De 48 mil millones de pesos facturados en 2021 por los registros del automotor sólo 20 mil llegaron al Estado

Los Registros Seccionales de la Propiedad Automotor recaudaron durante el 2021 unos 48 mil millones de pesos en concepto de aranceles por trámites registrales. Sólo en la provincia de Santa Fe la recaudación anual rondó los 5 mil millones de pesos. Se trata de oficinas públicas tercerizadas desde hace décadas a las que el Estado cede buena parte del negocio por su mera intermediación. Si bien el sistema se fue perfeccionando con los años recibe críticas y arrastra problemas desde su creación, y los proyectos legislativos para pasarlos a la administración pública nacional o de las provincias siguen en lista de espera.

En total hay 1.555 Registros Seccionales de la Propiedad Automotor en todo el país que dependen de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Cada seccional tiene un Encargado de Registro que es el responsable de llevar adelante la actividad, con la posibilidad de contratar personal a su cargo. Por estas oficinas deben pasar todos los trámites necesarios vinculados al patentamiento o transferencia de autos, motos y maquinarias agrícolas del país.

Los números precisos fueron aportados por la propia DNRPA a partir de un pedido de información pública solicitado por Suma Política. De allí se desprende que durante el año 2021 los registros recaudaron 48.806.505.249 de pesos de los cuales 20.513.374.156 (42,03 %) quedaron en manos de los encargados de registros en concepto de emolumentos.

En tanto, en la provincia de Santa Fe lo recaudado en concepto de aranceles por trámites registrales ascendió a 4.784.487.544 pesos, lo que representó cerca del 10 % de la recaudación total del país. Haciendo números rápidos y teniendo en cuenta que en todo el territorio santafesino hay 154 registros —según la página web de la DNRPA— nos da un promedio de recaudación de 31 millones anuales por registro en la provincia. Aclarando siempre que una parte de la recaudación queda en manos de los encargados por la tarea que realizan y otra para el Estado.

La forma en que se dividen esos ingresos fue explicada previamente por este medio (Ver Aquí). La normativa fija un esquema de montos mínimos y límites, en donde se establecen las sumas y porcentajes que le corresponden al registro en función de lo recaudado durante ese mes. Según la última actualización de los valores —que se anunció el 28 de diciembre de 2021 y entró en vigencia los primeros días de este año— si el registro recauda hasta 1.173.000 pesos (límite 1), se queda con el total de la recaudación. Pero si el monto se ubica entre 1.173.000 pesos (limite 1) y 2.042.000 (límite 2), al titular del registro le corresponde el 100 por ciento fijado para el límite 1 más el 60 por ciento del excedente.

El esquema fija un total de 6 límites donde el porcentaje de excedente que queda en manos de los titulares de registro va decreciendo a medida que la recaudación es mayor. Ese sistema asegura, por un lado, un monto de ingresos (hasta el límite 1) que no serán tocados por el Estado, quitando riesgos para los titulares si la actividad no fuera del todo buena en el período. Pero a la vez, permite tener una mayor retención para el Estado cuando la actividad va bien y las recaudaciones se incrementan.

En 2017 la recaudación de todas las seccionales del país alcanzó los 18.045.406.840 de pesos, de los cuales el Estado percibió 7.232.897.389 (40 %), según publicó el diputado nacional Martín Lousteau en un proyecto de ley que buscaba estatizar los registros y que el Estado pasara a percibir el total de los ingresos. Si se toman esos valores como referencia se puede estimar que en cinco años la recaudación nominal de los registros tuvo un incremento del 170 % —sin perder de vista que se fueron sumando nuevas seccionales— pero también que el Estado logró invertir la ecuación y quedarse con una porción mayor de la torta. Hay que tener en cuenta también que los “límites” de recaudación se actualizan con frecuencia.

Nuevas seccionales y concursos

El sistema de registración de la propiedad automotor data de 1958 pero el boom y expansión de las oficinas se dio durante el menemismo: se estima que al inicio de su gestión había unos 300 en todo el país y para el fin de su mandato superaban los 900.

Durante años la designación de los registros se hizo de forma discrecional y eso generó acusaciones de que el negocio se repartía entre personas vinculadas al poder, como favores y compensaciones políticas. Recién en 2003, por medio de la Resolución 283, se estableció que los encargados serían elegidos por medio de un concurso público con la condición de poseer título habilitante de abogado, escribano y contador público nacional, y posteriormente se agregó la posibilidad de sumar licenciados en administración y en economía.

Actualmente son 154 los registros en la provincia de Santa Fe, de los cuales 18 funcionan en Rosario —16 de autos y 2 de motos según la información remitida desde la DNRPA—. Desde 2015 a la fecha se crearon 56 nuevos registros en todo el país y se abrieron nueve etapas concursales para cubrir en total 209 puestos en ese período de tiempo.

De los 18 encargados de registros de Rosario, la mitad está en su puesto desde la década del 90. Pero desde que se implementó la modalidad por concurso, solo cinco responsables de registros accedieron al cargo: dos en 2017, dos en 2018 y uno en 2019. “En todos los supuestos, los funcionarios, fueron designados conforme la reglamentación vigente a la fecha del nombramiento”, enfatizaron desde la DNRPA.

Críticas

En este tiempo distintos legisladores presentaron propuestas para que los registros pasen a manos del Estado. En líneas generales, los proyectos sostienen que esa maniobra implicaría mayores fondos para el Estado que dejaría de “compartir” la recaudación con privados por una actividad que la propia estructura estatal podría llevar adelante, además de abaratar los costos para la ciudadanía.

Uno de los proyectos fue presentado por la diputada nacional Alicia Ciciliani y proponía que las provincias se hicieran cargo de la parte administrativa absorbiendo el personal de las seccionales localizadas dentro de cada distrito. La iniciativa fue presentada en dos oportunidades (2012 y 2016) pero nunca llegó a tratarse en comisiones.

En esa propuesta, la legisladora santafesina se preguntaba por qué el Estado no se hacía cargo de la actividad registral de los automóviles, como sí ocurre en el caso de los inmuebles, por citar un ejemplo. “¿Cómo puede haber lucro en una actividad impuesta por el Estado y que esa actividad, que no aporta ningún valor al bien, le genera ganancias a un privado? No tiene ningún sentido esa forma de registro y ese encarecimiento para los ciudadanos”, cuestionó en declaraciones previas a este medio.

Una iniciativa similar fue presentada por el diputado nacional Martín Lousteau en 2018. Allí el dirigente propuso que toda la actividad registral de vehículos pase a la administración nacional y que los recursos con los que se financia la actividad empiecen a ser percibidos por el Estado en su totalidad. El proyecto además establecía un arancel fijo estableciendo que el costo total del papelerío no pueda superar el 1 por ciento del valor del vehículo.

En la actualidad contamos con un sistema de registros automotores privatizado, donde ciertas personas denominadas titulares, designadas por el poder de turno, mediante favores políticos o por herencia, centralizan cajas recaudatorias en razón de aranceles que fija el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para luego compartir parte de sus ganancias con el Estado nacional. Creemos que toda la recaudación realizada por el sistema registral nacional ha de ser percibida directamente por el Estado nacional”, sintetizaba Lousteau en su iniciativa.

Ignacio Cagliero

La Noticia en SumaPolítica

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