Noticia de “Infobae”, 22 de marzo
Tras un incendio que se produjo el sábado en la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor, este jueves se logró restablecer el sistema que se utiliza para registrar autos y motos en todo el país, informaron a Infobae fuentes oficiales.
“El sábado hubo un principio de incendio por una instalación eléctrica en la sala de servidores de RNPA, el fuego se combatió rápidamente y quedaron algunos deterioros. Se tardó en restablecer el servicio porque tuvieron que limpiar los servidores, tarea realizada por el equipo técnico de la dirección. Quedó afectado el sistema de inscripción de cero kilómetros”, informaron desde el Ministerio de Justicia. Recién este jueves se terminó de restablecer el sistema en todo el país.
El funcionamiento de los registros del automotor está en la agenda del Gobierno. De hecho, los últimos 13 artículos del Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) 70/23 apuntan a una digitalización de todos los trámites, en línea con varios proyectos presentados en el Congreso.
Los artículos que van entre el 351 y el 364 modifican artículos e incisos de un decreto de 1958 que luego fue ratificado por una ley de 1997, durante el gobierno de Carlos Menem, donde se regula el régimen jurídico del automotor. La reforma apunta a los que trámites “puedan hacerse integralmente de manera digital y agilizar todos los procesos, eliminando etapas innecesarias y costos absolutamente desproporcionados que dificultan la circulación de este tipo de bienes”. Pero no todos los objetivos se cumplen.
Actualmente funcionan 1.557 registros de la propiedad automotor para un mercado que mensualmente realiza unas 180 mil transferencias o inscripciones entre automóviles, motocicletas y transporte pesado, incluyendo maquinaria agrícola. Es una fortuna de dinero con escasos controles.
Tras el DNU y sus promesas sobre la digitalización, el gobierno de Javier Milei puso en revisión un total de 141 registros que ya estaban intervenidos. Se revisarán sus cuentas y luego se decidirá el futuro de cada interventor. En una segunda etapa, también se examinarían los últimos concursos y las designaciones más recientes.
Tras la intervención inicial de 140 registros, luego se inició la “fiscalización digital” de otros 25. “Vamos a analizar variables como los plazos en que los registros cumplen los distintos trámites, ver si hay irregularidades, si la gente recibe un buen servicio. Si detectamos problemas, que pueden surgir de negligencia o impericia, pero también de ilícitos, la siguiente etapa es la fiscalización in situ”, explicaron desde la cartera de Justicia en ese momento.
Una variable clave de la fiscalización es la “observancia de stocks”: la recaudación de los registros y el reparto de fondos. Parte de lo recaudado debe ir a Acara, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, como “ente cooperador”, otra va a la Dirección Nacional del Registro de Propiedad Automotor y otra queda para la o el titular del registro. Cuanto más se factura, pero menos se informa, la “ganancia” es mayor.
Hay allí mucho dinero en juego y, del otro lado del mostrador, personas frustradas no solo por el costo sino también por los tiempos que insumen los trámites, que vuelve a los usuarios más permeables a la demanda de incentivos para acelerarlos.