Tras la aprobación del proyecto de ley Bases, desde distintas entidades salieron a manifestar su posición.
Diario ´Ámbito Finaciero´, 14 de junio
En el sector automotor, la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA) celebró el avance de la ley Bases en el Senado. A través de un comunicado, aseguró que “el Gobierno esté a punto de obtener la sanción de una ley que le permita adoptar medidas orientadas a una mayor apertura de la economía en general, y en particular del sector automotriz, facilitando a los argentinos el acceso a un mercado automotor más moderno y competitivo, con productos de última generación tecnológica en materia de seguridad activa y pasiva y de propulsión, en mejores condiciones de precios y créditos”.
La cámara –que cuenta con 30 marcas asociadas que en conjunto tienen 8600 empleados, 116 concesionarios y 311 talleres – señaló que “el parque automotor de Argentina está atrasado por lo menos en 10 años debido a las regulaciones en materia de importación que rigieron hasta el gobierno anterior y las cargas impositivas y arancelarias que se mantienen vigentes o acrecentadas, determinando que el precio al consumidor de un automóvil en la Argentina resulte mucho más caro, hasta 100% en algunos casos, de los que se pagan en cualquier otro país del mundo”.
Asimismo, esta situación “se opone a cualquier intento de modernización y de sana competencia, y derrota al enunciado de ‘libertad’ compartido por la mayoría de los argentinos, al poner obstáculos a una libertad esencial de los ciudadanos, que es la de elegir.”
En el comunicado, CIDOA propone avanzar en la “igualdad de oportunidades y de condiciones entre los actores del mercado, lo que se logra con regulaciones transparentes, libre acceso a los instrumentos financieros y una razonable y equitativa carga impositiva. Incluso el mercado global ofrece oportunidades en países cuya escala permite obtener productos de calidad en condiciones alineadas con el objetivo de bajar los precios en el mercado interno”.
En ese sentido, asegura que “facilitar el acceso al automóvil en mejores condiciones por vía de la baja de la carga impositiva y arancelaria resultará en un beneficio que pueden compartir el fisco -por un mayor volumen de ventas- y desde ya el consumidor y, en nuestro caso, las empresas importadoras, en general de capitales nacionales, que han perseverado a lo largo de los años soportando climas económicos irrespirables, caracterizados por regímenes sectoriales discriminatorios y discrecionales.”