Elevaron a juicio la causa contra la familia que vendía autos “mellizos”
«El Diario» (Villa María), 26.06.24
La fiscal federal de Villa María, María Schianni, pidió la elevación a juicio de la causa en la que se investigó la venta de autos mellizos.
Los acusados son Gabriela Gallardo, su esposo Favio Torres y el hijo de ambos, llamado también Favio Torres, todos domiciliados en Río Cuarto.
Realizaban las operatorias comerciales a través de Mercado Libre utilizando el nombre de los verdaderos dueños del coche. Sin embargo, lo que estaban vendiendo en realidad eran autos robados con una patente falsa y la documentación adulterada.
Los imputados, según la acusación, formaron parte de una estructura delictiva creada con la finalidad de concretar una multiplicidad de hechos que comenzaban con la recepción del auto robado, con sus autopartes adulteradas. Luego, mediante la intervención de terceros, gestionaban los informes de dominio necesarios para tomar conocimiento de los datos registrales del rodado a imitar y así adulterar la documentación.
Pese a que el matrimonio no terminó la primaria y el hijo apenas concluyó ese nivel educativo, se las ingeniaron para confeccionar los documentos públicos (tales como formularios del automotor, cédulas verdes, títulos) y privados (recibos de pago emitidos por el Registro del Automotor, pólizas de seguro, entre otros) para dar apariencia de legalidad a la operación de compraventa.
Luego creaban un perfil en Mercado Libre y ofrecían el auto. Finalmente, cuando conseguían un interesado, se concretaba un encuentro, lo entregaban y cobraban por el vehículo mal habido.
La estafa quedaba expuesta cuando los compradores intentaban poner el auto a su nombre.
Como al menos dos de las víctimas de esta asociación son de la región, la causa se investigó en la Justicia Federal de Villa María, desde donde pidieron la elevación a juicio de los imputados, acusados como supuestos autores de “asociación ilícita” y “estafa”, además de “encubrimiento del hurto con ánimo de lucro”, “uso de documentos públicos y privados adulterados, agravado por estar destinado a acreditar la identidad del dominio” y “falsificación y alteración de la numeración de un objeto registrable”, entre otros.
