Firma Digital: ¿Su aplicación en los trámites registrales del automotor?

El Dr. Eduardo Mascheroni Torrilla, docente en cursos de Capacitación de Mandatarios en todo el país, analiza en este artículo la aplicación de la Firma Digital en registración de automotores. ¿Es ello posible?

La inserción  de la Firma Digital en la administración pública (ver Aquí y en el mundo de los negocios en nuestro país es una realidad hace ya 15 años. Ahora bien, cabe preguntarnos si en el ámbito  registral del automotor es factible su introducción. 

¿Puede admitirse en la inscripción de derechos y contratos, como la transferencia, la inscripción inicial, prenda con registro, leasing? ¿O en actos de extinción del derecho de propiedad (baja) o en otros alusivos a modificaciones del derecho inscripto en el Registro de la Propiedad del Automotor? 

El daño tan temido del fraude informático… ¿es compatible con la inscripción, transmisión, modificación o extinción de derechos sobre un automotor? ¿No resultará igualmente necesario que el peticionario del trámite finalmente concurra al registro o justifique su identidad ante un funcionario certificante autorizado por la normativa registral, particularmente en actos de disposición? 

¿Y cómo se aplicaría esta firma digital ante  el  principio de reserva de prioridad? ¿Puede atentar  contra el mismo? 

La circunstancia de que los trámites electrónicos implementados a partir del dictado de la Disposición D.N. Nº 70/14 y concordantes, requiere de la petición expresa finalmente en el Registro Seccional… ¿No conduce a desestimar la firma digital (salvo el caso muy específico del informe de dominio electrónico remitido por e mail, donde no se afectan derechos en forma directa? 

Estos interrogantes nos llevan a analizar, entonces, qué dice la norma sobre la firma digital y cómo se ha aplicado hasta la fecha en otros  ámbitos análogos  a la registración de derechos sobre automotores,  y presumir sobre posibles alcances en esta materia, sobretodo recordando que la DNRPA  ha reconocido estar trabajando sobre nuevas modalidades en trámites registrales que pueden incluir el uso de medios electrónicos (¿habría entonces firma digital? ¿de los peticionarios?) 

En tal sentido, para este análisis, es bueno apreciar las distintas iniciativas adoptadas por el órgano de aplicación en los años 2016 y 2017 , en cuanto a medios electrónicos en cuestiones registrales del automotor, para modernizar los procesos manuales de trabajo, con la idea básica del Gobierno Abierto, la transparencia en el trámite y la “despapelización”, tratando  de dejar  de lado, el hecho de completar solicitudes “a mano” y con “papel carbónico” y adecuarse a tiempos signados por la revolución de las comunicaciones y el acceso de las distintas administraciones a las mismas.  

En tal sentido, entonces,  se observa la intensiva implementación del SURA (Sistema Único de Registración Automotor), plataforma para estas transformaciones, el ya citado SITE (Sistema de Tramites Electrónicos) el agregado del sistema de Turnos OnLine, que se gestiona desde la web de la DN,  el libro de  quejas digital, que permite a los usuarios , formular sus inquietudes, sugerencias y disensos, por actuaciones en los registros seccionales y dirigidos  directamente  a la DNRPA. 

Así usuarios, mandatarios, abogados, a través de los Tramites SITE pueden iniciar sus trámites desde sus casas/oficinas, realizando una pre-carga de datos, aquí el usuario gana en tiempo dota de agilidad al sistema. Luego de realizar la pre-carga inclusive puede pedir turno OnLine para conocer el día y horario que puede acercarse al Registro a realizar el ingreso formal del mismo. 

Inclusive en los informes de dominio pueden solicitárse al Registro que lo envié por mail a la casilla del usuario, que sumado a las nuevas herramientas de pago, inclusive, puede abonarlo OnLine. 

El sistema SUGIT (Sistema unificado de gestión de infracciones de tránsito) configura un proceso de gestión entre Municipios y Registros del Automotor que le permite a este último visualizar, emitir y cobrar infracciones de tránsito contenidas en la base de datos de esos municipios. Lo mismo sucede con el SUCERP (Sistema Unificado de Cálculo, Emisión y Recaudación de Patentes) que le permite al usuario resolver en el Registro (concentración) su situación impositiva (Rentas). Ambos generan comodidad, ahorro de tiempo y dinero en el usuario ya que unifica en un solo lugar la gestión y evita la visita del mismo a diferentes organismos estatales. Sumado al uso de Solicitud Tipo 13, que no requiere la carga de más datos que el dominio y del peticionario. 

La Disposición D.N. N° 476/16 y la posterior Circular D.N. N° 3/17, comentadas por nosotros en Panorama Registral,  nos indican cómo los usuarios que habían ingresado algún trámite al Registro visualizan el estado del mismo (procesado/observado) y en su caso, el contenido de las observaciones, lo que permite conocer los fundamentos de la observación, para luego al volver al Registro directamente para subsanar la  misma, ahorrando viajes innecesarios. 

Acceso directo a la Disposición D.N. Nº 1/17

Las Solicitudes Tipo Digitales ST 01 y ST 12 (sumando a los Certificados de Fabrica digitales) para vehículos 0km disminuyen los niveles de error en la carga de los mismos. Y  se ha comenzado a implementarlo en Transferencias (Disposición D.N. Nº 206/17 y Disposición D.N. N° 38/18) , tanto para usuarios como para Mandatarios.  

También resulta muy práctica, la Disposición D.N. N° 1/17, donde entre otras cosas, evita la carga manual de datos excesivos la ST 02 y ST02-E, alcanzando con la inserción del dominio del vehículo, y en los pedidos de cédulas autorizado a conducir en la ST 02, donde basta que los datos del autorizado a conducir consten en la declaración jurada adjunta al mismo. 

Por cierto, aspiramos que se sumen decisivamente como actores en  este sistema electrónico a los Mandatarios Matriculados ante la DNRPA, para continuar siendo ese auxiliar calificado idóneo aliado dela seguridad jurídica del sistema. 

Y en este marco, respecto a la posible inserción de la firma digital, veamos, las exigencias de la normativa citada supra:   

1.-  La Ley 25.506, (año 2001),  alude a Firma digital, Certificados digitales,  Certificador licenciado, Titular de un certificado digital, Organización institucional,  Autoridad de aplicación,  Sistema de auditoría,  Comisión Asesora para la Infraestructura de Firma Digital, Responsabilidad,  sanciones y otras normas complementarias. 

Se  entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control, susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma. 

Conforme a ello, cuando legalmente se  requiera una firma manuscrita, esa exigencia también queda satisfecha por una firma digital. Este principio es aplicable a los casos en que la ley establece la obligación de firmar o prescribe consecuencias para su ausencia. 

2.- Pero, éstas disposiciones no son aplicables: a) al testamento, por cuestiones obvias lo que influiría en  las transferencias basadas en sucesorios de la posibilidad  de registrarlas con firma digital salvo que se admita la de la autoridad judicial o el funcionario delegado para ello,  b) a los actos jurídicos del derecho de familia; (comprensiva  de transferencias generadas en división de bienes en un  juicio de divorcio), c) a los actos personalísimos en general; (en nuestra materia:  la ¿baja? ¿tomar un préstamo garantizado por prenda? ¿inscripción inicial?)  , d) A los actos que deban ser instrumentados bajo exigencias incompatibles con la utilización de la firma digital, ya sea como consecuencia de disposiciones legales o acuerdo de partes. (y en nuestra materia,  surgen muchos supuestos, como los ya mencionados, a los que podemos sumar la donación). 

3.-  Firma electrónica, son datos electrónicos integrados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de identificación, y se deja sentado que en caso de ser desconocida corresponde a quien la invoca acreditar su validez. 

4.- Documento digital es la representación digital de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo, que satisface el requerimiento de escritura. 

5.-   Validez de la firma: se requiere:  a) Haber sido creada durante la vigencia del certificado digital;  b) Ser debidamente verificada por los datos de verificación indicados en dicho certificado; c) Que el certificado haya sido emitido o reconocido, por un certificador licenciado, d) cuando un documento digital sea enviado en forma automática por un dispositivo programado y lleve la firma digital del remitente se presumirá, salvo prueba en contrario, que el documento proviene del remitente. 

Los documentos electrónicos firmados digitalmente y los reproducidos en formato digital firmados digitalmente a partir de originales de primera generación en cualquier otro soporte, también serán considerados originales y poseen, como consecuencia de ello, valor probatorio como tales, conforme  se reglamente (en tal sentido la Circular DN 38/17 sobre certificación y legalización de documentos emanados de los Registros Seccionales por la Dirección Nacional) . 

La exigencia legal de conservar documentos, registros o datos, también queda satisfecha con la conservación de los correspondientes documentos digitales . 

6.- Certificado digital, es el documento digital firmado digitalmente por un certificador, que vincula los datos de verificación de firma a su titular, (nuevamente aludimos a la Circular D.N. Nº 38/17), siendo válidos  si los emite un certificador licenciado por el ente licenciante; responden a formatos reconocidos internacionalmente, y contienen, como mínimo, los datos que permitan:  Identificar indubitablemente a su titular y al certificador licenciado que lo emitió, indicando su vigencia y los datos que permitan su identificación única; ser susceptible de verificación respecto de su estado de revocación; diferenciar claramente la información verificada de la no verificada incluidas en el certificado; contemplar la información necesaria para la verificación de la firma; identificar la política de certificación bajo la cual fue emitido. 

7.- Los certificados digitales emitidos por certificadores extranjeros podrán ser reconocidos en los mismos términos cuando  reúnan las condiciones para los certificados emitidos por certificadores nacionales y haya reciprocidad de la Argentina y el país de origen del certificador extranjero, o tales certificados sean reconocidos por un certificador licenciado en el país, que garantice su validez . 

“Certificador licenciado es toda persona jurídica, registro público de contratos u organismo público que expide Certificados”

8.-  Certificador licenciado es toda persona jurídica, registro público de contratos u organismo público que expide Certificados, presta otros servicios en relación con la firma digital y cuenta con una licencia para ello, otorgada por el ente licenciante.  

9.- Sobre los Certificados por profesión, las entidades que controlan la matrícula, en relación a la prestación de servicios profesionales, podrán emitir certificados digitales en lo referido a esta función, con igual alcance que las firmas efectuadas en forma manuscrita.  

10.- Las funciones del  certificador licenciado son: a) Recibir una solicitud de emisión de certificado digital,  b) Emitir certificados digitales de acuerdo a sus políticas de certificación,  c) Identificar inequívocamente los certificados digitales emitidos;   d) Mantener copia de los certificados digitales emitidos, e) Revocar certificados digitales por él emitidos a solicitud del titular del certificado digital, si determinara que fue emitido en base a una información falsa, que en el momento de la emisión hubiera sido objeto de verificación o que los procedimientos de emisión y/o verificación han dejado de ser seguros, por resolución judicial o de la autoridad de aplicación. f) Informar públicamente el estado de los certificados digitales por él emitidos, g) los certificados digitales revocados deben ser incluidos en una lista de certificados revocados indicando fecha y hora de la revocación.  

11.- Son obligaciones del certificador licenciado: 

a) Informar a quien solicita un certificado con carácter previo a su emisión, las condiciones precisas de utilización del certificado digital; b) Abstenerse de tomar conocimiento o acceder a los datos de creación de firma digital de los titulares de certificados digitales por él emitidos; c) Mantener el control exclusivo de sus propios datos de creación de firma digital e impedir su divulgación;  d) Operar utilizando un sistema técnicamente confiable con lo que determine la autoridad de aplicación;  e) Notificar al solicitante las medidas que está obligado a adoptar para crear firmas digitales seguras  y las obligaciones que asume por el solo hecho de ser titular de un certificado digital; f) Recabar únicamente aquellos datos personales del titular del certificado digital que sean necesarios para su emisión,  g) Mantener la confidencialidad de toda información que no figure en el certificado digital;  h) Poner a disposición del solicitante de un certificado digital toda la información relativa a su tramitación; i) Mantener la documentación respaldatoria de los certificados digitales emitidos, por diez años a partir de su fecha de vencimiento o revocación;  j) Incorporar en su política de certificación los efectos de la revocación de su propio certificado digital,  k) Publicar en Internet o en la red que la sustituya en el futuro, en forma permanente e ininterrumpida, la lista de certificados digitales revocados, las políticas de certificación, la información relevante de los informes de la última auditoría de que hubiera sido objeto, su manual de procedimientos y toda información que determine la autoridad de aplicación; l) Informar en las políticas de certificación si los certificados digitales por él emitidos requieren la verificación de la identidad del titular; m) Solicitar inmediatamente al ente licenciante la revocación de su certificado, o informarle la revocación cuando existieren indicios de que los datos de creación de firma digital que utiliza hubiesen sido comprometidos o cuando el uso de los procedimientos de aplicación de los datos de verificación de firma digital en él contenidos hayan dejado de ser seguros. Un certificado digital no es válido si es utilizado para finalidad diferente a los fines para los cuales fue extendido.

12.- Los Derechos del titular de un certificado digital, son:  a) A ser informado por el certificador licenciado, sobre las condiciones precisas de utilización del certificado digital,  b) A que el certificador licenciado emplee los elementos técnicos disponibles para brindar seguridad y confidencialidad a la información proporcionada por él,  c)  A que el certificador licenciado le informe sobre su domicilio en la Argentina, y sobre los medios a los que puede acudir para solicitar aclaraciones, dar cuenta del mal funcionamiento del sistema, o presentar sus reclamos. Obligaciones del titular de un certificado digital:  a) Mantener el control exclusivo de sus datos de creación de firma digital, no compartirlos, e impedir su divulgación; b) Utilizar un dispositivo de creación de firma digital técnicamente confiable;  c) Solicitar la revocación de su certificado al certificador licenciado ante cualquier circunstancia que pueda haber comprometido la privacidad de sus datos de creación de firma;   d) Informar sin demora al certificador licenciado el cambio de alguno de los datos contenidos en el certificado digital que hubiera sido objeto de verificación. 

13.-   En la Infraestructura de Firma Digital, los certificados digitales deben ser emitidos o reconocidos, por un certificador licenciado, estar sujetos a un   Sistema de Auditoría, para evaluar la confiabilidad de los sistemas utilizados,  confidencialidad y disponibilidad de los datos, y cumplimiento del manual de procedimientos aprobados por el ente licenciante, (Subsecretaría de la Gestión Pública, Jefatura de Gabinete de Ministros) que establece los estándares de la Infraestructura; determina los efectos de la revocación de los certificados, instrumenta acuerdos a fin de otorgar validez jurídica a las firmas digitales creadas sobre la base de certificados emitidos por certificadores de otros países; las pautas de auditoría,  otorga o revoca las licencias a los certificadores licenciados y supervisa su actividad, homologa los dispositivos de creación y verificación de firmas digitales, aplica sanciones  y  en su calidad de titular de certificado digital, la autoridad de aplicación tiene las mismas obligaciones que los titulares de certificados y que los certificadores licenciados.  

También  habilita a terceros para efectuar las auditorías, como las Universidades y organismos científicos y/o tecnológicos nacionales o provinciales, los Colegios y Consejos profesionales que acrediten experiencia profesional acorde en la materia. 

Cuenta con una Comisión Asesora para la Infraestructura de Firma Digital integrada multidisciplinariamente  por profesionales de carreras afines a la actividad de reconocida trayectoria y experiencia, la que se expide mediante audiencias públicas con las cámaras empresarias, los usuarios y las asociaciones de consumidores y mantendrá a la autoridad de aplicación informada de dichas consultas. 

14.- Convenio de partes. La relación entre el certificador licenciado que emita un certificado digital y el titular de ese certificado se rige por el contrato que celebren entre ellos, sin perjuicio de las previsiones de la ley. 

15.-   La  responsabilidad de los certificadores licenciados ante terceros, alcanza a los daños y perjuicios que provoque, por los incumplimientos a las previsiones legales, por los errores u omisiones que presenten los certificados digitales que expida, por no revocarlos, en legal tiempo y forma cuando así correspondiere y por las consecuencias imputables a la inobservancia de procedimientos de certificación exigibles.  

No son responsables: a) Por los casos que se excluyan taxativamente en las condiciones de emisión y utilización de sus certificados, b) Por los daños y perjuicios que resulten del uso no autorizado de un certificado digital, c) Por eventuales inexactitudes en el certificado que resulten de la información facilitada por el titular. 

www.argentina.gob.ar/modernizacion

16.- En cuanto a las sanciones, por violación a disposiciones de la ley serán realizadas por el ente licenciante, siendo aplicable la ley 19.549  y la Resolución N° 213/2017 del Ministerio de Modernización.  La caducidad, podrá aplicarse en caso de no tomar recaudos de seguridad en los servicios de certificación; expedición de certificados falsos; transferencia no autorizada o fraude en la titularidad de la licencia; reincidencia en la comisión de infracciones, quiebra del titular. Se encuentra en estudio, conforme al artículo 1836  del Código Civil y Comercial, que los títulos valores (pagarés, cheques) puedan emitirse en formato y con firma digital, para ello,amén de su emisión, cabe crear un sistema registral confiable  de dichos títulos valores, llevado por terceros, que permitan, dar garantía de la validez de los mismos, ya que siendo el título valor  único, el documento digital puede reproducirse infinitamente, de allí la necesidad de tal garantía.

17.-  El Estado nacional utilizará las tecnologías y previsiones de la firma digital, en su ámbito interno y en relación con los administrados de acuerdo con las condiciones que se fijen en cada uno de sus poderes. 

Y dentro de las jurisdicciones y entidades  de administración financiera, se promueve el uso masivo de la firma digital de forma que posibilite el trámite de los expedientes por vías simultáneas, búsquedas automáticas de la información y seguimiento y control por parte del interesado, propendiendo a la progresiva despapelización. 

Lo que ha sido puesto en práctica desde el año 2016 con el expediente electrónico en la administración pública nacional,  en varias jurisdicciones provinciales desde el año 2010 y en  el Poder judicial desde el año 2003. 

En el ámbito registral del automotor, como dijimos supra, se aprecia en cuestiones tales como dictado de normativa registral, expedientes electrónicos,  el sistema de trámite electrónico, los registros de mandatarios, desarmaderos,  comerciantes habitualistas,  el certificado digital de  fabricación y de importación,  las solicitudes tipo 01,  08 , 12 en formato digital, el formulario TP, comunicaciones electrónicas a todo el sistema,  el Sistema Único de Registración Automotor (SURA), el ya mencionado SUCERP y SUGIT.  

18.- en cuanto a la protección penal del certificado digital, el Código Penal, incorporó el  artículo 78 (bis) “ Los términos, firma y suscripción comprenden la firma digital, la creación de una firma digital o firmar digitalmente. Los términos documento, instrumento privado y certificado comprenden el documento digital firmado digitalmente.” 

19.-  Es dable mencionar la plataforma digital remota,  fijada por el Decreto 892/2017 del Poder Ejecutivo nacional, administrada  exclusivamente por el Ministerio de Modernización, a través de la Dirección Nacional de Sistemas de Administración y Firma Digital en la que se  centralizará el uso de firma digital. 

La Plataforma de Firma Digital Remota deberá operar utilizando un sistema técnicamente seguro conforme los lineamientos de la Ley N° 25.506 y respetando los estándares  de resguardar contra la posibilidad de intrusión y/o uso no autorizado; asegurar la disponibilidad, confiabilidad, confidencialidad y correcto funcionamiento; aptitud  para funciones específicas; y contará con una Autoridad Certificante propia que emitirá los certificados digitales gratuitos a ser  utilizados en la misma. 

Para ello  se establece la gratuidad de los certificados digitales emitidos y  a ser utilizados en la Plataforma de  Firma Digital Remota, la que podrá ser utilizada con alcance general. 

De igual  modo, destacamos el Decreto 32/18, que modifica la legislación que citamos, conforme a lo siguiente:  a) extender el uso de la firma digital a la totalidad de actos jurídicos y administrativos, b) el inciso e) del artículo 15 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto 1759/72 – T.O. 2017 reconoce que todo documento electrónico firmado digitalmente en el Sistema Electrónico de Gestión Documental tendrá carácter de original, y los reproducidos en soporte electrónico a partir de originales de primera generación en cualquier otro soporte, digitalizados de acuerdo al procedimiento que establezca la normativa aplicable, serán considerados originales y tendrán idéntica eficacia y valor probatorio que sus equivalentes en soporte papel, c) la utilización del sistema de Gestión Documental Electrónica –GDE-, permite dar certeza del origen, de la firma, de la integridad y de la autoría del documento, por lo que goza de pleno valor probatorio, haciendo innecesaria la legalización de dichos documentos electrónicos, toda vez que la misma se realiza automáticamente en el mencionado sistema informático, d) el sistema GDE, se utiliza en provincias, municipios, otros poderes, entes públicos no estatales, sociedades del Estado, Banco Central de la República Argentina, entre otros, y que por lo tanto cuentan con sistemas de gestión documental electrónica interoperables, generando documentos electrónicos oficiales firmados digitalmente, e) en consecuencia, la verificación de la autenticidad de los mencionados documentos electrónicos oficiales, se produce en forma automática, de allí que corresponde reconocer el valor probatorio de los documentos electrónicos oficiales firmados digitalmente en GDE implementados en las mencionadas jurisdicciones, f) corresponde instruir a las jurisdicciones y entidades contempladas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 para que a partir del 10 de enero de 2018, formulen, suscriban y remitan las respuestas a los oficios judiciales exclusivamente mediante el GDE, g) así se modifica la ley 25206 (arts. 128 y 129 en particular),   en cuanto a la figura del remitente, indicando que cuando un documento electrónico sea firmado por un certificado de aplicación, se presumirá, salvo prueba en contrario, que el documento firmado proviene de la persona titular del certificado, h) la Autoridad de Aplicación diseñará un sistema de auditoría para evaluar la confiabilidad y calidad de los sistemas utilizados, designando como tal al Ministerio de Modernización, h) Se establece que los documentos oficiales electrónicos firmados digitalmente, expedientes electrónicos, comunicaciones oficiales, notificaciones electrónicas y domicilio especial constituido electrónico de la plataforma de trámites a distancia y de los sistemas de gestión documental electrónica que utilizan el Sector Público Nacional, las provincias, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios, Poderes Judiciales, entes públicos no estatales, sociedades del Estado, entes tripartitos, entes binacionales, Banco Central de la República Argentina, en procedimientos administrativos y procesos judiciales, tienen para el Sector Público Nacional idéntica eficacia y valor probatorio que sus equivalentes en soporte papel o cualquier otro soporte, debido a su interoperabilidad que produce su reconocimiento automático en los sistemas de gestión documental electrónica, por lo que no se requerirá su legalización.  

20.- Por ende, en esta aproximación, al conocimiento de una figura que junto con  la despapelización del trámite registral, tendría una lógica cabida en los trámites registrales del automotor, no podemos dejar de apreciar los avances en otras áreas de gobierno, a nivel nacional, provincial y municipal y privado (sobretodo entidades financieras y organismos judiciales) como se puede valorar en informes bancarios, oficios judiciales, certificados registrales y catastrales inmobiliarios, y atención virtual en municipios.   

Dr. Eduardo Mascheroni Torrilla

Modalidad de presentación de trámites por Disposición D.N. Nº 342/17

Dr. Eduardo Mascheroni Torrilla
Dr. Eduardo Mascheroni Torrilla

El Dr. Eduardo Mascheroni Torrilla es colaborador de nuestras ediciones impresas y digitales desde 2009. Docente en cursos de capacitación de Mandatarios en todo el país, trata en este artículo las modificaciones introducidas por la Disposición D.N. Nº 342/17, que restringe la cantidad de presentaciones anuales que puede realizar la figura del “Mero Presentante”, realzando así la del Mandatario matriculado.

La norma citada en el título de la presente nota, introduce modificaciones de relevancia en cuanto a la figura el denominado “Mero Presentante”, en los trámites que se realizan ante los Registros Seccionales (y profesionaliza en forma decisiva a la del Mandatario del Automotor Matriculado ante la DNRPA, conforme a las previsiones del Capítulo XII, Sección 3ª, Título I del DNTR), en particular lo prescripto en el Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor Título I, Capítulo II, Sección 1°, en alusión a los requisitos formales para la presentación y recepción de la Solicitudes Tipo a través de las cuales se

Acceso a la Disposición D.N. Nº 342/17

instrumentan los trámites que se peticionan ante aquellos. Así, el artículo 3° de la normativa citada refiere, a la identificación de los presentantes y, en su inciso a), establece expresamente que: “ (…) si se tratare de un mero presentante, deberá indicarse tal carácter en el Formulario y se completarán los datos requeridos. La firma deberá ser certificada por el Encargado del Registro Seccional interviniente y de presentarse más de un trámite en forma simultánea y respecto de un mismo dominio, deberá presentarse un solo Formulario ´59´, en el cual se indicarán todos los trámites que se presentan”.
Conforme a ello, y lo normado en el Régimen Jurídico del Automotor (Decreto-Ley N° 6582/58 -ratificado por Ley N° 14.467-,T.O. Decreto N° 1114/97 y sus modificatorias), que en su artículo 13º sienta el principio de rogación traducido en instar la actividad registral, refiriendo a que “ (…) Los pedidos de inscripción o anotación en el Registro, y en general los trámites que se realicen ante él, sólo podrán efectuarse mediante la utilización de las solicitudes tipo que determine el Organismo de Aplicación, el que fijará su contenido y demás requisitos de validez (…)” y luego aclara que “(…) Si las solicitudes tipo no se encontraren suscriptas por las partes o por sus representantes legales, el apoderado interviniente deberá acreditar su personería mediante mandato otorgado por escritura pública.

Acceso a Panorama N° 39

Los mandatos para hacer transferencias de automotores, o para realizar trámites o formular peticiones ante el Registro o el Organismo de Aplicación, caducarán a los NOVENTA (90) días de su otorgamiento, excepto cuando las facultades aludidas estén contenidas en poderes generales o se tratare de poderes para interponer recursos administrativos o judiciales (…)”. Entonces, dichas normas, indican la modalidad de las presentaciones de los trámites mediante el uso de Solicitudes Tipo y, además, a los facultados a peticionarlos.
En el año 2016 y 2017 con el “Plan de Modernización del Estado”, entre cuyos objetivos se encuentra la constitución de una “Administración Pública al servicio del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios, a partir del diseño de organizaciones flexibles orientadas a la gestión por resultados”, habiendo la DNRPACP, incorporado tecnologías de la información y de las comunicaciones, simplificando procedimientos, propiciando reingenierías de procesos y ofreciendo al ciudadano la posibilidad de mejorar el acceso por medios electrónicos a la información entre otras cosas, con la implementación de medidas como un sistema de turnos a través de la página web y la puesta en vigencia del Sistema de Trámites Electrónicos (SITE) para la gestión de trámites, o permitiendo abonar los aranceles correspondientes mediante el uso de sistemas de pagos electrónicos. Con ese objetivo también se dictó la Disposición D.N. Nº 469/16 (Ver Aquí) , en miras de mejorar la gestión pública, en términos de calidad y eficiencia, a partir de la jerarquización de las tareas que cumplen los Mandatarios matriculados en el Registro de Mandatarios de la Dirección Nacional, con el objeto de asegurar un servicio de excelencia, especialmente en lo que hace al público usuario.
Los nuevos requisitos implementados a través de dicha norma, en definitiva pretenden realzar la figura del mandatario matriculado como un auxiliar calificado del sistema registral que coadyuve a agilizar las tramitaciones en las distintas sedes registrales siendo que para su matriculación deberá dar cuenta de haber adquirido un conocimiento suficiente tanto de la normativa técnico-registral como la usabilidad de las distintas herramientas informáticas de las que dispone el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor.
En este estado de cosas, la Dirección Nacional ha señalado que entiende necesario entroncar aquellos principios rectores acerca de la presentación de trámites con la profesionalización exigida a los mandatarios matriculados en especial considerando que la presentación en forma habitual de trámites por parte de personas no matriculadas y que se identifican mediante Formulario “59” como meros presentantes, desvirtuaría la finalidad prevista por las normas señaladas.
La experiencia recogida por el organismo central, según se afirma, por dicho organismo en los considerandos de la Disposición D.N. Nº 342/17, indica que, además, estas tramitaciones suelen tener deficiencias de fondo y de forma que terminan por entorpecer el trabajo de los Registros Seccionales en detrimento de la totalidad de los usuarios del sistema registral. Por ende, a los fines de mejorar la prestación del servicio en la sede de los Registros Seccionales agilizando los procesos administrativos vinculados con la atención de los usuarios, deviene oportuno establecer un límite razonable a la cantidad de trámites que pueden presentarse en calidad de “Meros Presentantes”.
Ello ha dado lugar al dictado de la Disposición de marras, que sustituye en el Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, el texto del inciso a) del artículo 3 de la Sección 1ª, Capítulo II, Título I, por el que se indica a continuación:
“a) Si se tratare de un mero presentante, deberá indicarse tal carácter en el Formulario y se completarán los datos requeridos. La firma deberá ser certificada por el Encargado del Registro Seccional interviniente. De presentarse más de un trámite en forma simultánea y respecto de un mismo dominio, deberá presentarse un solo Formulario “59”, en el cual se indicarán todos los trámites involucrados. Los meros presentantes podrán efectuar hasta QUINCE (15) presentaciones por año
calendario, en todos los Registros Seccionales del país, en todas sus competencias. Se estipula además que desde la entrada en vigencia de estas modificaciones introducidas a través de la DN 342/17 y hasta el 31 de diciembre de 2017, la gestión de trámites en los términos del inciso a), artículo 3, Sección 1ª, Capítulo II, Título I del Digesto de Normas Técnico- Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor no podrá exceder de SEIS (6) presentaciones por mero presentante. Cabe destacar que en el momento de la admisión del trámite de que se trate, el Encargado del Registro Seccional deberá controlar en el Sistema Único de Registración de Automotores “SURA” que no se hayan superado los límites establecidos (es decir quince y seis, como se menciona en los párrafos precedentes).
Una vez que fuera hecho el referido control y que se hubiese dado formal ingreso al trámite en cuestión, se deberá ingresar en el aludido sistema
informático, los datos del mero presentante, a los efectos de contabilizar la petición como tal. Y los Registros Seccionales no podrán dar formal ingreso a peticiones que fueran efectuadas por meros presentantes, cuando éstos hayan superado los límites establecidos.
Atento a que ello deviene en una necesaria mayor participación de los Mandatarios del Automotor como idóneos en la materia, se ha dispuesto la publicación de los datos de los mismos que permitan a los usuarios contratar sus servicios, a cuyo efecto, los mismos estarán volcados en la web de la Dirección Nacional, informado al usuario que los matriculados cuentan con la adecuada formación, reválidas de la matrícula, cursos de actualización de conocimientos anuales aprobados y adeudados por año calendario, sanciones disciplinarias, suspensiones, cancelación de la matrícula, así como todo otro antecedente o dato que se considere de interés público para el correcto desempeño de la actividad.
Estas previsiones, tienen vigencia desde el 23 de octubre de 2017.

El Libro de Quejas Digital

Dr. Eduardo Mascheroni Torrilla

Colaborador permanente de nuestras ediciones impresas y digitales, el Dr. Eduardo Mascheroni Torrilla, docente en cursos de capacitación de Mandatarios en todo el país, trata en este artículo el nuevo Libro de Quejas Digital implementado en el marco del proceso de modernización tecnológica que se está llevando a cabo en la D.N.R.P.A.

Por Disposición  D.N. N° 202/17 (ver aquí) de la DNRPA, desde el mes de junio  de 2017, se ha suplido el Libro de  Quejas en formato manual, vigente por disposiciones del R.I.N.O.F. (Capítulo V, Sección 3a, Artículo 2º), desde larga data, en los Registros Seccionales de la propiedad automotor, por un Libro de Quejas digital, en consonancia con la implementación de nuevas tecnologías por parte del órgano de aplicación del R.J.A. y al objeto de facilitar la interposición de reclamos por parte de usuarios y en particular los Mandatarios del automotor, ante acciones de los Registros que pretendan impugnar, sin llegar al recurso registral previsto en el artículo Nº 16 y subsiguientes del Decreto Nº 335/88.

Quejas en las cuales la intervención de la Dirección Nacional no será a posteriori de su interposición ante el Registro y el descargo de esta, sino previa, y el organismo central evaluará si cabe o no requerir el descargo al Seccional.

La nueva modalidad tiene fundamento en el artículo 7° de dicho Régimen, que establece la competencia de la Dirección Nacional en la materia, y el artículo 2°, inciso c), de su Decreto reglamentario N° 335/88 que le asigna competencia para dictar las normas administrativas atinentes a la  organización y funcionamiento de los Registros Seccionales que de ella dependen.

Más cuando, se han adoptado  nuevas tecnologías, con el objeto de expandir la capacidad de almacenamiento y gestión de los archivos  de los órganos registrales del automotor.

Y como  el volumen de documentos dificulta la buena administración de los espacios necesarios destinados al archivo, así como también la eficiente búsqueda y gestión de los instrumentos archivados, se considera que la interposición de quejas por vía electrónica, redundará en beneficio del público usuario, ya que la queja o sugerencia podrá efectuarse en el propio ámbito del Registro Seccional utilizando la terminal informática con conexión a internet que el mismo debe poseer en su sede (conforme Circular D.N. N° 17/16), o en cualquier otra a su elección en el momento que considere oportuno realizarla.

Por ello, se sustituye el Libro de Quejas y Sugerencias previsto en el artículo 2° de la sección 3ª, del Capítulo V  del RINOF por otro de carácter digital que se denominará Libro Digital de Quejas y Sugerencias para cumplir acabadamente con las previsiones antes mencionadas.

La Disposición D.N. N° 202/17

Transcribimos la norma sustituida para mejor ilustración:

“Artículo 2°.- Libro Digital de Quejas y Manifestaciones: Los Registros Seccionales deberán comunicar al público usuario que se encuentra a disposición de los mismos el Libro Digital de Quejas y  Manifestaciones al que podrán acceder ingresando al sitio www.dnrpa.gov.ar –indicándolo en la cartelera de conformidad con lo previsto en la Disposición D.N. N° 93/17“.

“El usuario deberá asentar la queja o manifestación con los datos requeridos a tal fin para su registro el que será recepcionado por el Departamento Calidad de Gestión, que valorará la procedencia de solicitarle descargo al Encargado Titular o Interventor del Seccional denunciado, en cuyo caso el Encargado Titular o  Interventor deberá, en un plazo no mayor de VEINTICUATRO (24) horas, efectuar el descargo por la misma vía, escaneando si así lo solicitare el Departamento Calidad de Gestión o a consideración del propio  requerido la documentación que estime corresponder”.

Con posterioridad,  se dictó la Circular del Departamento Control  de Gestión N°  003 /17 (Ver aquí), dando instrucciones precisas sobre la modalidad de aplicación del procedimiento implementado y mencionado.

Allí se indica que el interesado en formular una queja debe ingresar a la web oficial de la Dirección Nacional, en la solapa de asesoramiento, quejas y sugerencias y luego dirigirse al libro digital de quejas, donde realizará la misma, completando los campos allí  indicados. Dicha queja es recepcionada por el Departamento Calidad de Gestión que evaluará su procedencia dentro de las 24 hs y en caso afirmativo, remitirá la misma  al Seccional correspondiente, para que formule su descargo. Corresponderá que el quejoso adjunte escaneada la documentación probatoria de la queja.

Bajo esta  modalidad, en definitiva se pretende agilizar el procedimiento, evitar las posibles tensiones de formular la queja directamente por el usuario en el Seccional y que sea la Dirección Nacional quien evalúe la pertinencia o no de la misma, en primer término, y dando curso a ella, de entenderla fundada, adecuando el proceso a las nuevas tecnologías incorporadas por el órgano de aplicación del régimen jurídico del automotor.

Comunicación por Mail a los Usuarios desde el Registro Seccional

El Dr. Eduardo Mascheroni Torrilla, el más prolífico columnista de Panorama, nos acerca su publicación de octubre, referida a las comunicaciones por e-mail que los usuarios reciben de la resolución de trámites en los Registros Seccionales.

Desde el mes de agosto de 2017,  los usuarios de un trámite registral relacionado con un automotor (en particular, inscripción de Transferencias), reciben un correo electrónico comunicándole el resultado del trámite, la que alcanza no sólo al peticionario del trámite, generalmente el adquirente del rodado, sino también al transmitente, lo que importa desvincularlo en forma definitiva en el plano formal, de responsabilidad civil, fiscal o contravencional por la propiedad del bien, aplicando el artículo Nº 27 del RJA.

En consecuencia, amén de la información sobre el resultado del trámite que se obtiene concurriendo (él o su representante, mandatario, abogado, escribano)  al Registro Seccional dentro de las 24 a 48 hs de presentado el mismo (artículo Nº 31,  Sección 1ª, Capítulo II, Título II del DNTR en consonancia con artículos Nºs 14 y 15 del RJA), o la comunicación que se puede apreciar en la web de la DNRPA,  de acuerdo a la Disposición  DN  Nº 47/16 (Ver Aquí la Nota Previa),  ingresando a estado de trámite,  es factible ya contar con esa información oficial por vía electrónica.

Lo cual importa, sin duda alguna, un beneficio significativo para los usuarios, al poder tomar conocimiento fehaciente de la resolución del trámite registral emprendido en el Registro Seccional.

Todo ello, en conformidad con las Disposiciones DN Nº 5/17  (hoy derogada por haber sido absorbida por las disposiciones ulteriores que citamos, Nºs  316 y 317/17) que dispone comunicar al titular registral denunciante de una venta, sobre la emisión de la prohibición de circular del automotor, ante la frustración de la transferencia intimada por la denuncia de venta (artículo Nº 27 RJA y Capítulo IV, Sección 1ª, Título II DNTR),  y  N° 316  y 317/17, que enuncian la obligatoriedad de incluir en todo trámite registral como dato del peticionario, su correo electrónico, y en el caso de las transferencias, también el del transmitente, excepto que se hubiera denunciado antes y obrare en el legajo (de una transferencia anterior), acompañadas de la rectificatoria Disposición D.N. Nº 341/17 y Circular interpretativa D.N. Nº 30/17.

En la Disposición D.N- 316/17, en  efecto, se indica que por su similar Nº 5/17, se introdujeron modificaciones relacionadas con el trámite de Denuncia de Venta , indicando expresamente que una vez que se decretará la prohibición de circular “(…) Esta circunstancia, además, se comunicará al titular registral por medio de un correo electrónico que enviará de manera automática el Sistema Único de Registración de Automotores (SURA. (…)”.

Que dicha medida tuvo como objeto que quien efectuara una comunicación de venta tuviera conocimiento de que su automotor aún no fue transferido y que sobre el mismo pesa una prohibición de circular, ya que en muchas ocasiones “(..) se ven involucrados en reclamos vinculados con el impuesto a la radicación o patente,  o  infracciones de tránsito o de cualquier otra índole respecto de un automotor del que se ha desprendido, sobre el cual efectuó la comunicación de venta y que presumía registrado a nombre de un tercero”,  sin olvidar la responsabilidad civil  por accidentes de tránsito o penal por uso ilícito del automotor.

La  DNRPA ha considerado, que la experiencia recogida a partir de la entrada en vigencia de la modificación normativa aludida ha sido satisfactoria, por ende, entiende oportuno extender esa comunicación por correo electrónico a todas aquellas personas que participan en un acto de transferencia de dominio en carácter de vendedores.

Que de esa manera, quienes enajenan un automotor son informados en forma inmediata de la inscripción registral del bien en cabeza de un tercero. Lo que permiten  los avances tecnológicos en los sistemas operativos que utilizan los Registros Seccionales,  por comunicaciones de manera automática y sistémica, sin costo operativo alguno para la sede registral.

Así, en ocasión de inscribirse un trámite transferencia de dominio, el Sistema Único de Registración de Automotores (SURA) procede a remitir a la parte vendedora un correo electrónico por el que comunicará la formalización de la transmisión de dominio. La comunicación es remitida a la casilla de correo electrónico del vendedor, que surja de las constancias registrales.

En su caso, en oportunidad de peticionarse el trámite de transferencia de dominio el disponente podrá actualizar el dato referido a su dirección de correo  electrónico, mediante nota simple presentada ante el Registro Seccional interviniente. Esta medida, entró en vigencia el 8 de agosto de 2017.

Por su parte, analizamos la Disposición D.N. Nº  317/17,  destacando que esta norma alude a modificaciones en el Capítulo I y  IV, Título I del DNTR sobre la identificación de los usuarios del régimen registral del automotor, en particular, en cuanto las personas humanas además de brindar sus datos de identidad y el documento de identidad, corresponde que consignen la dirección del correo electrónico en forma obligatoria cuando revistan como titular registral. De no disponer la Solicitud Tipo de un espacio al efecto, en observaciones de la misma.

Igual obligación para las personas jurídicas, lo que hará saber el representante legal de la misma, y aunque no queda suficientemente  precisado a nuestro juicio, las personas jurídicas públicas consigan solo su denominación, no expresando la normativa reformada, la obligación de incluir la dirección de correo electrónico.

Esta información es cargada luego en el SURA por el Registro Seccional interviniente, la norma en cuestión rige también desde el 8 de agosto de 2017.

El fundamento de esta medida, tiene asidero en las técnicas empleadas por la Dirección Nacional,  para comunicar el estado del trámite registral a los usuarios y reconoce su antecedente en la obligación de consignar dicho dato (e mail) en  las declaraciones juradas de control de  lavado de dinero estipuladas por la  Unidad de Información Financiera y establecidas en  las Disposiciones D.N. Nºs 293/12,  446/13 y concordantes.

Acceso directo a la Circular D.N. Nº 30/17

Finalmente,  la interpretación de su aplicación está contenida  en la  Circular D.N. N° 30/17,  donde se expone, que respecto a la obligación de insertar  la dirección de e mail, se debe estar a lo siguiente:

1. Trámite de Transferencia: en todos los trámites de transferencia ambas partes (vendedora y compradora)  deberán consignar su correo electrónico siempre que las respectivas firmas hubiesen sido certificadas con  posterioridad al día 8 de agosto de 2017 (fecha de vigencia de las D.N. Nºs 316  y 317/17) . En caso de que la fecha de certificación de firmas no sea la misma para ambas partes, se deberá exigir el dato del correo electrónico a aquella parte cuya firma se haya certificado en una fecha posterior a la antes aludida.

Ahora bien, si el correo electrónico de la parte vendedora ya figura en el Legajo B del dominio, podrá  tenerse por cumplimentado ese requisito.

Si existe una transferencia observada con anterioridad a la entrada en vigencia de las citadas normas, de subsanarse la observación con posterioridad al plazo de validez de los aranceles (90  días) deberá exigirse el correo electrónico que corresponda.

2. Inscripción Inicial: si bien un automotor cuyo dominio no se encuentra inscripto no posee un titular registral, quien peticiona la inscripción a su nombre (y va a revestir aquel carácter al formalizarse el acto -al igual que sucede en el caso del adquirente en las transferencias-) es quien debe consignar su dirección de correo electrónico.

3. Denuncia de Venta: el D.N.T.R., Título II, Capítulo IV, Sección 1ª, artículo 2°, inciso b), establece que el  titular registral consignará su dirección de correo electrónico “(…) de contar con ella (…)”. No obstante ello, al modificarse la norma de carácter general (artículos 8° y 9° del D.N.T.R., Título I, Capítulo I, Sección 2°), el criterio plasmado debe primar en todos los trámites, por lo que resulta obligatorio consignarlo para quien peticiona la denuncia de venta.

En otro orden, cabe resaltar que para todos los trámites es responsabilidad del Encargado y propio de su  función, el control de los recaudos normativos exigidos para cada caso. En ese marco, deberán observarse  aquellas peticiones en las que el correo electrónico informado sea ostensiblemente una dirección no válida (Ej. noposee@notiene.com). Asimismo en caso de que el usuario manifieste no contar con un correo  electrónico a su nombre, bajo su responsabilidad deberá consignar igualmente algún correo electrónico de contacto, ya sea a su nombre o el de un familiar o persona de su confianza, siendo motivo de observación  que se declare no tener correo electrónico.

Es dable señalar en esta oportunidad que el dato de correo electrónico que debe requerirse en virtud de las  disposiciones antes referidas, deberá ser cargado en el sistema SURA en el campo previsto para ello.

4.- La Dirección Nacional destaca a los usuarios que la obligatoriedad de esta medida tiene por objeto brindar un nuevo y gratuito servicio a los titulares de dominio, a partir del envío de información relacionada con la situación registral de los automotores registrados a su nombre, así como cumplir con las encuestas de satisfacción que disponga el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En definitiva, en las Solicitudes Tipo, particularmente en Inscripciones Iniciales, Transferencias y Denuncias de Venta, deben consignarse en forma obligatoria el correo electrónico de titular registral, aunque el mismo indique no poseerlo, recurriendo en tal caso al de allegados.

Todo ello, con el propósito de que el titular registral conozca el resultado de dichos trámites, esto es la inscripción, la cesión de dominio o bien si no prosperó la Denuncia de Venta y se ordenó la prohibición de circular del bien del cual el titular se desapoderó y por el cual realiza la Denuncia de Venta.

Dr. Eduardo Mascheroni Torrilla

“Edu-Car”, la página Web del Dr. Eduardo Mascheroni

Usucapión de Automotores: 3ª Parte

Dr. Eduardo Mascheroni Torrilla

El Dr. Eduardo Mascheroni Torrilla, docente en cursos de Capacitación de Mandatarios en todo el país, analiza en este artículo la Usucapión de Automotores, temática que -por la repercusión recibida de las publicaciones anteriores- atañe a una importante porción del sector automotor de nuestro país. Vaya a continuación entonces la tercera aproximación del autor hacia ello, con los pertinentes Links (al pie de esta nota) a sus dos escritos previos.

“En anteriores entregas de Panorama Registral, abordamos la cuestión relacionada con la usucapión de automotores en el nuevo Código Civil y Comercial, en su artículo Nº 1899, contemplando la posibilidad de adquirir mediante juicio de usucapión o prescripción adquisitiva por el paso del tiempo, un automotor comprado por:

– boleto de compraventa al titular registral o cesionarios sucesivos,

– acreditando la existencia de dichos documentos,

-que los mismos datan de 10 años o más,

– y buena fe en la adquisición.

Puntualizamos allí, que un período de prescripción adquisitiva larga sin justo título ni buena fe, esto es sin  boleto, podía considerarse, ya extendido a 20 años, conforme a la primera parte del artículo Nº 1899, pero no parecía lógico dada la vida útil del automotor, sin desconocer que en nuestro país circulan automotores de hasta  50 años de antigüedad, y que el promedio de edad del parque automotor, conforme estadísticas fiables es de 26 años, a este año 2017.

A dos años de la implementación de dicha norma, consideramos atinado analizar la situación actual, a la luz de la doctrina sobre la  prescripción adquisitiva para muebles.

Señalemos que, en la prescripción, el Código del 2015 no ha sido tan innovador, en algunos aspectos. Ha mantenido los plazos según sea la condición para la adquisición del derecho, es decir corta o larga, significando esto que si es corta se exige el justo título y la posesión ininterrumpida por diez años o sólo posesión, ininterrumpida por el lapso de veinte años (prescripción larga).

Pero por otro lado, ha producido un cambio al incluir la traba de la Litis y su inscripción en el Registro de la Propiedad y el no reconocimiento de la retroactividad de la sentencia que otorga el derecho al inicio de la posesión, sino la posesión como objeto de prueba, esto es, comienza  la propiedad desde la sentencia y no desde la demanda o el inicio de posesión allí denunciado, sino desde el momento en que el juez indique  que se comenzó a poseer.

La innovación alcanzó a los  muebles en cuanto  a la disparidad de plazos, cuando se trata de prescripción adquisitiva, según haya o no buena fe. Sobre estas situaciones  apreciamos, el plazo introducido de veinte años para supuesto de solo posesión ininterrumpida, continua y ostensible. Este plazo, se manifiesta como desmedido frente a los otros plazos de prescripción para objetos muebles (dos años con emplazamiento registral y 10 años con buena fe y boleto de compraventa,  el 1899  ya señalado)  y excesivo el criterio adoptado por el legislador de emparejar la condición con los inmuebles en igual supuesto.

Dra. Elena Highton de Nolasco

La Dra. Elena Highton (vicepresidenta de la Corte Suprema de la Nación), ha manifestado que en la prescripción para adquirir  la innovación, con el artículo 1905, es la obligatoriedad al inicio del juicio de prescripción, más precisamente con la resolución de traslado de demanda o excepción de prescripción adquisitiva, que el juez debe ordenar de oficio la anotación de litis, a fin de dar publicidad a terceros de la pretensión en curso. De esta forma se protege el potencial derecho del tercero, pues el conocimiento del tercero, se efectúa en forma previa y no post sentencia o juicio.

La autora señala, en la prescripción declarativa larga que el derecho como tal, se acredita a partir de la sentencia declarativa de prescripción que obtenga el carácter de firme.

Y  remarca una diferencia importante con la prescripción adquisitiva breve; en ésta modalidad debe existir justo título y posesión continua, ininterrumpida y ostensible y el efecto de la sentencia firme se retrotrae al comienzo de la posesión, que el título defectuoso (justo título) habilitó a poseer con el formulario  08, o boleta de compraventa automotor. Entonces, en el caso de automotores, al iniciar un juicio e usucapión basado en el Boleto de Compra Venta, la sentencia retrotrae la posesión a la fecha del boleto. Y  en la prescripción larga, adhiere Highton a la tesitura que el reclamante obtiene el derecho a partir de la sentencia firme.

Asimismo,  si se cumple con la condición de buena fe posesoria, es decir la cosa mueble es adquirida de buena fe, no es perdida, ni hurtada y adquirida a título oneroso, y transcurrieron dos años de la inscripción registral en automotores, la adquisición es plena.

Distinto es el camino cuando se quiere prescribir el derecho de adquisición, a pesar de ser conseguida la cosa a título oneroso y de buena fe, pero la cosa era hurtada o perdida. Para resolver este supuesto,  el Código Civil y Comercial ha prescripto que cumplido el plazo de dos años, con solo cumplir con la condición de buena fe y posesión ininterrumpida, continua y ostensible, se adquiere la propiedad, si  el adquirente  desconocía  (buena fe) que la cosa es mal habida (artículo Nº 2254  coincidente con los artículos Nº 3 y Nº 4 del  RJA).

Otra novedad legislativa introducida ha sido no considerar el requisito “a título oneroso”, ya que la nueva norma, no dejan dudas de que la adquisición por justo título puede tratarse tanto de título oneroso como gratuito (artículos 1895 y 1898).

Y  respecto a la  primera parte del artículo 1899 nos remite al reclamo sobre una prescripción por la cual el usucapiente no posee, ni justo título, ni buena fe. La solución al supuesto, ha sido para el legislador establecer al usucapiente la condición de poseer la cosa por el lapso de veinte años. No puede invocarse contra el adquirente la falta o nulidad del título o de su inscripción, ni la mala fe de su posesión.

La norma no distingue entre inmuebles y muebles, y respecto a estos últimos no distingue los registrables de los no registrables, pero hace hincapié en la posesión continua, ininterrumpida y ostensible, por el lapso de veinte años.

Y como expusimos en  los artículos anteriores  publicados en Panorama Registral, también adquiere el derecho real el que posee durante diez años una cosa mueble registrable, no hurtada ni perdida, que no inscribe a su nombre pero la recibe del titular registral o de su cesionario sucesivo, siempre que los elementos identificatorios que se prevén en el respectivo régimen especial sean coincidentes (artículo 1899 in fine).

La Dra. Mariani de Vidal

Y  veamos lo que dice la Dra. Mariani  de Vidal (Diploma de Oro en la Facultad de Derecho de la U.B.A, docente de Derecho Real en la casa de estudios) al respecto: esta autora distingue a quien recibió el automóvil de manos del verdadero propietario, titular registral o de una cadena regular y sucesiva de trasmisiones que arrancan con él. El primer supuesto refiere a la adquisición del vehículo y el título, pero no se ha realizado la trasmisión e inscripción del título (inscripción en el registro automotor correspondiente). El segundo supuesto se configura con una cadena de trasmisiones de la cosa y el título, pero ninguno lo inscribe a su nombre.

Es bueno, que en el nuevo código se plasmara dicha realidad y que el legislador se hiciera cargo de normar el vacío legal que por tanto tiempo ha traído conflictos y se han buscado parches (denuncia de venta ), sin que se resolviera el problema de fondo, pero es criticable el plazo exigido, por ser desmedido en virtud de la naturaleza de la cosa, su natural desgaste y desvalorización.

Los requisitos para que funcione la norma, además de la posesión y el tiempo, son: 1) que se trate de una cosa mueble registrable;  2) que la misma no sea ni hurtada, ni perdida; 3) que la cosa haya sido recibida del titular registral, o de su cesionario sucesivo. Es decir debe demostrarse que fue quien figuraba inscripto en el Registro el que entregó la posesión de la cosa al adquirente, o bien que el mismo llegó a su posesión a través de una cadena ininterrumpida de instrumentos que remontan al titular registral; 4) que los elementos identificatorios sean coincidentes.

Debe coincidir lo inscripto, lo que se dice que se transmite en los instrumentos respectivos, y las identificaciones obrantes en la cosa que se posee. Por supuesto que para la identificación en los instrumentos basta con la individualización suficiente de la cosa (v. gr. número de dominio), si no tuviere otra especificación, pero en materia de registro  automotor, la coincidencia deberá ser plena en todos y contar con cada uno de los elementos identificatorios.

Y en esto, se diferencia de los artículos 3º y 4º del Régimen Jurídico del Automotor, y el artículo Nº 2254 del propio Código Civil y Comercial,  que requiere solo un plazo de dos años, para validar la adquisición por prescripción de bienes muebles registrables adquiridos de buena fe.

Recordemos que el dominio automotor nace con la inscripción constitutiva originaria en el Registro del Automotor respectivo; y solo a partir de ese momento se producen los efectos de la transmisión entre las partes.

La posesión sola del automotor como bien mueble registrable no basta a los efectos de invocar su propiedad plena. La jurisprudencia desde el año 1976 ha confirmado lo expuesto, pero el problema legal y práctico que se suscitó entre lo registral y lo realmente posesorio, con el consiguiente debate acerca de la posibilidad de acceder a la prescripción adquisitiva de automotores sea de buena o mala fe, inscriptos o no, dio cabida a la discusión y reforma del Código Civil y Comercial, según afirma la doctrina.

Dr. Eduardo Molina Quiroga

El verdadero cambio del Código Civil y Comercial es con respecto a la usucapión de los automotores «no inscriptos» a nombre del poseedor. El artículo Nº 1899, sobre prescripción adquisitiva larga, dice que «si no existe justo título o buena fe, el plazo es de 20 (veinte) años. No puede invocarse contra el adquirente la falta o nulidad del título o de su inscripción, ni la mala fe de su posesión». Y en esta parte, la innovación es que agrega la propuesta que había formulado el profesor Dr. Eduardo Molina Quiroga en la comisión de Derechos Reales de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil de Tucumán (2011) diciendo esto: «También adquiere el derecho real el que posee durante 10 (diez) años una cosa mueble registrable, no hurtada ni perdida, que no inscribe a su nombre pero la recibe del titular registral o de su cesionario sucesivo, siempre que los elementos identificatorios que se prevén en el respectivo régimen especial sean coincidentes».

El artículo Nº 1900, establece como requisito que «la posesión para prescribir debe ser ostensible y continua». Y en el artículo Nº 1902 sobre «justo título y buena fe», «Cuando se trata de cosas registrables, la buena fe requiere el examen previo de la documentación y constancias registrales, así como el cumplimiento de los actos de verificación pertinente establecidos en el respectivo régimen especial».

Al respecto, cabe destacar el fallo señero de la Cámara Federal de Mendoza -Sala B- 29/7/96, (LL, 1998-B-895), que resolvió lo siguiente: «La exigencia de análisis de la documentación del automotor ha sido destacada diciendo que, si bien en todo nuestro país puede verse a particulares que venden automotores sin ser concesionarios ni agencias de compraventa, ello no quita que cuando un comprador de buena fe desea adquirir a un desconocido de él un automóvil, además de fijarse en el precio y estado del mismo, necesariamente debe requerir todos los “papeles” en regla y exigir el formulario “08” con la firma autenticada del vendedor -como mínimo- y, si existe algún motivo para dudar, lo lógico es que se abstenga de adquirir ese bien y busque otro similar o que refuerce sus precauciones, por ejemplo, haciendo una averiguación en el Registro Nacional del Automotor»; y el de la Cámara Federal Civil y Comercial de Capital Federal -Sala II- 24/8/04, LL 2005-A-273: «…no puede alegar la existencia de buena fe quien no solo omitió la realización de la verificación física del rodado, donde hubiera descubierto la adulteración de su numeración, sino que tampoco realizó la verificación jurídica (exhibición del título del automotor y de la cédula de identificación), motivo por lo cual no puede alegar la requerida buena fe al derivar el error de su propia negligencia».

Y llegando aún más lejos en la observación de los plazos, como decimos  supra, se sostiene que el Código Civil y Comercial también pone sobre el tapete algunas novedades importantes relacionadas con los automotores, que se encuentran en el artículo 2254, donde dice lo siguiente: «No son reivindicables los automotores inscriptos de buena fe, a menos que sean hurtados o robados. Tampoco son reivindicables los automotores hurtados o robados inscriptos y poseídos de buena fe durante 2 (dos) años, siempre que exista identidad entre el asiento registral y los códigos de identificación estampados en chasis y motor del vehículo».

Si bien en la primera parte del artículo reproduce -en forma abreviada- lo que disponen los artículos 2º, 3º y 4º del Régimen Jurídico del Automotor, agrega la exigencia de que «coincidan» los códigos identificatorios estampados en «chasis y motor del vehículo», que es precisamente lo que se constata en la ya referida verificación antes de cada transferencia de dominio automotor.

Así, de esta forma, se impiden las maniobras defraudadoras de los «autos mellizos», que logran emplazamiento registral con la falsificación de verificaciones y certificaciones de firma, actuaciones ambas que se llevan a cabo fuera del ámbito del Registro del Automotor y lamentablemente, muchas veces no son fáciles de detectar al momento de procesar la registración.

Como acotación, la doctrina en materia de automotores, anterior al Código Civil y Comercial (Alterini)  señalaba que, si el rodado, no robado ni hurtado, hubiera sido adquirido a título oneroso la inscripción habría hecho adquirir el dominio (art. 2º del régimen automotor) y si el mismo automotor fuera robado o hurtado e inscripto y poseído de buena fe, ya sea que la adquisición fuera onerosa o gratuita, a los dos años se habría operado la usucapión (artículo 4º del Régimen Jurídico del Automotor) entendió que la hipótesis de automotor no robado ni hurtado adquirido a título gratuito, donde la situación es de menor entidad que en el caso de un automotor robado o perdido, la adquisición a título gratuito obsta a que funcione el artículo 2º de la ley de automotores, pero es aplicable en cambio la usucapión del artículo 4º del Régimen Automotor. Todas estas normas se encuentran vigentes por lo que la interpretación se mantiene.

Claudio Kiper, Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, ha aportado sobre el tema algunas consideraciones más. Respecto a las cosas muebles, el Código de Vélez Sarsfield era restrictivo. Por un lado no todos los objetos muebles eran susceptibles de ser alcanzado por la aplicación del instituto de la prescripción y por otro el principio de buena fe era rector en el proceso. Los vientos de cambio se han hecho presente en el contenido del artículo Nº 1899, donde se admite la mala fe y esta se purga con la opción de la prescripción larga.

Pero, critica la postura adoptada por el artículo Nº 1899, pues no guarda relación la condición impuesta como prescripción larga para los inmuebles y los muebles. En los inmuebles es el doble del plazo requerido para la prescripción corta. Significa entonces que el actor que aduce el pedido de prescripción adquisitiva deberá mantener la posesión de la cosa por el lapso de 20 años. En el caso de los muebles, si hay buena fe el lapso que se requiere es de dos años, en cambio si no hay buena fe, la condición no se duplica sino que se lleva a 20 años, emparejando con el mismo requerimiento de los inmuebles. Por ello si un actor que desea llevar a cabo una prescripción adquisitiva sobre automotor en donde la posesión es atribuida de mala fe deberá cumplir con el lapso de 20 años en mantener la cosa bajo su ámbito posesorio.

El artículo 1899 en su última parte resulta innovador  cuando  resalta que respecto de las cosas muebles registrables no existe la buena fe sin inscripción a favor de quién la invoca.

Tampoco aunque haya inscripción a favor de quien la invoca, si el Régimen Jurídico del Automotor prevé la existencia de elementos identificatorios de la cosa registrable y éstos no son coincidentes (refiere a la inscripción de la numeración de chasis y motor en los automotores y estos no pueden diferir con los que se encuentran grabados en el vehículo).

Ahora bien, para este supuesto de prescripción de cosas muebles registrables en el que opera la mala fe, que ¿plazo se aplica? Debemos remarcar que el supuesto es más común de lo pensado, en los automotores. La respuesta hay que encontrarla en que para estos casos, a pesar de los recaudos que la ley toma, la opción es recurrir a la prescripción larga, ya que el legislador omitió especificar objeto, ergo muebles e inmuebles son susceptibles de la misma, si cumplen con los requisitos, los poseedores podrán echar mano a la prescripción adquisitiva veinteñal. En suma si hay mala fe y la cosa mueble fue hurtada, robada o perdida, o se inscribió de mala fe, sólo queda el plazo de 20 años previsto en la primera parte, salvo que alguna norma especial disponga algo diferente.

Afirma el Dr. Claudio Kiper que la sentencia que declara la adquisición del dominio por usucapión es oponible desde la fecha de su inscripción en el Registro de la Propiedad de que se trate, pero como no se les escapa que entre el momento en que la adquisición se consuma por haberse operado el cumplimiento de plazo de prescripción y el de la registración de la sentencia puede mediar un prolongado lapso de tiempo durante el cual, el prescribiente, no obstante su adquisición, se pueda ver desprotegido por no contar aún con la inscripción del dominio a su nombre, sostiene que el interesado debe solicitar judicialmente, al promover la demanda o con carácter previo a ella, alguna medida cautelar (por ejemplo una prohibición de innovar o de contratar, una contracautela, entre otras), y se advierta a los terceros de la situación, en cuyo caso estos terceros, al tener la posibilidad de conocer registralmente el estado jurídico real del bien, no podrán invocar posteriormente su buena fe al pretender hacer valer sus derechos en contra del adquirente por usucapión.

En definitiva, el Nuevo Código Civil y Comercial ha traído muchos beneficios al ser un conjunto de normas modernas que han dado respuestas a las necesidades sociales y a la sociedad civil del siglo XXI.  Por lo tanto la doctrina acuerda las innovaciones introducidas en lo que refiere a prescripción adquisitiva , pues eran necesarias y largamente pedidas.

Sin embargo, en automotores, no todos creen razonable los plazos ni de diez, ni de veinte años para los supuestos aplicables para bienes muebles, pues ambos son excesivos considerando la naturaleza de la cosa. Si bien es cierto que a los supuestos que se aplica no cumplen con la condición básica de ser “adquiridos de buena fe y no ser robados ni perdidos”, que para mayor bienaventuranza de muchos se unificó en dos años (recordemos que el artículos 4016 bis del anterior código distinguía entre dos años para registrables y tres  para los no registrables), haber adoptado los plazos que se aplican a los inmuebles en sus dos formas de adquisición por prescripción adquisitiva, es no haber tomado conciencia de la finitud de un mueble.

Probablemente si la cosa es una joya la aplicación de un plazo de diez o de veinte años para otorgar el derecho, según el supuesto a considerar, no le pese. Pero si el objeto a aplicar la condición de plazo, es un automotor es muy diferente el efecto.

 Ya sea por la aplicación del plazo de diez o veinte en posesión, el vehículo automotor será un vehículo “viejo”, no abonará impuesto de patente, y su valor insignificante en el mercado. Recomendable sería revisar estos plazos y adecuarlos a la naturaleza del mueble, siendo de menor tiempo y en equivalencia a los dos años para el supuesto de buena fe. El plazo de cuatro años sería recomendable para el supuesto de justo título sin inscribir o boleto de compraventa y seis para el supuesto de solo posesión, continua, ininterrumpida y ostensible.

Links al: primer artículo de fecha 18/11/15  y segundo de fecha 20/9/16