Registro automotor: solo un ejemplo de burocracia y opacidad
La decisión presidencial de desregular los polémicos registros de propiedad automotor, incluida en el amplio DNU recientemente suscripto por el presidente Javier Milei, debe ser celebrada y apoyada, pues representa no solo la simplificación de la enorme burocracia que conlleva la realización de trámites de transferencia de dominios de vehículos, sino la eliminación de un sistema obsoleto y extremadamente costoso para los usuarios. La medida también apunta a terminar con el uso descarado que muchos gobiernos han hecho de esos registros al convertirlos en una caja más de la política, en beneficio económico de amigos y parientes, solventando gastos de campañas electorales y desviando o triangulando fondos.
Antes de conocerse el DNU, diversas iniciativas parlamentarias habían sido presentadas por varios diputados. Aunque con algunas diferencias, todas apuntan hacia el mismo objetivo: terminar con el robo a los ciudadanos y con buena parte del financiamiento espurio de la política.
En nuestro país, es necesaria más de una decena de trámites para transferir de una persona a otra el dominio de un automotor. Dependiendo del bien, esa enorme burocracia representa entre el 5% y el 10% de su valor. A ello hay que sumar que algunos de los trámites solo se pueden realizar en soporte papel y de manera presencial y que resulta abusiva la cantidad de erogaciones que, en algunos casos, hasta se superponen: gastos de registro, impuesto a los sellos, certificación de firmas, aranceles diversos, verificaciones policiales de chasis y patente, grabado de autopartes y pago de ingresos brutos, entre otros. Se estima que, de cada 10 pesos que se paga actualmente por uno de esos trámites, entre 7 y 8 pesos corresponden a impuestos.
Bajo la premisa “Basta de papeles” se habían reunido en el Congreso los diputados Oscar Agost Carreño (Cambio Federal-Córdoba), Patricia Vázquez (Pro-Buenos Aires), Martín Tetaz (UCR-Capital) y Diana Fernández Molero (Juntos por el Cambio-Capital), quienes hicieron llegar sus propuestas al sector automotriz y a los titulares de los registros.
Entre los cambios legislativos que proponen, figuran una baja importante del valor del trámite –algunos reclaman la gratuidad– la simplificación de pasos y el fin de la intermediación. También existen entre los proyectos algunas diferencias sobre si el sistema debería ser mixto –presencial y online– o exclusivamente digital y si se debe avanzar hacia un registro simple y con patente única de por vida, además de cuestiones de procedimiento. “Hay una bomba que desarticular”, sostuvo Agost Carreño durante ese encuentro. “Estamos acostumbrados a trasladar al ciudadano los problemas que el Estado no resuelve y su ineficiencia”, sostuvo Vázquez. Ambas afirmaciones describen perfectamente lo engorroso e injusto del sistema actual. Por citar solo un ejemplo, en Chile –el segundo más caro de la región– se paga por el mismo trámite un tercio de lo que se debe abonar en nuestro país.
El DNU presidencial, que espera ser tratado por el Congreso, dispone, entre otras cuestiones, la implementación de un mecanismo de autogestión para la transferencia y que la patente pertenezca al usuario y no al vehículo.
Si casi todas las administraciones abusaron de los registros para justificar los privilegios de unos pocos allegados al poder, la salida de Alberto Fernández del gobierno dejó un tendal de nombramientos que la nueva gestión deberá investigar, entre otras tantas aberraciones cometidas para asegurar puestos a militantes políticos. Tan solo en los últimos dos meses, en pleno proceso electoral, la directora de los Registros Nacionales de Propiedad Automotor, María Eugenia Doro, una funcionaria cercana a la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner, designó a más de 40 encargados de todo el país, según revelaron investigaciones periodísticas.
Es menester terminar con este tipo de groseras exacciones a los ciudadanos y con la nefasta cultura de la política clientelar. Del mismo modo, debería avanzarse eliminando el tan abusivo como ilegal sistema de fotomultas, cuyo único fin no es el de educar al conductor, concientizándolo de las responsabilidades y riesgos de estar frente al volante, sino seguir contribuyendo a engordar las cajas políticas de gobernantes inescrupulosos.
