Dra. Jimena Lennard, Publicaciones

La Dra. Jimena Lennard es abogada (posgrado en Derecho Tributario) de la Oficina de Oficios Judiciales de la D.N.R.P.A. Habiendo comenzado su participación en nuestra revista a fines de 2017, esta es la enumeración de sus publicaciones:

~ 14.05.18: Trámites arancelados, normativa y modificaciones

~ 08.03.18: La guarda de los vehículos secuestrados por las autoridades de control

~ 08.11.17: Caducidad de la Inhibiciones Generales de Bienes

Trámites arancelados, normativa y modificaciones

María Jimena Lennard

La Dra. María Jimena Lennard es abogada (posgrado en Derecho Tributario) de la Oficina de Oficios Judiciales de la D.N.R.P.A. El año pasado inició su participación en Panorama –Ver sus notas previas– y hoy continúa con un análisis referido a la obligatoriedad (o no) de pago de Aranceles ante los Registros.

Como principio rector, en cuanto pago de aranceles que fija la normativa, el artículo 9º del Régimen Jurídico del Automotor  versa que “Los trámites que se realicen ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, deberán abonar el arancel que fije el Poder Ejecutivo Nacional, salvo casos expresamente exceptuados por la reglamentación”. Es decir, que la regla general no es la gratuidad, sino que esta es una excepción normada.

En consonancia, el Decreto reglamentario  Nº 335/88, en su artículo 4to enuncia en forma taxativa, en cinco (5) incisos, los trámites exceptuados. Entre ellos, el inciso b) prevé “Las medidas y pedidos de informes dispuestos por autoridad judicial en cumplimiento con las normas legales que expresamente establezcan gratuidad por la prestación de ese servicio, o que este se realizará sin previo pago. En este último supuesto el arancel se abonará en su oportunidad”. El caso de diferimiento de pago, se contempla en los juicios de Concursos y Quiebras, en los cuales el fallido o concursado, una vez realizada la liquidación final, debe abonar los aranceles generados.
Por otro lado, respecto de la anotación de las medidas cautelares o pedidos de informes  que se ordenan en juicios en los cuales hubiera o se estuviera por conceder el Beneficio de Litigar sin Gastos, la Circular DN Nº 14/2017  (Ver Aquí) aporta un criterio interpretativo, importante y clarificador. Estableciendo que este beneficio, no se encuentra contemplado por la excepción antes descripta, no existiendo norma específica que establezca gratuidad o diferimiento de pago, en el marco de estas actuaciones. Sintetizando, que el servicio registral que brinda la DNRPA , a través de los Registros Seccionales, no reviste el carácter de costas o gastos. 

Por lo tanto cada mesa receptora, deberá evaluar rigurosamente, si procede el cobro de aranceles, el cual, de corresponder, se podrá efectuar a través de las nuevas herramientas informáticas que dispone la DNRPA, como el sistema  “eRecauda”. El mismo, tiene como objetivo permitir al Contribuyente/Deudor, a partir de un único Portal, generar sus propios comprobantes para el pago, con el fin de cumplir sus obligaciones con el Estado Nacional, representado en los distintos Ministerios u Organismos que lo componen. 

Dra. Jimena Lennard

La guarda de los vehículos secuestrados por las autoridades de control

María Jimena Lennard

La Dra. María Jimena Lennard es abogada (posgrado en Derecho Tributario) de la Oficina de Oficios Judiciales de la D.N.R.P.A. El año pasado inició su participación en Panorama con un artículo donde señalaba la vigencia de la Disposición D.N. Nº 812/02, herramienta apta para calificar las inhibiciones que se presentan en los Registros (Ver su artículo). En esta nueva nota, la autora explica a la comunidad registral el entrecruzamiento de organismos que actúan en el secuestro y guarda de automotores frente a las infracciones de tránsito cometidas. 

“Las infracciones de tránsito cometidas por usuarios del parque vehicular y las consecuencias que conllevan, son un tema de debate y actualidad.
El poder de policía sobre este asunto lo detentan las distintas jurisdicciones. Tanto el poder legislativo federal, como los poderes legislativos provinciales, tienen competencia para proceder a su reglamentación, y no como muchos piensan la DNRPA. Dicho poder de policía es amplio y puede conllevar la medida de secuestro del rodado. Es allí cuando los tribunales, que posteriormente intervienen, ofician a la DNRPA, para que la misma haga saber el lugar donde debe proceder la guarda temporal.
Lo cierto es que la Dirección Nacional no cuenta con espacios físicos en todas las jurisdicciones y el Digesto de Normas Técnico Registrales artículo 18 y subsiguientes del Título 2, Capítulo 4, Sección 1, otorga una solución, a las autoridades que se encuentren en esta situación “Cuando en el lugar donde se haga efectivo el secuestro no hubieren depósitos habilitados por la Dirección Nacional, o cuando razones de servicio así lo requieran, la autoridad que lo practicó, podrá designar depositario del automotor a la persona que detentaba su tenencia al momento del secuestro”
Resulta cuestionable, la seguridad jurídica que otorga al resto de la sociedad, que el mismo infractor oficie como depositario del rodado, y en qué medida se puede dar control al cumplimiento efectivo de la orden. El articulo N° 19 suscribe que “el depositario asumirá las obligaciones y responsabilidades inherentes a ese carácter y mantendrá el automotor fuera de circulación de la vía pública, hasta tanto se disponga su rehabilitación.”
Más allá de la responsabilidad civil y penal, de quien incumpla la orden, cabe cuestionarse si las jurisdicciones están en condiciones recepcionar y registrar adecuadamente los rodados secuestrados y en todo caso a que obedece esa carencia de medios”.

Panorama 2018

Cecilia Reyes

Frente al incesante crecimiento de visitas de nuestros espacios web, “Panorama Registral” ha sumado dos nuevas colaboradoras para 2018. Ellas son la Sra. Cecilia Reyes y la Dra. María Jimena Lennard; ambas funcionarias de la DNRPA.

María Jimena y Cecilia han adelantado ya artículos on-line en 2017 (que podés encontrar en la columna izquierda de esta página sobre sus rostros); y han convenido con nuestro cuerpo editorial una activa participación durante el próximo año.

La Sra. Cecilia Reyes trabaja en la D.N.R.P.A. desde el año 1989 y actualmente se desempeña en el Departamento “Calidad de Gestión”, en la Sede de Costanera Sur del organismo.

María Jimena Lennard

Cecilia nos hizo llegar una fotografía emblemática, junto a sus compañeros, en el área Técnico Registral, allá por el año 1992. La Dra. María Jimena Lennard por su parte, es abogada (posgrado en Derecho Tributario) de la Oficina de Oficios Judiciales de la D.N.R.P.A. Podés encontrar también en esta Web clickeando sobre su fotografía, un artículo donde subraya la vigencia de la Disposición D.N. Nº 812/02, herramienta apta para calificar las inhibiciones que se presentan en los Registros.

Caducidad de la Inhibiciones Generales de Bienes

Dra. María Jimena Lennard

La Dra. María Jimena Lennard es abogada (posgrado en Derecho Tributario) de la Oficina de Oficios Judiciales de la D.N.R.P.A. Unos días atrás nos hizo llegar este artículo, donde subraya la vigencia de la Disposición D.N. Nº 812/02 (Ver Aquí), herramienta apta para calificar las inhibiciones que se presentan en los Registros. “Se siguen generando constantes dudas con respecto a ello, motivo por el cual me pareció útil publicar este artículo aclaratorio”, nos dice.

“Mediante la Ley Nº 25.677 se modificó el Régimen Jurídico Automotor, estableciendo un plazo de caducidad para la inscripción de las Inhibiciones Generales de Bienes trabadas en Sistema Integrado de Anotaciones Personales”.

Por este motivo se adecuó, mediante la Disposición DN 812/02 del 6 de Diciembre de 2002, lo establecido en el Digesto de Normas Técnico Registrales a las previsiones de la ley citada. De esta manera se unificó el plazo de caducidad de todas las inhibiciones generales de bienes que se inscriben ante los Registros Seccionales de todo el país, conforme a la Disposición 515/2016, la cual obliga a estos a tomar razón de la inscripción, levantamiento y reinscripción de ellas.

Como consecuencia de lo anterior, las Inhibiciones Generales de Bienes caducan de pleno derecho a los cinco (5) años contados desde su anotación.

Asimismo la mentada Disposición estableció que aquellas medidas trabadas con anterioridad al 7 de Diciembre de 2002, tendrán la vigencia que en cada caso establezca la norma local aplicable por el tribunal que ordenó la medida. En el supuesto que la medida carezca de fecha de vencimiento, ya sea porque la naturaleza del proceso así lo imponía o porque algunas jurisdicciones no proveen plazo, se dispuso que estas caducan automáticamente a los cinco (5) años.

Hoy en día el “S.I.A.P” continúa exhibiendo medidas trabadas sin plazo de vencimiento que fueron inscriptas con anterioridad al 7 de Diciembre de 2002, estas mismas se visibilizan en color rojo. Ante dicha circunstancia los Registros Seccionales deberán prestar especial atención para su calificación; y en el caso de que la medida no tenga plazo de caducidad porque la autoridad judicial así lo ordeno deberá considerarse que la medida continua vigente.

Esta disposición es de gran utilidad ya sea a la hora de calificar si una persona física o jurídica continua inhibida, así como también resulta ser una herramienta para depurar el sistema de aquellas medidas caducas.