SUGIT: Entrega de documentación, Negativa de pago y Seguridad Vial

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Todo este fin de semana, previo a la celebración del Carnaval del próximo lunes y martes, podés seguir repasando las novedades arancelarias difundidas los últimos días bajo Este Link.

Mientras tanto la Dra. Mónica Sticconi, habitual columnista de nuestra Web, sigue exponiendo la correcta aplicación del Sistema Unificado de Gestión de Infracciones de Tránsito en los Registros. Con consideraciones sobre su lugar como herramienta de mejora en la conducta vial.

El SUGIT –Sistema Unificado de Gestión de Infracciones de Tránsito- resulta ser, como su denominación lo indica, un sistema de Información unificado sobre todas aquellas sanciones de tránsito, cuyos datos son suministrados por los organismos públicos municipales y/o provinciales competentes al sistema informático administrado por la DNRPA, según los Convenios de Colaboración suscriptos entre ellos.

La normativa actual que reglamenta la aplicación de esta herramienta de información es la Disposición de DN Nº 144/17 que unificó, en este texto, las distintas normas anteriores que existían sobre la misma.

Muy someramente, la Disposición Nº 144/17 determina: 1) La obligatoriedad de peticionar el Informe sobre Infracciones de Tránsito, mediante la ST 13 D, en los trámites registrales debidamente enumerados en su Art. 11 y la posibilidad de peticionarlo además voluntariamente por cualquier persona interesada y en cualquier Registro Seccional. 2) La obligación de suministrar la información sólo de multas «exigibles» –es decir con procesos contravencionales en los que se ha dictado una Resolución definitiva y que se encuentren firmes y consentidas, y no se encontraren prescriptas- y aquellas que requieran la comparencia personal del “presunto” infractor ante el Juez de Faltas o Autoridad administrativa competente. 3) La posibilidad del usuario de: a) realizar el pago de las infracciones informadas; b) presentar la justificación del pago realizado anteriormente o de la no procedencia de su pago; y c) realizar el titular registral o el adquirente su “Negativa de Pago”, sea en forma personal o mediante manifestación con firma certificada por Escribano Público. 4) La expedición del Certificada de Inexistencia de Actas Pendientes para el caso de no existir deudas o haber sido éstas abonadas, con una vigencia de 30 días corridos o 180 días corridos para los Comerciantes Habitualistas.

De esta norma reseñada, se desprenden dos situaciones que resultan ser muy claras en el texto pero que en la práctica registral cotidiana suelen no comprenderse o no aplicarse.

1.- La primera situación que surge es que el Encargado no puede negarse al retiro de la documentación registral, por parte del peticionario, «en ningún caso». Ello es ordenado por el Art. 3º de la Disposición que señala: “Dicha emisión (y aquí se refiere a la emisión de la ST 13D) deberá efectuarse en forma previa a la entrega de la documentación registral que hubiese sido expedida en el marco del trámite que lo causara, conforme el art. 11º.” La norma transcripta, entonces, implica que, una vez generada e impresa la ST 13D –sea que se hayan abonado las multas, que se halla justificado su pago o su improcedencia, o que se haya realizado negativa de pago- el Encargado debe entregar la documentación del automotor al peticionario. Asimismo, el Art. 7º prevé el supuesto de “negativa de pago” de las infracciones y expresamente menciona: Si el Titular registral o adquirente del dominio que solicitare el trámite que generare la consulta, se negare a abonar la deuda existente por multas por infracciones de tránsito, deberá expresar su negativa en la Solicitud Tipo 13 (única) de carácter digital que será sellada y firmada por el Encargado de Registro. Se hará entrega de la documentación registral y la constancia impresa en la mencionada Solicitud. Asimismo, el Encargado dejará constancia en la Hoja de Registro del retiro de la documentación con existencia de deuda en concepto de infracciones de tránsito, la que será firmada por el titular o adquirente expresando su negativa de pago. En el supuesto de que el titular o adquirente no concurrieran al Registro Seccional, dicha manifestación de conocimiento deberá efectuarse ante escribano público.”

Lo expresado en la norma importa una clara obligación del Encargado de Registro y su incumplimiento podría llegar a configurar no solo una violación al Principio de Legalidad sino, además, un ilícito sancionado penalmente como la de retención indebida de documentación pública.

2.- La segunda situación que se desprende de la normativa es que no existen límites respecto a la cantidad de «Negativas de Pago» de Multas por Infranciones de Tránsito. Tal como puede observarse del transcripto Artículo 7º de la Disposición D.N. N° 144/17, la norma no limita la cantidad de negativas de pago que pueden efectuar los usuarios, ni tampoco expresa que al haber ejercido una vez tal derecho, ya no pueda volver a ejercerse por otra persona.

Seguramente el lector conoce nuestra máxima constitucional que ordena “lo que no está prohibido está permitido” y que deviene del Artículo 19 de nuestra CN que ordena: “… Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.”

En consecuencia, ningún Encargado de Registro podrá negar la posibilidad de realizar al usuario una negativa de pago de multas por infracciones de tránsito bajo ningún pretexto que no se encuentre contenido en la norma. Ello violenta, nada más ni nada menos, que derechos constitucionales. Montesquieu decía en su obra “El Espíritu de las Leyes” (Libro XI Capítulo III) «La libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten, de modo que si un ciudadano pudiera hacer lo que las leyes prohíben ya no habría libertad, pues los demás tendrían igualmente esta facultad.» Como se advierte, exigir una conducta que la norma no contempla atenta contra la libertad y contribuye al desorden social.

3.- Y quiero terminar este análisis con una reflexión. ¿Las negativas de pago por parte de un comprador de un automotor perjudican a las políticas de seguridad vial?

La respuesta de mi parte es NO. Cuando una persona adquiere un automotor y se constata –mediante las consultas al SUGIT- que el titular registral vendedor cuenta con innumerables multas de tránsito es lógico que el comprador deba negarse a abonarlas! Debemos recordar que las “multas” son sanciones económicas personales que se imponen a efectos de que el infractor modifique su conducta en el tránsito y comience a «respetar» dichas normas por su propia seguridad y la de los demás ciudadanos.

Si un sistema legal impone a un tercero –en este caso el comprador de un automotor-  pagar las “multas de tránsito” que cometió el titular, éste último jamás modificará su conducta antijurídica y peligrosa. Muchas veces nos encontramos realmente con personas reincidentes en conductas violatorias de normas de tránsito. Ello importa convivir, en nuestra sociedad, con conductores realmente “peligrosos”. Si un comprador paga las multas de un vendedor, el verdadero infractor no sentirá el peso de la sanción. En consecuencia, no se logra el cometido real de la sanción.

En este sentido, entonces, creo que aquellas sanciones que sufre directamente el infractor, en su persona o en su patrimonio, seguramente serán más efectivas. A mi modo de ver, el SUGIT resulta ser una herramienta muy importante a los fines de obtener información acabada y reveladora sobre los antecedentes de una persona determinada y respecto a su conducción, y aporta una herramienta valiosa para delinear políticas de seguridad vial.

No obstante lo dicho, el SUGIT no aporta solución –ni existe razón para que lo haga- para que el verdadero infractor (Ej. un titular) sufra las consecuencias de su accionar. Por tanto, no resulta ser una herramienta eficaz que colabore con la modificación de conductas de ningún infractor.

En mi opinión, la aplicación de las sanciones de quita de puntos de las Licencias de Conducir es uno de los mejores sistemas –aunque no infalible ni el único- para que un real infractor modifique su conducta frente al tránsito sufriendo directamente la sanción.

Dra. Mónica Sticconi

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Mónica Sticconi

La Dra. Mónica Sticconi es especialista en Derecho Administrativo. Se desempeña como abogada en la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Rosario, Santa Fe y como docente en Cursos de Capacitación de Mandatarios en la Universidad Abierta Interamericana y en la Fundación Sol de Mayo de la misma ciudad.

~ 28.02.19: SUGIT: Entrega de documentación, Negativa de pago y Seguridad Vial

~ 25.11.18: La Denuncia de Compra y Posesión y la muerte del «poseedor»

~ 30.08.18: El «Secuestro Judicial» del automotor posterior a la Denuncia de Venta

~ 10.07.18: Automotores Armados Artesanalmente

~ 13.08.15: Disposición D.N. Nº 353/15 – «Solicitudes Tipo”

El “Secuestro Judicial” del automotor posterior a la Denuncia de Venta

Dra. Mónica Sticconi

La Dra. Mónica Sticconi es especialista en Derecho Administrativo. Se desempeña como abogada en la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Rosario, Santa Fe y como docente en Cursos de Capacitación de Mandatarios. En este artículo, la autora analiza la problemática planteada por el trámite de Denuncia de Venta, ante Secuestros no materializados y sus consecuentes perjuicios para el titular registral. Propuestas para la solución.

«Sucede —lamentablemente con gran asiduidad— encontrarnos con casos en los que un titular registral vende su automotor, cumpliendo acabadamente con las obligaciones a cargo —entregando la documentación correspondiente para la efectivización de la traslación del dominio, abonando las deudas impositivas y sanciones de tránsito que le pertenecen, y poniéndose a total disposición—pero, como contrapartida, el adquirente no tiene la misma actitud, incumpliendo con su principal obligación cual es la de peticionar la transferencia de dicho automotor».
«Ante la situación, el titular registral cuenta con un último recurso registral –antes de recurrir a los servicios de un abogado– a efectos de tratar de lograr el cumplimiento del compradoy, a su vez, tratar de eximirse de responsabilidades por eventuales daños que se puedan provocar por la circulación con su automotor».

«Tal recurso es lo que vulgarmente se conoce como “Denuncia de Venta” o correctamente “Comunicación de la Tradición”. El artículo 27 del Régimen Jurídico del Automotor –Decreto Ley 6582/58 y modificatorias— es la norma que incorpora a este régimen la comunicación de la tradición, implicando esta denuncia una expresión de voluntad del titular en cuanto a la revocación para la autorización de circular del adquirente, y el pedido de secuestro del automotor, amén de además contener una intimación a efectivizar la Transferencia».
«La norma citada entonces, determina que uno de los efectos de la mal llamada Denuncia de Venta será el dictado del secuestro del automotor por parte del Encargado de Registro, y ordena que el automotor secuestrado “… quedará bajo depósito, en custodia del Organismo de Aplicación, …”, es decir que la custodia pertenecería a la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor.
Como es de público conocimiento, este “secuestro” no se produce en realidad. Mucho se ha debatido sobre esta “facultad” de ordenar el desapoderamiento de un bien por parte de un funcionario –como lo es el Encargado de Registro- perteneciente a la órbita del Poder Ejecutivo».

El Dr. Luis Moisset de Espanés

«El maestro Dr. Moisset de Espanés revelaba parte de las críticas diciendo: “El trámite es aparentemente ágil, pero no está exento del peligro de arbitrariedad, y puede originar numerosas quejas y litigios e incluso cuestiones de competencia, ya que la medida de “secuestro” es ordenada por un Registro Seccional, pero la custodia del vehículo corresponde al organismo de aplicación».
«¿Ante quien deberá plantear su reclamo el afectado por el secuestro? ¿Ante la Cámara Federal con competencia territorial correspondiente al registro que ordeno la medida, o ante la Cámara de la Capital Federal, porque la custodia la tiene el organismo de aplicación?”
«Por ello, hoy un titular registral que realiza una denuncia de venta sigue sin encontrar la solución a su problema. El vehículo sigue circulando –con los riesgos que ello implica- y en innumerables ocasiones generando además deudas impositivas y de infracciones de tránsito, que –tal como se encuentra diseñado el sistema- obrarán a su nombre».
«Por un lado debemos decir que no deberían aquejarlo las deudas de multas de tránsito, ya que las mismas son “personales”, y con la sola probanza de haberse desprendido del automotor en fecha anterior al hecho contravencional no afectaría en nada su patrimonio. No obstante, la realidad no señala lo mismo. Las infracciones de tránsito que cometa el comprador figurarán en los sistemas informáticos administrativos a nombre del titular registral por la “presunción” que en casi todas las legislaciones de Faltas pesan sobre el propietario, y asimismo lo enfrentarán al dilema de solucionar estas intrincadas sanciones a la hora de peticionar la renovación de su licencia de conducir».

«Por su parte, las deudas generadas por los impuestos de patentes pueden ser “suspendidas” en cuanto a su cobranza por efecto mismo de la Denuncia de Venta comunicada en los organismos de rentas provinciales o municipales. Pero, nuevamente, nos encontramos con deudas que –aunque aún no se ejecuten- se encuentran en cabeza del titular registral, que en la mayoría de los ordenamientos Fiscales lo tienen como principal obligado al pago y que pueden ocasionarle inconvenientes al momento de peticionar “libres deudas”.
En definitiva, aún efectivizándose la comunicación de la tradición, el titular registral no logra que su comprador transfiera y que deje de circular, y sigue sufriendo los perjuicios que tal incumplimiento le acarrea. Es por ello que una de las soluciones posibles es obtener el efectivo secuestro «judicial» del automotor, amén de además peticionar –en un proceso judicial- la transferencia del rodado, con los daños y perjuicios que entienda corresponder».
«Recordemos  aquí que el pedido de efectivo secuestro judicial del automotor en estos casos, será como medida preventiva. El secuestro preventivo tenderá a desapoderar del vehículo al comprador a efectos de evitar la circulación y, por tanto, prevenir el uso inadecuado del automotor que puede perjudicar no solo al titular registral –en cuanto a su responsabilidad civil- sino además a terceros. Cabe destacar que este uso “inadecuado” se revela, en la mayoría de los casos, justamente en las infracciones de tránsito cometidas por el adquirente».

«La procedencia de esta medida, obviamente, quedará sujeta siempre al cumplimiento los presupuestos que ordenan las pertinentes normas procedimentales locales».

Por Dra. Mónica Sticconi
Abogada – Especialista en Derecho Administrativo
Docente Derecho Registral