Diario “Infobae”, 7/2/23
La polémica por el sistema de reparto de los registros del automotor cambió los planes de algunos funcionarios del Ministerio de Justicia y desencadenó la salida de la concuñada del ministro Martín Soria. Emilce Angélica Aiello había sido designada el año pasado como interventora en la localidad de Centenario, muy cerca de la capital de Neuquén. Luego de que Infobae revelara el caso, en noviembre pasado, se bajó del concurso para obtener ese cargo y ahora presentó su renuncia.
El 30 de enero, la directora nacional de los Registros Nacionales de Propiedad Automotor, María Eugenia Doro Urquiza, le aceptó la renuncia a Aiello y designó en su reemplazo a un abogado de apenas 32 años, quien asumió un día después. Ese mismo día, la funcionaria estaba en Europa, en el marco de una gira oficial. “Me reuní con la presidenta de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Isabel Valldecabres Ortiz y su equipo, donde trabajamos en la posibilidad de colaborar en temas relacionados a la seguridad de la documentación de vehículos”, tuiteó luego de firmar la disposición mediante su firma digital.
La disposición 59/2023, a la que tuvo acceso este medio, establece que tanto Aiello como su reemplazante deben presentar su declaración jurada de bienes en un plazo de 30 días hábiles.
Aiello es contadora y tiene un parentesco directo con Soria: está casada con el hermano de Leila Aschkar, la esposa del actual ministro de Justicia.
Su designación había sido firmada hace un año por Doro Urquiza, pero a nadie se le escapa en el Ministerio de Justicia que había sido por pedido del propio ministro.
Cuando trascendió el escándalo, hubo un pase de facturas interno entre Soria y Doro Urquiza. Según pudo saber este medio, se desconfían mutuamente. El ministro sospecha que la funcionaria quiere quedarse con su cargo. La directora nacional siguió adelante porque confía de su relación estrecha con Cristina Kirchner.
Aiello entró como interventora y luego se presentó al concurso para quedarse con el Registro 3 de la localidad de Centenerio, un lugar estratégico porque tiene jurisdicción sobre la zona de Vaca Muerta. Ante el escándalo, decidió no presentarse al examen oral, a fines de noviembre.
Casi la mitad de los registros del automotor del país están en manos de interventores. Se trata del 48% de los 1556 registros que hay en todo el país, tal como reveló Infobae. Esos interventores no pasaron por un concurso y por ese motivo están más desprotegidos ante los funcionarios de turno.
Entre los interventores, la gran mayoría son abogados, contadores o escribanos que deben cumplir una serie de requisitos y hay un porcentaje menor de empleados de la Dirección Nacional. Esos interventores “internos” se usan para emergencias. Cobran un plus de su sueldo y viáticos, pero muchas veces tienen que viajar a lugares recónditos del país.
El porcentaje actual de intervenciones tiene consecuencias negativas para todo el sistema. “Los interventores tienen la espada de Damocles, no tienen estabilidad, están a tiro de firma de los funcionarios de turno, los pueden apretar políticamente y sacarles el registro en cualquier momento”, graficó una fuente que conoce el sistema.
De hecho, una jueza federal de Neuquén denunció un “plan sistemático” del actual Gobierno para correr a los interventores elegidos durante el gobierno de Mauricio Macri. La herramienta utilizada fueron las auditorías. Desde diciembre de 2019 hasta mediados de 2022 se realizaron 122: 34 en 2020, 56 en 2021, y 32 hasta el 20 de julio de 2022.
En el caso de Aiello, llamativamente, no fue reemplazada por un empleado de la Dirección Nacional, sino por un abogado de apenas 32 años.
El traspaso entre los interventores fue supervisado por un empleado de la Dirección de Fiscalización y Control de la DNRPA, a cargo de Eduardo “Rolo” Weber, un histórico del sistema que fue ascendido a mediados de 2020 por Doro Urquiza. Esa área también es la encargada de todas las auditorías. Las sospechas abundan.