Tras los acuerdos de Vaca Muerta y el de autos, el Gobierno avanza con las motos

Francisco Cabrera, ministro de Producción, confirmó que será el próximo sector, pero aún no comenzaron las reuniones. Construcción también en la mira

Luego de los acuerdos con Vaca Muerta y la industria automotriz para aumentar la productividad, el Gobierno busca sumar nuevos sectores de la economía a una mesa de diálogo entre funcionarios, empresarios y sindicalistas para plantear objetivos de mediano y largo plazo.

El próximo turno será el de las motos, según anticipó el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, ante una consulta de Infobae en la conferencia de prensa tras la presentación del Plan 1 millón para autos. Tanto el acuerdo laboral por el yacimiento petrolífero como el plan del sector automotor fueron anunciados directamente por el presidente Mauricio Macri en Casa Rosada.

La Cámara de Fabricantes de Motovehículos (Cafam) ya avanzó en uno de los puntos más importantes, que es diferenciar los componentes nacionales de los importados por el arancel. Mientras que para las motos importadas el arancel se ubicaría en el 35%, para las autopartes que se compran en el exterior para armar las motos en el país sería 15 puntos menor, en un 20 por ciento. En la actualidad, los motovehículos que superen los 250 ccc pagan el 35% de arancel.

Gustavo Bassi, presidente de la división motovehículos de ACARA, aseguró a Infobae que ya se hicieron los primeros contactos con funcionarios del Ministerio de Producción para avanzar, pero que todavía no se hizo ninguna reunión por un acuerdo parecido al de los autos. “Desde las concesionarias siempre estamos pidiendo herramientas para fomentar el consumo“, aseguró Bassi a este medio.

Entre los objetivos del sector, buscan mejorar la venta de unidades y colocarla por encima de las 500.000 motos por año. “Había una gran inquietud desde el sector porque el 2016 había arrancado muy mal, pero luego mejoró. Este año hubo un buen arranque”, anticipó Bassi.

El 2016 finalizó con un total de 474.748 motovehículos patentandos, apenas un 0,5% menos que el año 2015, en el que había registrado 476.894 motos. De ahí que piden medidas para reactivar el sector.

El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), liderado por Ricardo Pignanelli, sería uno de los gremios involucrados en esta mesa de diálogo cuando se concreten las reuniones. Pignanelli ayer firmó el acuerdo automotor y aseguró, antes de salir por la puerta principal de Balcarce 50, que se uniría al paro general si finalmente se define una fecha.

Sin embargo, no todos se sintieron incluidos con estos acuerdos, y las pymes piden lugar.  El presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica (CAMIMA), José Luis Ammaturo, aseguró que es  “es imprescindible que contemplen a las pymes para que se genere una sinergia que impulse el crecimiento de todos los sectores”, y pidió que se traslade la política del “Plan 1 millón” a todos los sectores de la industria.

En diálogo con Infobae, Ammaturo dijo que la cámara agrupa a 600 pymes y que entre el 15% y 20% tienen alguna relación en la cadena de producción de autos. Con un acuerdo posible con las motos, pidió hacia delante ser incluido en la mesa de negociaciones. “Firmamos convenios salariales del sector por paritarias, queremos participar”, concluyó.

El otro sector en la mira del Gobierno para avanzar con un acuerdo similar es el de la construcción, pero las reuniones están menos avanzadas que en el caso de las motos. Con todo, el sector es clave para la reactivación económica de este año y para la creación de nuevos puestos de trabajo.

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Caen las acciones de Renault por las acusaciones de ocultar emisiones de sus motores diésel

El periódico francés Libération divulgó un informe del organismo antifraude del Ministerio de Economía, en el que se acusa a la automotriz de instalar un dispositivo fraudulento similar al utilizado por Volkswagen. En la bolsa de París los papeles caían un 2,63% mientras se especula con una posible multa de 3.500 millones de euros.

La automotriz francesa Renault fue acusada el miércoles de utilizar “estrategias fraudulentas” durante siete años para engañar sobre las emisiones de sus motores diésel, provocando una caída del 2,63% de sus acciones en la Bolsa de París.

La empresa se sumaría así a un larga lista de fabricantes de autos que habrían ocultado o minimizado los niveles de óxido de nitrógeno (NOx) emitidos por sus vehículos, que llegaron a conocerse especialmente luego del escándalo de Volskwagen en 2015.

El periódico francés Libération tuvo acceso a los informes del organismo antifraude dependiente del Ministerio de Economía (DGCCRF) en los que se establece que “Renault SAS engañó a los consumidores sobre los controles efectuados, y en particular en el control reglamentario de homologación sobre las emisiones contaminantes”.

El informe de la agencia gubernamental fue presentado en noviembre, generando una investigación judicial que en enero comprobó la existencia diferencias notables en las mediciones de emisiones durante los testeos y luego en condiciones normales de circulación.

En el caso del Renault Captur se demostró que en carretera emitía un 377% de óxido de nitrógeno (NOx) de lo que había mostrado en las pruebas de homologación. Para el Clío IV la diferencia fue del 305%.

“Esos resultados permiten sospechar la instalación de un dispositivo fraudulento que modifica específicamente la función del motor para reducir las emisiones de NOx en las condiciones específicas del test de homologación para que las emisiones respeten los límites reglamentarios”, señalaron las autoridades según Libération, una acusación que asimilaría este caso al de Volkswagen.

Tras la publicación del artículo las acciones de Renault caían un 2,63% en la Bolsa de París.

El periódico también tuvo acceso a correos electrónicos entre directivos de la empresa recolectados por la justicia francesa en sus investigaciones.

En uno de estos fechado en noviembre de 2015 y enviado entre la directora de asuntos jurídicos de la empresa, la jefa de comunicación y el responsable de relaciones institucionales, se mencionaba que el sistema de descontaminación de los motores se desactiva en carretera pero funciona durante los test.

La DGCCRF calcula que durante siete años Renault comercializó 900.000 vehículos de dudosa homologación, lo que significa una facturación de 16.000 millones de euros.

Si la justicia constata finalmente la infracción, la empresa deberá pagar una multa cercana al 10% de su volumen de negocios, unos 3500 millones de euros.

En tanto Renault reaccionó el miércoles a la publicación del artículo y señaló que “ninguno de sus servicios ha infringido las reglas, europeas o nacionales, relativas a la homologación“.

“El Grupo Renault ha examinado un artículo desequilibrado aparecido hoy en la prensa nacional relativo al dossier ’emisiones'”, explicó en relación a la información de Libération antes de añadir que “no tiene intención de comentar una instrucción en curso, proceso confidencial por naturaleza y al que la empresa no tiene acceso”.

La empresa aseguró que sus autos “no están equipados con sistemas de fraude” y afirmó que la investigación “plantea, entre las autoridades europeas y los Estados miembros, cuestiones de interpretación de las normas que rigen la homologación de vehículos”.

De comprobarse las acusaciones, Renault se sumaría así a una larga lista de fabricantes que han ocultado deliberadamente las emisiones de sus vehículos, como en el caso de Volkswagen y su software especial, o lo han minimizado diseñando sus autos para emitir poco en condiciones de testeo y bastante más en carretera, como Mercedes Benz, Fiat, Honda, Jeep y Mazda, entre otras.

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Macri lanza hoy el acuerdo automotor tras los cruces con la CGT y la UIA

El mandatario busca retomar la agenda política con otro compromiso para impulsar la competitividad. El objetivo es lograr inversiones por u$s5.000 millones y fabricar 1 millón de autos en los próximos años

El presidente Mauricio Macri encabezará este miércoles la firma del segundo acuerdo productivo tras el anuncio del nuevo convenio colectivo para la explotación del yacimiento de Vaca Muerta.

Se trata del plan automotor “1 millón”, que prevé justamente alcanzar una producción de esa cantidad de vehículos en un lapso de siete años.

Macri lo lanzará en medio de la tensión con algunos sectores industriales y sus respectivos gremios debido a la caída de la actividad y la pérdida de empleo.

El mandatario estará acompañado de parte de su Gabinete, entre ellos el ministro de Producción, Francisco Cabrera, cuyo equipo estuvo trabajando en la redacción del acuerdo durante el último mes y medio, según informó El Cronista.

El acto será por la tarde y fueron convocados miembros de las terminales automotrices, representantes de la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa), de la Asociación de Fábricas de Componentes (AFAC) y de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), así como también referentes de los gremios Smata y UOM, quienes también adherirán al acuerdo. Miembros de la UOM serán recibidos este martes por Cabrera.

El texto definitivo es casi idéntico a la propuesta original que redactó el Gobierno a comienzos de febrero.

Sólo añade tres párrafos en lo que atañe a los compromisos del sector público, que fueron requeridos por Adefa y que apuntan a que se analice una política consensuada respecto del uso de los biocombustibles en los autos; que se implemente una normativa asociada a la seguridad vehicular; y que se avance en una revisión de la carga tributaria de toda la cadena de valor sectorial, en el marco del objetivo de eficiencia fiscal y de competitividad planteado por el Gobierno, tanto para las ventas al mercado interno como para la exportación, mediante la estructura de reintegros a la exportación.

El acuerdo apunta a mejorar la competitividad de la cadena y fomentar inversiones que impulsen la producción.

El objetivo es alcanzar las 750.000 unidades en 2019 y 1 millón de vehículos en 2023. El viaje oficial realizado a España semanas atrás sirvió para que la industria automotriz se reúna con su contraparte en ese país y analicen el acuerdo que los españoles sellaron en 2012 con la meta de llegar a fabricar 3 millones de autos. Sin embargo, no hubo cambios sustanciales en el documento luego de haber escuchado a los empresarios y sindicatos de España.

El texto contiene metas en materia de producción, inversiones e integración nacional, pero es bastante liviano en términos de medidas concretas para alcanzar esos objetivos.

Entre ellos, se destacan las intenciones de aumentar la integración de autopartes producidas localmente a 35% para 2019 y a 40% para 2023; diversificar los mercados de exportación con el fin de vender al menos un 35% de la producción a destinos extra Mercosur –con ello, se busca evitar situaciones como la actual, que la industria sufre la crisis brasileña– e impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías de motorización y autopartes estratégicas.

Las partes también se comprometerán a desarrollar inversiones por u$s5.000 millones en el período 2017-2019, especialmente las orientadas a la producción de vehículos nuevos y exclusivos; promover el empleo de calidad mediante capacitación y mejoras en la productividad del sector, “disminuyendo el ausentismo al 5% para 2019 y al 3% para 2023″ y creando 30.000 nuevos puestos de trabajo; y mantener los precios en niveles similares a economías de la región comparables.

Para lograr estas metas, el Gobierno tomará el compromiso de mantener operativa la Ley de Autopartes; brindar financiamiento específico para el desarrollo de inversiones en el sector autopartista; establecer un nuevo marco arancelario para la comercialización de vehículos híbridos y eléctricos; avanzar en negociaciones internacionales de interés para la apertura de nuevos mercados y analizar posibles acciones sobre las etapas de comercialización para optimizar el proceso de formación de precios al público, además de los puntos sumados por Adefa aclarados anteriormente.

A su vez, el sector privado se comprometerá a avanzar en la presentación de proyectos de inversión en el marco de la Ley de Autopartes; demostrar acciones de corto y mediano plazo tendientes a cumplir con el Flex y articular una propuesta que promueva la renovación del parque automotor, especialmente en lo referido a transporte de carga y pasajeros.

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