Los Motos no inscriptas y el Decreto N° 171/17

Dr. Eduardo Mascheroni Torrilla
Dr. Eduardo Mascheroni Torrilla

El Dr. Eduardo Mascheroni (docente en Cursos de Capacitación de Mandatarios en todo el país) se refiere hoy a la reglamentación que la Dirección Nacional deberá darle al Decreto P.E.N. N° 171 del 13 de marzo pasado. Una nota anticipatoria, donde se arriesgan algunas características del nuevo régimen de motovehículos próximo a dictarse. 

“Hace poco más de un año atrás, publicamos en ´Panorama Registral´ un artículo relacionado con los recaudos a seguir para inscribir un motovehículo ´sin papeles´ o  no inscripto  (Ver nota) ante las distintas inquietudes y problemáticas de los usuarios del régimen jurídico registral del automotor, sobre dicha cuestión”.

“En la nota, exponíamos que el camino a seguir, supone, reconstruir toda la documentación necesaria para una inscripción inicial, y acreditar que el bien no fuera robado o hurtado. Un trámite que tal como se explicitaba y fue objeto de muchos comentarios recogidos, luce muy complejo y costoso, dado que debe contarse con el certificado de fabricación o importación,  factura de compra,  la solicitud tipo 01 digital y la verificación, básicamente,  lo que resulta de cumplimiento casi imposible en muchos casos, por la inexistencia jurídica de los fabricantes, importadores, comerciantes habitualistas, que participaron del proceso previo a la  venta originaria, o no poder localizar a quien fue el adquirente inicial para ceder la factura, y esto pese a que en el organismo de aplicación se cuenta con registros, al menos de los certificados de fabricación o importación.

Disposición D.N. N° 140/16

De allí, que la nota efectuada, supuso una frustración para muchos ilusionados con contar con un medio efectivo para inscribir un rodado,  adquirido con  esfuerzo, y grandes ilusiones, en el caso de las motos clásicas (sin obviar el costo de restaurarlas).

En muchos de dichos comentarios, se expresaba  que la solución adecuada era retornar al régimen de regularización dominial que fijara  la Disposición D.N.  N° 140/06  (ver aquí) vigente entre los años 2006 y febrero de 2012.

Y dichos comentarios, se trasuntaron, nos consta, en muchas peticiones más o menos formales a  la autoridad de aplicación del régimen  jurídico del  automotor.

Hoy, con el dictado del Decreto n° 1717/17 (Ver Aquí) del Poder Ejecutivo nacional,  y lo prescripto en su artículo  7°, que transcribimos:,  “ ARTÍCULO 7° — La DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS, en su carácter de Autoridad de Aplicación del Régimen Jurídico del Automotor (Decreto-Ley N° 6582/58 -ratificado por Ley N° 14.467-, t.o. Decreto N° 1114/97, y sus modificatorias) instrumentará un régimen de regularización de motovehículos no  inscriptos. Consecuentemente, dictará las normas relativas al alcance, condiciones y requisitos para la inscripción registral de las unidades.”  pareciera que nos encontramos ante el escenario adecuado para resolver este reclamo de miles de usuarios.

Decreto P.E.N. N° 171/17

Si bien la norma aludida, no tiene como motivación la inquietud que plantean los usuarios de dichos motovehículos, esto es  contar con los “papeles” conforme a derecho, sino tutelar la seguridad ciudadana ante el flagelo de los ilícitos cometidos utilizando motocicletas  (nos remitimos a sus considerandos los que destacamos parcialmente: “Que la masividad del uso de motovehículos a lo largo del territorio de la Nación, y más allá de la  comodidad que proporciona este medio de locomoción, su accesible adquisición y su economicidad, ha facilitado de modo paralelo la concreción de hechos delictivos en la vía pública, altamente reprochables  por la sociedad… Que la modalidad implementada para cometer hechos delictivos perpetrados desde motocicletas consiste en llevar un acompañante que se encarga de la sustracción de determinado bien o valor a una persona, y un conductor quien emprende luego una acelerada carrera en cuestión de segundos, permitiendo abrirse paso entre vehículos o en dirección contraria, o por las aceras…..” )    y se pretende  combatir el mismo, identificando a los propietarios de dichos rodados, a nuestro juicio, ello permitirá en forma oblicua, alcanzar el cumplimiento del anhelo de dichos usuarios. Esto es, contar con el Título de Propiedad de su moto.

¿De que modo?,  regularizando el dominio, mediante el procedimiento que prevea la DNRPAyCP, en  conformidad con la norma que referimos supra.

Pero aquí no podemos anticipar nada, en  razón que la norma ha sido dictada recientemente y desconocemos los pasos a dar por la citada Dirección Nacional, en  el sentido mencionado, solo sabemos que antes del 15 de junio de 2017 (artículo 8 del decreto citado) debe dictar un régimen  de regularización dominial de dichos rodados, a los fines de registrar o inscribir el dominio de los mismos.

Y sin ánimo de hacer futurología, es propicio el momento para recordar como era el régimen que estuvo vigente en el período 2006-12, aunque por distintos motivos, en aquella oportunidad se pretendía regularizar el parque de motovehículos mediante un procedimiento sencillo, que llevara a los tenedores o poseedores de motos no inscriptas  a registrarlas, con  la finalidad, de sanear el dominio, e identificarlos sobretodo para que se asumiera la responsabilidad civil, fiscal y contravencional por el uso de estos vehículos.

La Disposición DN 140/06 y sus sucesivas prórrogas en particular en los años 2010 y 2011,  dio lugar al régimen de regularización de la inscripción inicial de motos 0km no inscriptas, el que tuvo sucesivas prórrogas hasta que se suspendió ,en el entendimiento de algunos, para otros se derogó, su aplicación el 28 de febrero de 2012  por la Disposición DN  552/11 y aclaramos que no queda claro si puede interpretarse derogado, aunque no se pueden aplicar los aranceles diferenciales que se implementaron en  aquella ocasión,  por lo cual si la DNRPAyCP tomara la decisión política administrativa, puede reimplantar su vigencia, adecuándolo a las motivaciones del Decreto N° 171/17, aunque consideramos que una buena técnica legislativa, requiere del dictado de una  normativa nueva, que podrá tomar como referencia a este antecedente, que en  su momento, se reveló como prudente y apto para el objetivo previsto.

Dicho mecanismo, consistía básicamente, cuando no se contaba con documentación alguna de la moto, en declarar ante el Registro Seccional correspondiente al domicilio del tenedor o poseedor de la moto, frente a dos testigos, con carácter de Declaración Jurada (o frente a un escribano) que se había adquirido el rodado en forma legítima, y se procedía a un bajo costo arancelario (Resoluciones MJyDH 350/05 y 32/06) a su inscripción, con una Solicitud Tipo 05 que incluía la verificación, con una fotografía de la moto, para determinar su cilindrada por el verificador, ya que no todas estaban incluidas, había varias categorías por cilindrada y por antigüedad del modelo (ej: las motos fabricadas o importadas antes de 1989, se podían registrar todas con este sistema de declaración posesoria),  y aquí, presumimos y entendemos que la Dirección Nacional, deberá incluir a todos los motovehículos sin importar la antigüedad ocilindrada atento al objetivo de seguridad pública fijado en el Decreto N° 171/17 del Poder Ejecutivo nacional que además es reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449, por lo cual, ninguna moto quedaría excluida, en este hipotético régimen de regularización dominial .

Y  decíamos, volviendo a la DN 140/06,  el Registro constataba la inexistencia de denuncias por robo o hurto del rodado (conforme al N° de cuadro y motor), o que no estuviera inscripta (podía ocurrir que en realidad se había extraviado Título, Cédula y Chapa patente) lo inscribía en forma condicional por dos años, y vencido dicho plazo sino había reclamos de quienes aducían un mejor derecho sobre el vehículo, la inscripción se tornaba definitiva en forma automática (artículos 3 y 4 del RJA, hoy artículo Nº 2254 del CC y C).

Lo señalado, responde al artículo 4, el supuesto más común  en  su oportunidad y que es el reclamado hoy, no obstante recordamos  lo que decía el artículo. 2, cuando se contaba con algunos papeles, como se señala en la jerga registral usual.

ARTÍCULO 2°.- Para peticionar la inscripción inicial de los motovehículos mencionados en el artículo precedente, sin perjuicio del cumplimiento de los recaudos que segn el caso y con carácter general prevé el Título I del Digesto de Normas Técnico – Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (acreditación de identidad, personería, domicilio, etc) se deberá presentar:  1) Solicitud Tipo ”05” Exclusiva para motovehículos por triplicado, debidamente confeccionada y firmada con arreglo a la normativa vigente. De contar el peticionante con una Solicitud Tipo ”01” Exclusiva para motovehículos, podrá peticionar con ella la inscripción del motovehículo. 2) Documentación que acredite el origen legítimo del bien. A ese efecto, podrá presentarse alternativamente la indicada en los incisos que sigue, en original y fotocopia:  a) si el motovehículo estuviera patentado en jurisdicción municipal o provincial, el comprobante de pago del impuesto a la radicación de automotores expedido a nombre del solicitante o certificación de esa circunstancia o de la baja expedida por la autoridad de esa jurisdicción. b) si la documentación mencionada precedentemente no estuviera extendida a nombre del solicitante, deberá acompañarse el o los recibos o boleto de compraventa que acrediten las sucesivas ventas.

Si el motovehículo no hubiere sido patentado, el solicitante podrá acreditar el origen legítimo del bien presentando factura o recibo de compra original del fabricante, importador, concesionario o comerciante del ramo, siempre que se tratare de motovehículos fabricados o ingresados al país hasta el año 1987 inclusive cualquiera fuere su cilindrada, o de motovehículos de hasta 200 cm³ inclusive de cilindrada fabricados o ingresados al país antes del 22 de mayo de 1989, o de motovehículos de hasta 95 cm³ inclusive de cilindrada fabricados o ingresados al país hasta el año 2004 inclusive. Si la documentación mencionada precedentemente no estuviera extendida a nombre del solicitante, deberá acompañarse el o los recibos o boleto e compraventa que acrediten las sucesivas ventas.  c) Certificado de fabricación o de nacionalización, segn se tratare de un motovehículo nacional o importado.   d) En caso de no poder justificarse el origen legítimo del motovehículo por alguna de las formas contempladas precedentemente, y siempre que se tratare de motovehículos fabricados o ingresados al país hasta el año 1987 inclusive cualquiera fuere su cilindrada, o de motovehículos de hasta 200 cm³ inclusive de cilindrada fabricados o ingresados al país antes del 22 de mayo de 1989, o de motovehículos de hasta 95 cm³ inclusive de cilindrada fabricados o ingresados al país hasta el año 2004 inclusive, el solicitante deberá suscribir una declaración jurada avalada por DOS (2) testigos, formalizada por escritura pública o ante el Registro Seccional  interviniente, en la que se precisen pormenorizadamente las causas que legitimen la posesión del motovehículo, esto es, en la que se indique expresamente de quién y en qué fecha fue adquirido y los motivos por los cuales no se presenta la documentación de origen o de adquisición del motovehículo, acompañando la que tuviere en su poder, deberá constar en ella asimismo que se ha notificado al declarante y a los testigos de que la falsedad de lo declarado los hará incurrir en las sanciones previstas en la legislación penal. 3) Verificación física especial del motovehículo practicada por la planta habilitada, en la que se dejará expresamente constancia sobre el año de fabricación del mismo y su cilindrada. La verificación podrá efectuarse en el espacio destinado a tal fin en la Solicitud Tipo ”05”. 4) Una (1) fotografía color, de la que surjan claramente las características físicas del motovehículo que permitan determinar su cilindrada. La fotografía deberá encontrarse visada por la planta interviniente, quien deberá asimismo consignar en su reverso, a los efectos de proceder a su correlación, el nmero de control de la Solicitud Tipo presentada. 5) Certificado de inexistencia de pedido de secuestro expedido por la policía correspondiente a la jurisdicción del Registro Seccional  interviniente. 6) Declaración jurada del peticionario con su firma certificada en alguna de las formas previstas en el Título I, Capítulo V, mediante la cual asuma la responsabilidad civil y penal respecto de la autenticidad de la documentación acompañada.”

Y finalmente, en el artículo 6, se los exceptuaba de la aplicación de los convenios de complementación de servicios, en cuanto al pago del impuesto a la patente automotor, o siendo precisos, no se asimilaba a una inscripción inicial de un rodado 0km, creemos que en tal sentido las jurisdicciones provinciales, también deberán dictar normas de adecuación ya que podría llegar a reclamarse deuda por períodos no prescriptos como condonarse la misma.

Consideramos que en la actualidad  y nuevamente haciendo referencia a los fines previstos en el decreto que comentamos, el recaudo de contralor del posible ilícito en haberse procurado la posesión de la moto, destacado mas arriba,  será especialmente cuidado, por ende, también presumimos, se preverá un procedimiento previo, para  constatar  que  no hay un  origen ilícito en la posesión, cosa a la que no deben temer aquellos adquirentes de buena fe, pero que carecen de la factura original de compra y de  la  posibilidad de acceder al adquirente inicial, aunque reconocemos por los comentarios a nuestra nota de febrero del 2016, que muchos de ellos , la adquirían sin  siquiera un boleto de compraventa, y no porque el origen  fuera ilícito o dudoso, quizás simplemente por ignorancia del derecho o, especulamos, una elusión fiscal.

Quizás, la Dirección Nacional opte por el mismo, o por su analogía y simplicidad,  aunque por diferentes causas, de cualquier modo, en ocasión de dictarse la norma y si el editor lo posibilita, reseñaremos la misma, y podremos compararla con el régimen  anterior.

La buena noticia es, sin  dudas, que indirectamente para quienes reclamaban por la posibilidad de inscribir su moto “sin  papeles”,  ahora existe una posibilidad concreta de hacerlo, solo resta esperar a la publicación de la norma  que seguramente, la Dirección Nacional está pergeñando. Esperemos que esta inesperada, quizás, oportunidad, sea utilizada por aquellos que tanto la reclamaban, para  si poder circular libremente y sin estar fuera del marco legal, con su querida moto, scooter, cuatriciclo, motoneta, o la versión que fuere”.

Dr. Eduardo Mascheroni Torrilla

Acompañá este artículo junto a las noticias vinculadas “Nuevos controles contra los motochorros y “El gobierno avanza con las motos”

La primera de 2017 – Disposición D.N. N° 1/17: Aspectos de Interés

Hoy presentamos el primer artículo del Dr. Eduardo Mascheroni (docente en Cursos de Capacitación de Mandatarios en todo el país) para la Web de Panorama en 2017. En ella trata la sanción de la Disposición D.N. N° 1 el 2 de enero de 2017, y destaca sus características más relevantes.

Dr. Eduardo Mascheroni Torrilla
Dr. Eduardo Mascheroni Torrilla

Por: Dr. Eduardo Mascheroni Torrilla

Al despuntar el año 2017, se conoció la Disposición D.N. N° 1 (Ver Aquí), referente a diversas modificaciones al Digesto de Normas Técnico Registrales, que buscan adecuar el mismo a nuevos procedimientos de trabajo introducidos en particular, en el año anterior, con el uso extendido de las nuevas tecnologías y aclarar o precisar situaciones, donde resulta menester simplificar el trámite o aggionarlo a las normas de reciente dictado.
Lo primero alude a la circunstancia de que, a través de la paulatina eliminación de la carga manual de datos tanto para los usuarios del sistema registral como para los Registros Seccionales, ello conlleva una reducción en el tiempo de procesamiento de los trámites registrales como la eliminación de errores humanos en la carga de datos en los sistemas informáticos provistos por Dirección Nacional y en pos de agilizar las tramitaciones, corresponde adoptar medidas tendientes a erradicar la carga de datos superfluos y a eliminar aquellos documentos que se duplican en forma innecesaria o que se encuentran ya cargados en el Sistema Único de Registración de Automotores (SURA) -de los considerandos de la norma-.

Modificaciones relativas al requisito de la Verificación
Modificaciones relativas al requisito de la Verificación

Por ello, se introdujeron las siguientes modificaciones :
1) No resultará necesario consignar los datos del automotor en las Solicitudes Tipo “02” y “02E”; esto es que sólo se necesitará detallar el dominio del automotor sin necesidad de reproducir todos los datos del automotor (en la redacción original se alude a que no correspondería certificar firma en la Solicitud Tipo 02, lo que fue aclarado como se consigna al pie del presente artículo).
2) Incorporar el uso del sello de seguridad del Registro Seccional para intervenir el cargo en las Solicitudes Tipo;eduar
3) Suprimir el requisito de la verificación física en el trámite de Duplicado de Título; y formular otras precisiones como la verificación en todo trámite de transferencia con cambio de radicación y pedido de legajo, destacando que en la redacción original se había obviado el párrafo final del Título I, Capítulo VII, Sección 1, Artículo 1°, de que alude a la exigibilidad del peritaje en los automotores con código RPA o RPM, lo que fue aclarado como destacamos en la últimas líneas.
4) Disminuir la carga de datos a consignar en la Hoja de Registro en caso de condominio y en relación con el régimen de importación del automotor;
5) Suprimir la obligación de consignar los datos del Certificado de Transferencia de Automotores (CETA) en el Título del Automotor;
6) Eliminar la Planilla de Control de Consumo de Certificados de Baja y Desarme – Ley Nº 25.761;
7) Eliminar el Libro de asignación de placas provisorias;
8) Prever que la constatación de Certificados de Baja de motor se efectuará a través de correo electrónico;

Modificaciones relativas a la solicitud de la "Cédula para Autorizado"
Modificaciones relativas a la solicitud de la “Cédula para Autorizado”

9) Eliminar la obligación del Registro Seccional emisor de imprimir el “Certificado Dominial para Cambio de Radicación Electrónico” y la obligación del Registro receptor de certificar la copia recibida;
10) Establecer que, en el trámite de “Cédula para Autorizado a Conducir”, los datos del autorizado sólo deban ser consignados en la nota con carácter de declaración jurada que se debe acompañar al trámite y no en la Solicitud Tipo;
11) Y, por último, suprimir la obligación de contar con servicio de fax.

En alusión a dichas modificaciones, hacemos hincapié en las siguientes sin perjuicio de comentar en otros posteos, alguna otra.
Respecto a las Cédulas de Autorizado a Conducir, sólo se exige que la misma se realice consignando dicha petición en observaciones de la Solicitud Tipo 02, o por vía electrónica con el formulario TP en el SITE, o bien en observaciones de las Solicitudes Tipo 01, 08 o 04 cuando se requiera con otro trámite de los que prevén dichas Solicitudes Tipo, o en una hoja simple, con firma certificada por el peticionario, que se agregará.
Respecto a la declaración jurada de asunción de responsabilidad civil por el propietario, debe acompañarse en todos los casos, no existiendo tal responsabilidad, como ya viene aconteciendo , respecto al dador del leasing, ya que la sume el tomador. (artículos 2° y 7°, Sección 3ª, Capítulo IX, Título II,), esto es en la solicitud de la Cédula para Autorizado a Conducir se consignará en la Solicitud Tipo 02 la leyenda “Cédula para Autorizado a Conducir” y sólo se indicarán los datos de identidad de los autorizados en la Declaración Jurada que se acompaña al pedido, no asi en las Solicitudes Tipo.
Sobre la certificación de Baja de Motor, en el inciso e), artículo 3°, Sección 7ª, Capítulo III, Título II, se especifica que en caso de que el motor que se incorpore haya pertenecido a un automotor inscripto, el Certificado de baja emitido por el Registro interviniente (triplicado de la Solicitud Tipo “04”) de acuerdo con lo previsto en el Capítulo III , Sección 6ª, el que previo a la inscripción del alta debe ser constatado ante el Registro Seccional, esta remisión del documento se puede realizar por intermedio del correo electrónico oficial, a cuyo efecto remitirá el Registro inscriptor, el documento escaneado.
En cuanto a la Verificación Física se elimina el trámite de pedido de Duplicado del Título del Automotor por extravío, robo o hurto. Por ello el titular registral que deba peticionar Duplicado de Título cuando éste le falta no tendrá que realizar la verificación física.
Y se incorporan dos incisos: f) que obliga a realizar la verificación física cuando se inscriba una transferencia y no se cuente con el Título del Automotor; algo ya establecido varios años atrás con la Disposición complementaria N° 376/03 y g) que obliga a realizar la verificación cuando se inscriba una transferencia y ésta se peticione ante el Registro de la futura radicación.(domicilio del adquirente o de guarda habitual) o transferencia con pedido de legajo,en su denominación usual.
Por ende, al presentar una Transferencia y no se cuente con el Título del Automotor debe previamente verificar aún cuando el automotor sea modelo año anterior de 1985 o un motovehiculo inscripto antes del 1/1/1994, todos ellos, y en transferencia que que se presente ante el Registro de la futura radicación (aquí hay que contar con el título siempre) debe realizarse la verificación física.
Y complementando estas modificaciones, se debe tener en cuenta que conforme a las Disposiciones D.N. N°s 5 y N° 6 del año 2017, se ha establecido:
– aclarar que en los informes de dominio, su petición, siempre el peticionario debe certificar su firma,
– que continua vigente el peritaje para la asignación de códigos RPA o RPM y cuando una vez asignados dichos rodados son transferidos,
-que en la Denuncia de Venta, en forma opcional, el titular puede incluir su correo electrónico para que el Registro Seccional le informe, cuando, habiendo fracasado el propósito de la misma, se haya dispuesto la orden de no circular del vehículo denunciado.

La Inscripción Inmediata

Artículo 9º RJA, 2º parte

Dr. Eduardo Mascheroni
Dr. Eduardo Mascheroni

El Dr. Eduardo Mascheroni Torrilla, docente en cursos de Capacitación de Mandatarios en todo el país, analiza en este artículo el instrumento registral de la Inscripción Inmediata, que puede ser utilizado para lograr la inscripción de trámites detenidos por cuestiones ajenas a la problemática pura de registración. 

Ésta es la denominación del instituto conforme a la normativa registral, aunque su acepción común es la de insistencia, y refiere al requerimiento al Encargado del Registro Seccional, de inscribir un trámite, generalmente de transferencia, o el dominio del automotor, en forma inmediata, aunque no se hubiere subsanado una observación producto de imposiciones de normas no registrales, específicamente administrativas o fiscales, como la exigibilidad de pago previo del impuesto a la patente automotor que se adeuda, por los convenios de complementación de servicios.

El presente, es un pequeño ejercicio, para encuadrar dicho trámite y analizar su alcance actual, señalando que no es aplicable en el caso de la exigibilidad de multas por infracciones de tránsito, contempladas en el sistema SUGIT y con el 13I que tiene su propio instituto de “inscripción inmediata” por negativa de pago, ni con la no presentación del CETA (certificado electrónico de transferencia) que sería objeto del derecho tributario en forma especial –aunque podría argumentarse que es una traba fiscal y por ende no cumplimentarse y ante una observación recurrir a la “insistencia”-, ni con la ausencia de la declaración jurada de licitud de fondos, lo que conlleva el incumplimiento de la ley 25246, con las consecuencias penales que ello puede acarrear por la presunción de una actividad ilícita de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.

De cualquier modo, en forma amplia la inscripción inmediata es el instituto registral del régimen jurídico del automotor cuya finalidad es evitar restringir la inscripción o toma de razón de trámites, rogatorias y actos jurídicos, especialmente los que tienen por objeto constituir o transmitir el derecho real de dominio, por causas o normas de carácter tributario o administrativas ajenas a las que surgen del sistema registral del automotor como rama específica del derecho regida por normas y principios generales que le son propios (conforme Magni, Gastón en Revista del Colegio de Mandatarios de Santa Fe, 2º circunscripción y Dellarossa, Marcelo, en “Principios registrales en el derecho administrativo (Carcos, año 2003).

Forma parte del principio de legalidad registral, por el cuál se exige que cada acto a inscribirse se ajuste a las previsiones y requisitos legales que lo rigen, y que tiene estrecha vinculación con la llamada función calificadora del registrador que consiste en un examen de legalidad en el procedimiento de inscripción, no para declarar controvertido un derecho, porque para ello está el el Poder Judicial, sino para registrar o no una nueva situación jurídica. El propósito de la calificación registral es corroborar que los actos que se inscriban y los documentos que los instrumenten , compatibilicen la realidad jurídica extraregistral y los asientos del Registro .

Las cuestiones impositivas son extrañas a esta calificación, pues el Encargado del Registro Seccional, debe verificar los requisitos de validez extrínsecos de lo que se le presenta, por ende la justicia y legitimidad del instituto de la inscripción inmediata.

Así, podemos señalar que estas normas incorporadas al Régimen Jurídico del Automotor (en realidad al sistema procedimental registral) son de carácter tributario, y ajenas o extrañas como destacamos al mismo, fijados por convenios colaboración y de complementación de servicios en materia impositiva, celebrados por la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, con otros organismos del Estado, ya sea de jurisdicción nacional, provincial o municipal, y que incluso han llegado a introducirse en el propio Digesto de Normas Técnico Registrales (Título II, Capítulo XVIII, con institutos como el CETA, Formulario 381, Sellos, Impuesto a la Patente automotor, pero previendo para ellos en dicho capítulo el instituto que analizamos en este artículo)

En principio, la inscripción inmediata no fue prevista en el Decreto Ley 6582/58, ni en su ratificación por la Ley 14.467 que hizo el Congreso Nacional, ni en su primera reglamentación por Decreto Nº 9722/60, antecedente normativo del Decreto N° 335/88, reglamentario actualmente del R.J.A.

Es la Ley Nacional 22.977 dictada en el año 1983 la que incorporó a la Inscripción Inmediata en el Régimen Jurídico del Automotor, a través del 2º párrafo del Art. 9º que establece sin modificaciones hasta la fecha del presente, que “No podrá restringirse o limitarse la inmediata inscripción del dominio de los automotores o de sus transmisiones, por normas de carácter administrativo ajenas a los aranceles del registro”.

En doctrina se ha dicho (Dres. Marcelo Morone y Heriberto de la Llave, Inscripción inmediata, Editorial Sesamo, 1995) que la inclusión de esta norma respondió a necesidades concretas: se trataba de los casos del pago del sellado fiscal, pago este que no se realizaba en la sede del Registro Seccional interviniente, sino en las delegaciones de la Dirección General Impositiva o entidades bancarias. Esta circunstancia originaba una serie de trabas administrativas ante los casos de transferencias de dominio, toda vez que los organismos encargados de la recaudación del impuesto de sellos trababan la tramitación con excusas de burocráticas de dudosa razonabilidad.

En este aspecto, también en doctrina (Magni, op.cit), se destaca que, la inclusión no solo obedece a una necesidad práctica, ya que la realidad es que la Ley Registral Inmobiliaria Nacional 17801 (año 1968) consagra por primera vez el instituto en el sistema registral en materia de inmuebles, así fue que el artículo N° 41 de la citada ley establece: “No podrá restringirse o limitarse la inmediata inscripción de los títulos en el Registro mediante normas de carácter administrativo o tributario”. Entonces el RJA no podía continuar omitiendo receptar un instituto insoslayable en cualquier sistema registral, y no hizo otra cosa que admitir tardíamente lo que se conocía y había definido la doctrina desde hacía ya largo tiempo (la reforma del artículo 9º del RJA data como dijimos de 1983).

Pero en el RJA, es dable observar no solo esta demora en instrumentar este instituto de la inscripción inmediata, sino que parece limitarse solo a las inscripciones iniciales y transferencias, dejando de lado otros casos como la prenda o leasing, cuando en realidad el instituto en estudio es comprensivo de cualquier acto jurídico registrable, tal como lo hace su fundamento legislativo de la ley 17801 citada que refiere a todo tipo de títulos y actos jurídicos inscribibles o susceptibles de registración, entender lo contrario significa restringir el sentido dado por el legislador causal a este instituto e importa una suerte de discriminación.

La inscripción inmediata fue reglamentada por la Disposición DN Nº 2/84 e introducida luego al DNTR Sección 4º, del Capítulo XVIII, del Tïtulo II.

Así, el artículo 1º de la Sección dice: “Sin perjuicio de lo establecido en las Secciones 1º y 3º de este Capítulo, si se tratase de una transferencia y no se hubiesen abonado todos o algunos de los impuestos previstos en dichas Secciones y el peticionario se negare a hacerlo y requiriese la inmediata inscripción de la transferencia, deberá solicitarlo mediante la “Solicitud Tipo 02” que adjuntará a la “Solicitud Tipo 08”. Luego la norma se ocupa del procedimiento que deberá seguir el Encargado del Registro, que consiste básicamente en notificar a los entes recaudadores y asentar en el rubro observaciones de la Solicitud Tipo 08, en el Título del Automotor y en la Hoja de Registro que la inscripción se efectuó ante “la insistencia del adquirente” (lo que vulgarmente se llama “ensuciar el Título”)

Y donde se aprecia además el carácter restrictivo de lege lata del RJA en cuanto habla solo de la transferencia, cuando en realidad entendemos debe aplicarse a cualquier acto registrable, ya que el Digesto, una norma de inferior jerarquía al RJA, lo estaría desnaturalizando, amén de la interpretación amplia que emana de la ley fundante que ya explicitamos, y el 2º párrafo del artículo 9º del RJA habla de “inscripción de dominio” y se está refiriendo a la primera inscripción, y cuando dice “o de sus transmisiones” lo hace respecto de la transferencia.

También citando a Magni, vale destacar que el trámite de insistencia tuvo aplicación en el caso del Impuesto de Emergencia sobre automotores, embarcaciones y aeronaves creado por la Ley 23.760 en el año 1988 (hoy derogada), que se instrumentaba en el Formulario 90 de la ex DGI. El pago fuera de término de este impuesto era extremadamente oneroso para el contribuyente, y dada la inminencia de su término de prescripción, ya que no se trataba de un impuesto de devengamiento periódico, sino que se pagó por única vez, operaron como motivación suficiente para que el usuario echara mano al recurso de este trámite. Y por su parte, no se aplicó el instituto con el Fondo Nacional de Incentivo Docente (año 1999).

El trámite de insistencia tampoco es aplicable en el caso del Impuesto de Sellos en la inscripción de contratos prendarios y contratos de leasing sobre automotores. (DNTR, Título II, Capítulo XVIII, Sección 1º, Artículo 2º).

Pero lo más importante es señalar que las cláusulas insertas en los convenios de Complementación de Servicios celebrados entre la Dirección Nacional y los entes de recaudación nacional, provincial o municipal no pueden restringir la aplicación del instituto bajo estudio, ya que como dijimos y por analogía, se trata de normas de jerarquía inferior que no pueden dejar sin efecto o contradecir a una ley (el artículo 9º del RJA).

Abundando en la cuestión, resulta poco clara la prescripción del artículo 2º de la Sección 4º, Capítulo XVIII, del Título II del DNTR: “Si tratándose de una transferencia y mediando Convenio de Complementación de Servicios en materia de impuesto a la radicación de automotores o patentes, el peticionario se negare a abonar dicho impuesto y requiriese la inmediata inscripción de la transferencia, deberá solicitarlo mediante la Solicitud Tipo 02”.

Que significa exactamente este precepto, si efectivamente las deudas informadas al Registro a través de los Convenios no son impedimento a la registración, sino respecto a la entrega de documentación (Título o Cédula o generalmente la Cédula), con lo cual el registrador entiende que inscribió el título o mejor dicho el acto del cual emana el título que refleja la inscripción, por ende no impidió la inscripción, pero no entrega la Cédula que es el documento que permite circular. Lo que en la práctica conlleva a la imposibilidad fáctica de hacer ejercicio del derecho de dominio del automotor.

Y esto resulta errado, toda vez que un convenio de colaboración en materia impositiva entre el ente registrador y el ente recaudador no podría impedir el nacimiento del derecho real de dominio sobre bienes registrables, ya que ello sería inconstitucional, pues mediante la reglamentación de una norma tributaria (que no tiene sustento legal, sino convencional aunque referente a impuestos provinciales) se estaría vulnerando el ejercicio del derecho de propiedad consagrado en el artículo 17 de la Constitución Nacional y en todas las Constituciones provinciales, máxime en el RJA en donde la inscripción registral es de carácter constitutivo, o sea que la registración no declara la existencia del derecho de propiedad para que sea oponible a terceros, sino que lo constituye (Artículos 1, 6, 10, 14, 15, 27 del Decreto-Ley 6582/58).

La interpretación entonces de este artículo es que el trámite de insistencia mediante el uso de la Solicitud Tipo 02, es para reclamar la entrega de la documentación emitida como consecuencia de la transferencia de dominio inscripta y retenida en el registro seccional, como consecuencia de la aplicación del convenio de complementación de servicios.

Entender lo contrario, contradice al RJA, donde el Estado ordena a los ciudadanos por una parte “circular munidos de la Cédula de Identificación del Automotor ( Artículo 22 RJA) bajo apercibimiento de aplicarse multa”, y por otra prescribe en los convenios, a los Registros Seccionales, retengan al ciudadano, el instrumento que necesitan para circular, o sea la Cédula.

Ante esta contradicción, que duda cabe, debe prevalecer el criterio del RJA y su espíritu por sobre el Convenio de Colaboración, por ello cabe llevar adelante el trámite de insistencia para exigir la entrega de la documentación retenida y que sea la Dirección Nacional previa consulta la que resuelva sobre el particular, en caso de duda razonable (que entendemos no debiera existir, toda vez que la norma del artículo 9º que analizamos es clara a nuestro juicio).

Y si el Registro Seccional, rechazara la aplicación de este instituto, desde ya se aplicaría el régimen recursivo previsto en los artículos 16 a 22. del Decreto N° 335/88, con reserva del caso federal, por quebrantarse el derecho de propiedad y en su caso, que la Justicia dirima el conflicto entre el usuario y el Registro.

Acotamos asimismo, que también resulta aplicable, como lo hemos mencionado, en los trámites de inscripción inicial ante la negativa a pagar el impuesto a la patente automotor por el usuario, cuando dicho pago es requerido para entregar el Título y Cédula del automotor inscripto, más cuando dichos usuarios están tramitando exenciones de pago (caso de los sujetos discapacitados o productores agrarios).

Podemos sostener entonces, que el trámite de insistencia o inscripción inmediata, es indebidamente restringido en su aplicación, y que debiera estudiarse adecuadamente por los registradores, los funcionarios de la Dirección Nacional y las entidades que nuclean a Mandatarios del automotor, fundamentalmente otorgándole su justa extensión, en conformidad con lo normado en la Ley N° 17801 que da causa a la reforma del año 1983 y que los Convenios de Complementación impositiva no pueden modificar, amén de resolver las lagunas que importan la aplicación en particular, del CETA o el Formulario 381 en las inscripciones de máquinas agrícolas.