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“Comercio y Justicia”, 1/2/23
En abril de 2022, el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara Alta, Alfredo Cornejo, y la diputada radical Jimena Latorre presentaron un proyecto de ley que propone establecer el denominado “Nuevo Régimen de Registración de Automotores y Prendas”, en sustitución del régimen actual, que tiene 60 años de vigencia, y con el fin de que el sistema sea más eficiente, transparente y menos costoso para los usuarios.
Plantea la puesta en marcha de tecnologías que permitan simplificar, unificar, acelerar y coordinar los trámites.
“Cuando los servicios públicos dejan de ser eficientes y se convierten en ‘cajas’ de unos pocos, la forma más efectiva para transformarlos en negocios poco atractivos es llevando transparencia y control al funcionamiento del sistema”, explicó Cornejo.
Paralelamente, sostuvo que si los encargados de los registros tienen “vocación pública” continuarán en sus funciones como calificadores virtuales a cambio de un sueldo, y que, en caso contrario, tendrán que dejarlos.
En tanto, Latorre sostuvo que hay que cambiar el sistema porque es “complejo y enmarañado”.
Recordó que es un servicio público de gestión privada que invirtió “poco en modernización y eficiencia” y recaudó “muchísimo”.
“A lo largo de décadas generó negocios paralelos que sólo incrementaron los costos de los trámites en beneficio de algunos sectores sin brindarles mejores servicios a los usuarios”, se explayó.
Según el texto, se creará una Plataforma Única Registral del Automotor (PURA), que tramitará los documentos y expedientes electrónicos.
Establece que la virtualización facilitará la gestión de documentos, el acceso y la perdurabilidad de la información y que, a la par, se reducirán los plazos en las tramitaciones y se mejorará el seguimiento público de cada expediente.
En el país hay más de 1.500 registros seccionales de la propiedad del automotor, que dependen de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Se trata de un servicio territorialmente desconcentrado, cuya dependencia administrativa se inscribe en la órbita del Gobierno nacional.
La propuesta es cambiar ese esquema, transferir a las jurisdicciones provinciales las estructuras organizativas necesarias para poner en marcha la digitalización de los registros por medio de la PURA. La idea se enmarca en un régimen de transición hacia la virtualidad completa, con la transferencia de recursos a esas jurisdicciones para hacer frente a la tarea encomendada.
Según los impulsores de la norma, no debe afectarse la continuidad del servicio registral porque ello impactaría en el tráfico mercantil y en la seguridad jurídica. Bajo esa premisa, el esquema que promueven prevé un régimen que garantice el funcionamiento actual mientras se trabaja en la migración a un sistema más eficiente.
La figura de los encargados de registro tiene especial previsión. Perciben un porcentaje de los aranceles cobrados a los usuarios por los servicios prestados para financiar las actividades que llevan a cabo (contratación de personal, infraestructura y bienes materiales y otros).
Se trata de un sistema atípico que motivó controversias sobre el estatus jurídico de aquéllos, sus funciones y los aranceles que reciben.
Los autores de la propuesta indicaron que el articulado trae claridad y seguridad jurídica sobre un servicio del Estado que está delegado.
“La tarea registral es un servicio público a cargo del Estado, por ello debe brindarse mediante funcionarios públicos con funciones y obligaciones claramente definidas y remuneradas por un sueldo”, fundamentaron.
A la fecha de presentación de su iniciativa, hace ocho meses, Cornejo y Latorre consignaron que del total de los aranceles que se abonan actualmente en los registros sólo 40% va al Estado.
Su propuesta modifica el modo de recaudación, para pasar del cobro de aranceles a una tasa retributiva, como es habitual en todo servicio público.
“El contexto socio-político actual exige esta reforma sustancial del Régimen Jurídico del Automotor que, si bien ha sufrido modificaciones a lo largo de los años, tiene más de seis décadas de existencia. El proyecto además se basa en el Plan de Modernización del Estado, aprobado en marzo de 2016 por el decreto 434, que promovía convertir al Estado en el principal garante de la transparencia y del bien común”, enfatizaron ambos legisladores.
“Es una necesidad cambiar el funcionamiento de los registros del automotor; es fundamental que todos los avances tecnológicos sean acompañados de las consiguientes modificaciones normativas, a fin de resguardar la seguridad jurídica y facilitarles las tareas al ciudadano”, concluyeron.
El sistema de registros del automotor, un mecanismo recaudatorio muy relacionado con la política, sigue en la mira.
Según un informe publicado recientemente en el portal capitalino Infobae, casi la mitad de los registros está intervenido y solo 52% está en manos de encargados titulares.
El periodista Nicolás Pizzi, autor del trabajo, habló de “un plan sistemático detectado por la Justicia” para sacar a los interventores elegidos por el gobierno anterior mediante auditorías.
Los datos que usó se los suministró la DNRPA.
Los detalles de cada registro, discriminados por ubicación y categoría, aparecen en otro informe de 18 páginas obtenido por el diputado de la Coalición Cívica (CC) Juan Manuel López mediante un pedido de acceso a la información.
López se hizo eco del artículo y en su cuenta de Twitter publicó que “el sistema de registros del automotor no resiste ningún análisis de eficiencia y transparencia de los recursos públicos” y que “es muy caro para los consumidores”.
En esa línea, sostuvo que con la cantidad de intervenciones actuales “se consolida la idea de que hay eliminarlos e ir a un sistema más simple y accesible” para todos quienes adquieran un vehículo.
“Los favores políticos se tienen que terminar y éste es uno de los ejemplos por los que empezamos a trabajar”, remarcó el presidente del bloque CC en la Cámara Baja.
El 3 de noviembre pasado, López promovió un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre cuestiones relacionadas con las delegaciones seccionales de la DNRPA. Fue acompañado por diputados de su bloque y se sumó también la legisladora del PRO Silvia Lospenatto.
El proyecto advierte de que la registración de los automotores no está gestionada en su totalidad por el Estado nacional sino que, por el contrario, parte de la función fue delegada los titulares de las denominadas delegaciones seccionales. “El dinero que abonan los particulares en concepto de aranceles a la hora de registrar un automotor no es íntegramente percibido por el Estado Nacional”, enfatizó.
“Hay una suerte de ‘tercerización’ del funcionamiento de los Registros Seccionales”, sumó.
Según López y los representantes que adhirieron a su iniciativa, la situación “evidencia una anomalía en el funcionamiento del Estado y de las instituciones”, que genera privilegios indebidos y encarece la registración de automotores en perjuicio de los ciudadanos.
“La actividad de registración de los bienes, ya sean muebles registrables o inmuebles, es una función indelegable del Estado”, remarcó el pedido de informes.
