Desde noviembre del año pasado, el periódico “Infobae” comenzó la publicación de una serie de notas que critican la gestión, de la Dra. María Eugenia Doro Urquiza al frente de la Dnrpa y su relación con el actual ministro de Justicia, Martín Soria.
Durante los últimos dos meses, la directora nacional puso en funciones a más de 40 encargados de todo el país. La sospecha sobre los concursos y el proyecto para reformar el sistema
El manejo discrecional de los registros del automotor otra vez volvió a quedar expuesto en el final de un gobierno kirchnerista. En los últimos dos meses, en pleno proceso electoral, la directora nacional de los Registros Nacionales de Propiedad Automotor, María Eugenia Doro Urquiza, una funcionaria cerca a la vicepresidenta Cristina Kirchner, designó a más de 40 encargados de todo el país, según un relevamiento al que tuvo acceso Infobae. Los nombramientos se apuraron en las últimas semanas por el recambio de Gobierno.
Ayer, la funcionaria firmó dos designaciones muy observadas desde el mundo registral.
En el último año se realizaron decenas de concursos que venían retrasados desde la pandemia. Eso generó una avalancha de nombramientos en el último tramo de la gestión. “La mayoría son interventores que ganaron sus concursos y ahora los ponen en funciones”, explicó un funcionario de carrera.
Normalmente los concursos para acceder a un registro del automotor llevan meses. Luego de los exámenes (escrito y oral) se estudian las ternas y se propone un candidato que debe ser aprobado por el ministro de Justicia. “Tras la aprobación hay que habilitar el local, pedir garantías, y se hacen auditorías antes de la puesta en funciones. Todo eso tarda meses pero acá se hizo rápido por el cambio de gestión”, denuncia un encargado de lleva años dentro del sistema.
Solo en el mes de octubre hubo 21 puestas en funciones en registros de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, Río Negro y Córdoba. A esos se suman intervenciones por renuncia o fallecimiento, que son habituales.
En noviembre, se sumaron otras 20 puestas en funciones en Santiago del Estero, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Catamarca, Tucumán y Córdoba.
Luego del balotaje del 19 de noviembre, Doro Urquiza siguió firmando designaciones. “Esto ya lo vivimos en 2015, sobre el final del gobierno de Cristina Kirchner. En ese momento, salieron a designar encargados a dedo”, se quejó un encargado titular de una provincia del norte. Ahora el modus operandi fue distinto.
Entre las últimas designaciones, hay varios casos polémicos. Ayer, a través de la resolución 402, Doro Urquiza puso en funciones a Florencia Weber, hija del Director de Fiscalización y Control de la DNRPA, Eduardo “Rolo” Weber, un histórico del sistema que fue ascendido a mediados de 2020, apenas asumió la actual directora nacional.
Weber quedó a cargo del registro de San Isidro N° 2, el mismo que que había sido otorgado a Doro Urquiza en 2008. “Cuando asumió como Directora de Registros Seccionales, en 2012, renunció a ese registro”, dijo un allegado.
Ayer, la directora nacional también le puso su firma a otra designación muy observada por el mundo registral. Se trata del registro N°3 de Centenario, muy cerca de la capital de Neuquén. Ese registro había sido otorgado de manera provisoria a Emilce Angélica Aiello, concuñada del ministro de Justicia Martín Soria.
Tras la revelación de este medio, Aiello renunció y se designó a un interventor, Facundo Machín, que ganó el concurso en tiempo récord y finalmente ahora quedó designado.
Se trata de un registro estratégico porque tiene jurisdicción sobre la zona de Vaca Muerta.
“En los primeros dos años y medio de gestión hicieron una sola etapa de concursos, la número 20, y mandaron auditorías a todos lados. En el último año hicieron las etapas 21, 22 y 23. Y ahora los ponen en funciones a todos para que tengan estabilidad. El nuevo gobierno debería tomar cartas en el asunto. Si hacen auditorías de los exámenes se van a dar cuenta que hay gente con escasa antigüedad que terminó sacando un diez”, se quejó otro encargado del sur de la provincia de Buenos Aires.
Hay varios ejemplos de registros intervenidos este año, que se terminaron “regularizando” mediante concursos exprés. “Los titulares del registro 13 de Rosario y el 51 de Capital Federal ingresaron en marzo y abril, sin saber nada nada del mundo registral, y en cinco meses quedaron primeros en las ternas, es muy llamativo”, apuntó otra fuente.
En este contexto, ya hay proyectos para eliminar los Registros del Automotor. “Llego al Congreso para terminar con los curros de la política. En los próximos días voy a presentar proyectos para terminar con este robo. Otro de los inventos de la política para saquearnos con impuestos, burocracia y trámites”, anunció Patricia Vásquez, diputada electa por el bullrichismo.
El funcionamiento de los Registros del Automotor también está bajo la lupa del próximo gobierno. Hay datos que revelan los manejos discrecionales y el impacto de la política en los nombramientos. A comienzos de este año, según datos oficiales, de los 1556 registros que hay en el país apenas 809 estaban en manos de encargados titulares (con concurso) y otros 747 quedaban en manos de interventores. Los datos fueron suministrados por la Dirección Nacional de los Registros del Automotor a raíz de un pedido de acceso a la información presentado por el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López.
El porcentaje de intervenciones tiene consecuencias negativas para todo el sistema. “Los interventores tienen la espada de Damocles, no tienen estabilidad, están a tiro de firma de los funcionarios de turno, los pueden apretar políticamente y sacarles el registro en cualquier momento”, graficó una fuente que conoce el sistema.
El año pasado, una jueza federal de Neuquén denunció un “plan sistemático” del actual Gobierno para correr a los interventores elegidos durante el gobierno de Mauricio Macri. En un informe oficial, el Ministerio de Justicia admitió que el 92% de las auditorías fueron contra interventores designados durante la gestión anterior.
Mariano Cúneo Libarona, futuro ministro de Justicia de Milei
Noticia del diario “La Nación”, del 4 de diciembre
El equipo de gobierno de Javier Milei tiene en carpeta prescindir del 33 por ciento del personal del Ministerio de Justicia, según las primeras estimaciones del staff que desembarcará en el área y se basa en los contratos que se vencen a fin de año y los funcionarios que dejarán sus cargos.
Este plan ya fue consensuado por el futuro ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y su equipo más cercano y de confianza, que fue validado la noche del jueves en una reunión de gabinete que convocó Milei y donde cada uno de los elegidos hizo una puesta en común de sus principales iniciativas. El clima era distendido y hasta el libertario se permitió algunas bromas, señalaron los protagonistas.
En esa reunión, Cúneo Libarona planteó que del primer análisis del organigrama de personal hay algunas áreas que están sobredimensionadas. Por ejemplo, el registro nacional de patovicas, que se denomina Registro de Empresas y Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia (Rencap) y funciona con siete personas; o el área de prensa, donde actúan 22 personas.
El Museo Sitio de Memoria ESMA
La Secretaria de Derechos Humanos, que ocupa parte del predio de la ex-ESMA, cuenta con cerca de un millar de empleados, dijeron fuentes cercanas al gobierno entrante. Allí funciona el museo del centro clandestino de detención, el Archivo Nacional de la Memoria y otros organismos, además de albergar a distintas organizaciones de derechos humanos.
Una de las ideas que planteó el futuro ministro es trabajar sobre un sistema de control de acceso y egreso de personal, que permita establecer quiénes son los que concurren a trabajar, dónde y las tareas que desempeñan. Durante el gobierno de Mauricio Macri, el exministro Germán Garavano planteó trasladar allí la sede del Ministerio de Justicia, desde el microcentro porteño, pero no prosperó.
“No admito la vagancia, no admito los ñoquis”, les dijo Cúneo Libarona a sus colegas, al plantear estos ajustes en los contratos que se vencen a fin de año y con los que calcula que se podrá reducir en un 33 por ciento el personal, sumado a los funcionarios que dejan sus funciones.
En la reunión de gabinete tuvo el apoyo de sus colegas, a sabiendas de que esta reforma generará resistencia de los gremios estatales y de los organismos de derechos humanos.
El exministro de Justicia del Gobierno de Cambiemos Germán Garavano
El futuro Ministerio de Justicia tendrá una estructura más chica que el anterior y entre los cambios que ya se plantearon figuran dos organismos de control clave que pasarán a depender de la órbita de Cúneo Libarona: la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA).
La Unidad de Información Financiera es un organismo autónomo y autárquico clave en el control del lavado de dinero producto de delitos graves como el narcotráfico, la corrupción y el financiamiento al terrorismo internacional. Integra una red propia de organismos similares que funciona en 170 países. Se llama el Grupo Egmont es una organización conformada por 170 Unidades de Inteligencia Financiera de todo el mundo.
Esta red intercambia información de inteligencia financiera contra el lavado de dinero más allá de los mecanismos judiciales. La ley argentina obliga a los bancos, aseguradoras, concesionarias de autos y galerías de arte, entre otros, a denunciar con Reportes de Operaciones Sospechas (ROS) de lavado de sus clientes y ese insumo es el que alimenta las investigaciones de la UIF y el intercambio de información.
Para estar al frente de este organismo, Cúneo Libarona dice tener ya a “un número uno internacional”, según las palabras de uno de sus colaboradores. En el macrismo estuvo al frente de este área sensible Mariano Federici. La Argentina tiene que rendir examen en abril próximo sobre sus avances en este tema. La UIF dependía del Ministerio de Economía y ahora pasaría a Justicia.
Por su parte, la Oficina Anticorrupción es otro de los organismos de control del Estado, que ahora depende del Presidente de la Nación. Tiene dos funciones esenciales: investigar y sancionar casos de conflicto de intereses de funcionarios, y recibir, analizar y publicar las Declaraciones Juradas de Bienes de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. Durante la gestión de Alberto Fernández, la OA dejó de ser querellante en los casos de corrupción de los funcionarios públicos, incluida Cristina Kirchner, una función que podría recuperar ahora.
Al día siguiente de esta reunión de gabinete, Cúneo Libarona partió a la Patagonia, donde pasó el fin de semana para analizar los últimos detalles de los proyectos de ley que presentará apenas asuma, el 10 de diciembre próximo. Los nombres de su equipo de colaboradores ya están prácticamente definidos, pero los mantiene en secreto hasta que asuman. La indicación del presidente electo es que no hable con periodistas hasta después del 10 de diciembre.
Cúneo Libarona se recostó en su entorno de confianza de abogados y especialistas en cada sector de la gestión judicial. Su jefe de gabinete es Diego Querendian, un abogado de su estudio. Trabajó esta semana con Martín Casares, quien fue jefe de Gabinete de la gestión de Garavano. “Colaboración, no cogobierno”, dicen en Pro y lo mismo señalan en el entorno de Cúneo Libarona, donde destacan la amistad con Garavano.
Afirman que está definido el nombre del secretario de Justicia, un funcionario de la Corte, joven, pero experimentado, cuyo nombre no quieren hacer público en la medida en que sigue en funciones.
Asimismo, señalan que ya fue definido el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Para ese cargo sonaba el expresidente de la Asociación de Magistrados, el juez civil Marcelo Gallo Tagle, amigo cercano del futuro ministro y excompañero de banco en el colegio. Pero Gallo Tagle priorizará su carrera judicial para llegar a camarista.
El otro nombre que tiene en mente el ministro entrante es el del camarista Marcelo Lucini como candidato a la Procuración General de la Nación, pero esa designación es mas compleja. Además del visto bueno de Milei, el postulante debería ser votado por los dos tercios del Senado, una mayoría que está lejos de reunir La Libertad Avanza, que cuenta con solo 7 senadores 72, por lo que la negociación política necesariamente será mas amplia, con otros cargos y más compleja.
Otro de los cargos vitales que necesita ser cubierto es un sillón en la Corte Suprema de Justicia, donde Cúneo Libarona pretende impulsar a una mujer.
