vez más, las provincias o municipios no tienen injerencia alguna en la determinación de la documentación registral respecto a un automotor».

«Distinta es la situación de las normas de tránsito, cuya facultad de regulación –dentro de sus jurisdicciones- han sido reservadas a las provincias. Poniendo como ejemplo a mi Provincia de Santa Fe, la Ley Provincial Nº 13.133 se ha adherido a la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 y sus modificaciones, y regula la circulación en vías del ejido Provincial (rutas provinciales). Ante tal adhesión, la documentación exigible para circular resulta ser la establecida en el Artículo 40 de la Ley 24.449, cuyo inciso b) señala, como condiciones para conducir: “que porte la cédula de identificación del mismo”.

«La expresión “que porte la cédula de identificación” implica que el conductor lleve consigo y acredite que cuenta con dicho documento registral, pero no hace referencia alguna al “soporte” documental. No obstante, la “forma” de tal documento (papel o digital) es de reglamentación exclusiva de Director Nacional».

«Al determinar, el órgano competente, que la cédula digital tendrá la misma validez legal que su versión física, toda vez que una norma de tránsito –provincial, municipal, comunal- haga referencia a este documento, implica que cualquiera de ambos formatos –papel o digital- cuentan con la validez legal para acreditar el uso legítimo de ese automotor, y por tanto su conductor cumple con su carga de “portar” o “exhibir” la cédula de cualquiera de las dos maneras que elija».

Por último, responderé algunos interrogantes surgidos luego de estas erróneas versiones:

  • ¿Podría una norma de tránsito (provincial, municipal o comunal) no exigir la cédula de identificación del automotor para la circulación?
  • No, la cédula es un documento registral ineludible para acreditar el uso legítimo del automotor y su exigencia proviene de una norma de exclusiva competencia “nacional” relacionada con la “registración automotor”.
  • ¿Deberían modificarse previamente las normas de tránsito o de faltas de una provincia, municipio o comuna?
  • No, toda vez que estas legislaciones hacen referencia a la portación o exhibición de la cédula de identificación, la autoridad de comprobación no tiene más que conocer y remitirse a las normas dictadas por DNRPA respecto a este documento, por tanto, el término implicará la portación o exhibición de la cédula, sea en formato papel o digital.
  • ¿Podría un inspector de tránsito negar la validez de la exhibición de la cédula digital?
  • No, ya que –aún cuando no cuente con la tecnología para validar la autenticidad del documento digital- la cédula digital se encuentra en plena vigencia, y el conductor cumplirá acabadamente con su carga exhibiendo la cédula digital. Será, en todo caso, responsabilidad del municipio o provincia proveer a la autoridad de control de la tecnología apropiada, u otros medios para obtener la validación, pero jamás podrá negar la validez de un documento registral en vigencia.

Dra. Mónica E. Sticconi.