La crisis interna generada por el aumento del Impuesto Automotor desnudó carencias estructurales del Estado, algunas fragilidades en el Gobierno y abrió puertas que pueden complicar aún más las cuentas a futuro. Generó, además, un problema inesperado en un verano que hasta ahora Rodolfo Suarez transitaba sin sobresaltos.
El solo hecho de haber detonado una revisión generó una expectativa que, reconocen en el Gobierno, obligará a ejecutar algún cambio. Es decir, el plan de gestión de Suarez y de los 18 intendentes se verá afectado. La opción con mayores posibilidades es poner alguna especie de tope al aumento, según el modelo del vehículo y la gama. La maquinaria estatal se resentirá, pues los boletos ya están calculados y con fecha de vencimiento (en febrero). Incluso puede representar un retraso en el cumplimiento de las pautas de recaudación por el efecto “precautorio”: muchos contribuyentes pueden no pagar a la espera de lo que se decida. En Mendoza hay casi un millón de autos empadronados que pagan el impuesto, una cantidad sensiblemente menor del parque automotor real.
Condonación
La ley impositiva tenía otras aristas que incomodan. Una de ellas es un perdón generalizado que el Gobierno decidió a un grupo de deudores crónicos. Son más de 360 mil boletas de deuda del Impuesto Automotor e Inmobiliario que ahora se consideran incobrables. La ley impositiva condonó todas las deudas de impuestos patrimoniales desde el 2015 hacia atrás. Aseguran que la decisión se tomó porque se trata de montos ínfimos y los costos de logística y administrativos de las cobranzas son mayores a la posibilidad de recupero. Igual reconocen que tiene un impacto simbólico negativo: perdonar deudas en un contexto de exigencia de mayor pago no es bueno. Lo mismo ocurre con las moratorias y otras herramientas.
Fuente: MDZOL