Polémica por el reparto de los registros del automotor: designaron a la concuñada de Martín Soria

El reparto discrecional de los registros del automotor cada tanto expone un escándalo con condimentos políticos. La beneficiada en este caso es Emilce Angélica Aiello, concuñada del ministro de Justicia Martín Soria. Su designación lleva la firma de una funcionaria nacional que depende de manera directa del funcionario.

Aiello, contadora de profesión, fue designada a comienzos de este año como interventora de un registro nuevo en la localidad de Centenario, muy cerca de la capital neuquina. Se trata de un registro estratégico porque tiene jurisdicción sobre la zona de Vaca Muerta.

La concuñada de Soria fue designada de manera provisoria, aunque ese tipo de designaciones pueden durar años. La resolución oficial aseguraba que “redundará en beneficio de la comunidad usuaria, toda vez que la división de jurisdicciones traerá aparejada la descompresión de trámites en la seccionales y la consecuente optimización de la prestación del servicio”. De hecho, en esa localidad ya funcionaban otros dos registros, con una recaudación promedio de alrededor de 1 millón de pesos.

Aiello tiene un parentesco directo con Soria: está casada con el hermano de Leila Aschkar, la esposa del actual ministro de Justicia. Infobae se comunicó con Soria, pero declinó de hacer declaraciones.

La designación de Aiello como interventora del registro número 3 de Centenario fue firmada por una funcionaria que depende del ministro de Justicia. Se trata de la directora nacional de los Registros Nacionales de Propiedad Automotor, María Eugenia Doro Urquiza, quien ya había estado en esa repartición durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner.

“Cuando llegamos al Ministerio, a fines de 2015, Doro Urquiza tenía un registro a su cargo y pese a eso cumplía funcionares como Directora de Registros Seccionales. Nosotros la removimos. Su máximo antecedente era ser la hija de la masajista de Cristina Kirchner”, confirmó a este medio un ex funcionario de la gestión macrista.

Efectivamente, la funcionaria es hija de Lidia del Carmen Urquiza, quien fue asistente kinesiológica dentro de la Unidad Médica Presidencial durante el gobierno de Cristina Kirchner, según reveló ayer el programa que conduce Ernesto Tenembaum en Radio con Vos.

En 2008, durante el primer gobierno de Cristina Kirchner, Doro Urquiza fue designada como interventora del registro número 2 de San Isidro y en 2012 saltó a la DRNPA. Pese a su doble función, antes del final del gobierno de Cristina Kirchner, tuvo intervención directa para que su pareja obtenga un registro automotor en la ciudad de Mar del Plata.

En agosto de 2015 hubo concursos para cubrir cargos vacantes en varios registros. Mauricio Flavio Troglio no calificaba ni tenía antecedentes, pero pasó el examen escrito y luego el oral en una maniobra muy extraña, relegando a otros dos candidatos que participaban por el puesto de titular del Registro 12″, recordó una fuente al tanto de esa maniobra.

En octubre de ese año, Cristina Kirchner firmó el decreto 2295 que puso en funciones a Troglio.

En 2016, con la asunción de Mauricio Macri, Doro Urquiza fue removida de su cargo en el Ministerio de Justicia, aunque reapareció cuatro años después, con el triunfo de Alberto Fernández. “Ya sabíamos lo que iba a pasar, vino por la revancha”, ironizó un ex funcionario macrista.

Más allá de la designación de la concuñada de Soria, la gestión de Doro Urquiza quedó bajo la mira de la Justicia. Infobae reveló ayer que una jueza federal de Neuquén sostuvo que durante los últimos tres años hubo un “plan sistemático” desde el Gobierno para remover a los interventores de los registros que fueron elegidos entre 2015 y 2019, durante la gestión de Mauricio Macri (Ver Aquí).

El caso puntual involucra a la interventora a cargo del registro del automotor número 6 de Neuquén, Mariana Luraschi, quien fue desplazada en junio de este año por Doro Urquiza. La decisión se basó en una auditoría oficial, un requisito administrativo para remover a los auditores que no fueron designados por concurso.

Luraschi desconoció los resultados de esa auditoría, a la que calificó como una “parodia”, y presentó un amparo ante la justicia federal. Antes de resolver, la jueza María Carolina Pandolfi le pidió un informe al Ministerio de Justicia sobre todas las auditorías realizadas por la Dirección Nacional del Automotor desde diciembre de 2019.

Ese informe reveló que se realizaron 122 auditorías: 34 se hicieron en 2020, 56 durante 2021, y 32 hasta el 20 de julio de este año.

Pero el dato más llamativo fue que el 92% de las auditorías fueron contra interventores designados en el gobierno anterior. “Cuatro Registros Seccionales inspeccionados se encontraban a cargo de encargados o interventores designados con anterioridad al año 2015. El resto de las Seccionales (46) se encontraban a cargo de Encargados oInterventores designados durante el período 2015­2019. De la totalidad de las sanciones, 17 fueron llamados de atención y en 25 casos se dispuso el cese en la gestión del Encargado o Interventor”, destacó la jueza.

En la misma resolución, la jueza de Neuquén dijo que es “verosímil” que existió un plan para remover a los interventores designados en el gobierno anterior: “Sin perjuicio de admitir que es posible que en todos los casos, los encargados o interventores designados en el período 2015­2019 y sancionados hayan incurrido en faltas suficientemente graves para fundar la grave sanción aplicada, lo cierto es que el análisis del cuadro general permite considerar por el momento verosímil la hipótesis alegada por la actora, esto es, la existencia de un plan de remoción sistemático que afectó especialmente a los encargados de Registro designados en la gestión de gobierno previa a la actual”.

La decisión ya fue confirmada por la Cámara Federal de General Roca. “El hecho de que no se hayan aportado las fiscalizaciones en las que no se adoptó temperamento alguno, o la referencia relativa a que solo en 28 casos se dispuso el cese, nada dice sobre la conclusión extraída por la magistrada: se fiscalizaron más registros y se sancionaron muchos más funcionarios designados durante el gobierno anterior que lo que ocurrió con los nombrados por el actual”, sostuvo el juez Mariano Roberto Lozano.

La designación de la concuñada de Soria no es la primera ni la única vinculada a la política de Neuquén. Jorge Augusto Sapag es el titular del registro 3 de Neuquén y Laila Siman Menem, sobrina segunda de Carlos Menem, tiene el registro número 1 en la localidad de Plottier. La lista continúa.

La Noticia en Infobae

La Justicia detectó un “plan sistemático” del Gobierno para quedarse con los registros del automotor ocupados en la gestión anterior

Diario “Infobae”, 09.11.22

El manejo de los registros del automotor siempre fue visto como una caja política. A lo largo del país, hay decenas de registros entregados a familiares y allegados a los gobierno de turno. La novedad es que ese sistema clientelar acaba de ser expuesto por la propia Justicia en un caso concreto.

“El 92% de las auditorías realizadas durante el actual gobierno fueron contra interventores elegidos entre 2015 y 2019”

La jueza federal de Neuquén María Carolina Pandolfi repuso a una interventora desplazada por el actual gobierno y sostuvo que durante los últimos tres años hubo un “plan sistemático” para remover a los interventores que fueron elegidos entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri.

El caso puntual involucra a la interventora a cargo del registro del automotor número 6 de Neuquén, Mariana Luraschi, quien fue desplazada en junio de este año por la directora nacional de los Registros Nacionales de Propiedad Automotor, María Eugenia Doro Urquiza. La decisión se basó en una auditoría oficial, un requisito administrativo para remover a los auditores que no fueron designados por concurso.

La jueza María Carolina Pandolfi

Esa auditoría detectó supuestas irregularidades en el funcionamiento del registro como errores en la facturación, omisiones en realizar consultas en trámites que podían ser observados por la Unidad de Información Financiera (UIF), o algunas denuncias de usuarios.

Puntualmente, la auditoría detalló estas irregularidades:

1) Consignación errónea de altas y bajas impositivas de vehículos con cambio de radicación, lo que incumpliría el “Instructivo SUCERP patentes” e implicaría un “lapso de tiempo en el cual los dominios no tributen en ninguna jurisdicción”.

2) Cobro erróneo de aranceles en cinco trámites de inscripción inicial y treinta y dos transferencias, cobrando importes superiores en $26.703,10 en perjuicio de los usuarios, y dejándose de cobrar $80.106,15 en perjuicio del Estado.

3) Falta de agregación a los legajos de numerosos instrumentos anulados (cédulas automotor y cédulas autorizado), incumpliendo con la Circular 12/2005.

4) Falta de consulta de inhibición general de bienes de los adquirentes en incumplimiento a la Circular 11/2013 y art. 7 de la Resolución UIF 29/2013.}

5) Dos quejas de usuarios, una de las cuales habría implicado un incumplimiento al art. 5 de la Disposición 154/2018.

6) Inscripción de un trámite cuyo titular se encontraba fallecido, con disimilitud de firmas en los instrumentos certificados.

7) Inscripción tardía de los trámites al sistema informático SURA en incumplimiento a lo establecido por el art. 5, sección 6, Cap. XIII, Tit. II del Digesto de Normas.

Luraschi desconoció los resultados de esa auditoría, a la que calificó como una “parodia”, y presentó un amparo ante la justicia federal. Entre otras cosas, sostuvo que al comienzo de su gestión, allá por 2018, invirtió 1,2 millón de pesos con la expectativa de “poder concursar y desarrollar la actividad”. Ese concurso se inició al año siguiente pero fue suspendido por otra decisión judicial.

Además, la interventora denunció que su remoción era parte de un plan del actual gobierno para remover a los interventores designados durante la gestión de Mauricio Macri. “La remoción se realiza bajo un modelo que es casi idéntico para los distintos registros cuyos encargados interventores fueron designados durante el gobierno anterior…Allí se hace una pseudo auditoría, se le imputan hechos, se les permite realizar un descargo que nunca se considera…se los interviene con gente de la Dirección pero al poco tiempo se designa un amigo de la gestión como interventor”, sostuvo Luraschi.

Infobae contactó a Luraschi para conocer los detalles del caso, pero prefirió no hacer declaraciones.

En el expediente, la Dirección Nacional de Registros de Propiedad Automotor (DNRPA) argumentó que se respetó el debido proceso y el derecho de defensa de la interventora.

Antes de resolver, la jueza Pandolfi le pidió al Ministerio de Justicia, a cargo de Martín Soria, un informe sobre todas las auditorías realizadas por la Dirección Nacional del Automotor desde diciembre de 2019.

Ese informe reveló que desde ese momento se realizaron 122 auditorías: 34 se hicieron en 2020, 56 durante 2021, y 32 hasta el 20 de julio de este año.

Pero el dato más llamativo fue que el 92% de las auditorías fueron contra interventores designados en el gobierno anterior. “Cuatro Registros Seccionales inspeccionados se encontraban a cargo de encargados o interventores designados con anterioridad al año 2015. El resto de las Seccionales (46) se encontraban a cargo de Encargados oInterventores designados durante el período 2015­-2019. De la totalidad de las sanciones, 17 fueron llamados de atención y en 25 casos se dispuso el cese en la gestión del Encargado o Interventor“, destacó la jueza federal en un fallo al que tuvo acceso Infobae.

Y agregó: “Sin perjuicio de admitir que es posible que en todos los casos, los encargados o interventores designados en el período 2015­2019 y sancionados hayan incurrido en faltas suficientemente graves para fundar la grave sanción aplicada, lo cierto es que el análisis del cuadro general permite considerar por el momento verosímil la hipótesis alegada por la actora, esto es, la existencia de un plan de remoción sistemático que afectó especialmente a los encargados de Registro designados en la gestión de gobierno previa a la actual”.

Con esos argumentos, la jueza federal de Neuquén suspendió la decisión administrativa que había apartado Luraschi y le ordenó al Estado nacional que la reponga en su cargo.

La decisión ya fue confirmada por la Cámara Federal de General Roca. “El hecho de que no se hayan aportado las fiscalizaciones en las que no se adoptó temperamento alguno, o la referencia relativa a que solo en 28 casos se dispuso el cese, nada dice sobre la conclusión extraída por la magistrada: se fiscalizaron más registros y se sancionaron muchos más funcionarios designados durante el gobierno anterior que lo que ocurrió con los nombrados por el actual”, sostuvo el juez Mariano Roberto Lozano.

Aunque se trata de una medida cautelar, el fallo blanquea las históricas irregularidades en la asignación de los registros del automotor.

Por esas oficinas pasan todos los trámites vinculados al patentamiento o transferencia de autos, motos y maquinarias agrícolas del país. Aunque los costos varían, se paga alrededor de un 6 por ciento del valor de cada vehículo. Una caja millonaria que se distribuye hace décadas de manera discrecional.

La Noticia en Infobae

Autopartista advirtió a terminales que parará la producción por no poder pagar importaciones

La autopartista alemana ZF, radicada en la provincia de Córdoba, envió este miércoles cartas a varias automotrices locales advirtiendo de un inminente corte de suministro de productos por las complicaciones para realizar pagos de insumos importados.

La multinacional, que produce amortiguadores en la localidad de San Francisco, tomó esa decisión después de que sus proveedores del exterior le comunicarán que no iban a seguir abasteciendo a la empresa ante las nuevas condiciones en materia de comercio exterior dispuestas por el Gobierno.

Desde hace unas semanas rige un nuevo sistema de importación que alargó a 180 días la liberación de dólares al precio oficial para pagar importaciones de todo tipo.

Ante esta modificación los proveedores del exterior advirtieron a las empresas argentinas que suspenderían las entregas de materias primas e insumos.

La decisión de ZF se debió a la necesidad de poner al tanto a las terminales locales que en las próximas semanas ya no tendría insumos para producir y abastecer a las automotrices. Las cartas fueron enviadas a Volkswagen, Renault, Nissan y General Motors, desde donde dejaron trascender la información. También se enviaron comunicaciones a las filiales de Ford y Kia en Uruguay. En las próximas horas, otras notas tendrán como destino las plantas de Iveco y Scania y de Brasil, aunque todavía no está decidido.

Si bien los permisos para importar están saliendo con cierta normalidad, el alargamiento de los plazos de pagos funciona como una traba a las importaciones ya que los proveedores del exterior no aceptan las nuevas condiciones. Esto sucede en gran cantidad de autopartistas y de empresas de otros sectores.

Según pudo averiguar “Ámbito” de fuentes de ZF, la empresa adelantó el grave cuadro de situación de la producción y que si no se soluciona de forma inmediata tendrán que suspender el abastecimiento de productos.

Paralelamente, la multinacional está negociando con su casa matriz la posibilidad de financiar las importaciones que realiza por el plazo de 180 días para que sus proveedores reanuden el envío de insumos. Sin embargo, esta negociación recién está empezando y puede no llegar a concretarse a tiempo. A esto se suma el malestar en las casas natrices de las empresas que tienen que financiar a sus filiales locales con la imposibilidad de sacar los dólares del país. Toda esta situación pone a la industria automotriz en un estado de suma fragilidad.

De hecho, la planta de Nissan, donde produce la pickup Frontier, debió suspender la producción ayer y hoy por falta de insumos.

ZF es una autopartista de las más importantes a nivel mundial. El 55% de lo que produce en Córdoba – alrededor de 2 millones de unidades anuales – se exporta con Brasil entre los principales clientes, pero también se abastece al mercado europeo para repuestos.

En ese contexto tan complicado, las terminales automotrices se reunieron el miércoles pasado con el Secretario de Comercios, Matías Tombolini, para analizar el funcionamiento del nuevo sistema de administración del comercio exterior puesto en marcha hace dos semanas.

El principal problema que se generó con el cambio de régimen es la postergación de pagos a los proveedores del exterior que pasó de 60 a 180 días. Además de los mayores controles para ingresar mercadería

Eso provoca un problema serio ya que no sólo tiene un costo financiero, sino que desde las empresas que venden materias primas y piezas a las fábricas locales están alertando que no van a mantener el flujo si se mantiene este mayor plazo. Incluso ya alguna terminal recibió carta de un proveedor multinacional del exterior advirtiendo que dejaría de enviar mercadería.

Las terminales solicitaron que se reduzca ese tiempo para que el Banco Central libere dólares al cambio oficial.

Desde el Gobierno les pidieron a las empresas que sean las casas matrices las que financien, por ese plazo, a sus filiales locales para seguir recibiendo insumos y mantener la producción.

En el caso de las empresas que exporten y tengan superávit en su balanza comercial no tendrán necesidad de recibir dólares ya que se los generan. El problema es para los que no exporten o lo hagan en baja cantidad.

La preocupación que hay en el sector es si cumplidos esos 180 días recibirán los dólares al cambio oficial o se volverá a patear el pago. Según pudo saber “Ámbito”, fue en esos casos que el Gobierno pidió que los dólares los pongan las casas matrices. El Gobierno se comprometió a recortar ese plazo y están esperando que se cumpla.

Como las reuniones fueron individuales, es decir empresa por empresa, el planteo fue diferente para cada una. También se habló de importar vehículos o repuestos al valor del dólar financiero. Lo que quedó claro en las empresas es que se mantendrá la dureza en el acceso a divisas al cambio oficial.

El Gobierno reforzó la idea de cuidar los dólares para producir hasta que lleguen los billetes de la próxima cosecha y la situación dependerá de lo que cada empresa exporte”, explicó a “Ámbito” un directivo que participó de las reuniones.

Fuente: Ámbito