En 60 días se conocerán los resultados de los estudios que el Ministerio de Ambiente está realizando para saber si el aumento del porcentaje de corte de etanol en los combustibles cumple con las normas de emisión.
El Plan Alconafta Argentina nació en 1978 y su producción masiva comenzó tres años más tarde. A comienzos de los años ’80, la alconafta se comercializó en once provincias, con un corte del 15 por ciento. Tuvo una rápida expansión, impulsada por una exención del impuesto al combustible pero cayó en desuso poco después, debido al costo fiscal que generaba.
Cristina Kirchner quiso reflotarlo en 2013 para combatir el déficit energético y reducir las importaciones de combustibles. Así logró sancionar la Ley de Biocombustibles que hoy impone cortes de 12 por ciento para las naftas y 10 para el diésel.
Según un informe publicado por el diario Página 12, hay una idea de mínima de incrementar esa participación hasta donde sea posible sin afectar el funcionamiento de los motores convencionales como existe en Brasil. En este proyecto, están trabajando distintas dependencias del Gobierno, entre ellas Ambiente, Energía, Producción, Agroindustria y Transporte.
La resistencia está por el lado de las automotrices. Creen que un cambio tan radical no puede hacerse sin estudiar todas las consecuencias ni por una cuestión coyuntural de la sobreproducción de un sector. La posición más alarmista advierte que de llevar al sector a producir vehículos 100 por ciento a alcohol provocaría en el mediano plazo el traslado de las líneas de producción argentinas a Brasil, un país que es líder en esta tecnología y que, además, la produce a menores costos.
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